Van a la carga contra la ley que traba la llegada de nuevos supermercados

Una propuesta impulsada desde el Concejo Municipal de Rosario reabre la discusión sobre el régimen que regula la instalación y funcionamiento de grandes superficies comerciales. La iniciativa, presentada por la concejal libertaria Sabrina Prence, plantea la derogación de la Ordenanza Nº 7.790 y la desvinculación de la ciudad de las restricciones que impone la Ley Provincial Nº 12.069.

La ordenanza en cuestión establece normas para la habilitación, instalación y funcionamiento de grandes superficies comerciales en Rosario. De este modo, define a las grandes superficies comerciales como establecimientos que superan los 1.200 metros cuadrados de superficie cubierta y establece requisitos adicionales para su funcionamiento, incluyendo la necesidad de un Certificado de Factibilidad Provincial emitido por el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe. Esto afecta a grandes cadenas, muchas afectadas por esta normativa y que no pudieron desembarcar en Rosario, como el caso de supermercados Día, el mayorista Yaguar, Farmacity, Carrefour con son formatos Express y Market, entre otros.

En diálogo con Punto biz, la concejal Prence, sostuvo “que las condiciones económicas y sociales cambiaron, y que las limitaciones vigentes obstaculizan el crecimiento del comercio, restringen inversiones y afectan la generación de empleo”. En esa línea, apuntó a que si esta normativa sigue vigente en la Ciudad de Rosario, cadenas internacionales que están llegando al país, como el caso de la deportiva Decathlon, no podrán hacer pie en el mercado rosarino. “Ya que siempre se les encontrará una traba para poder hacerlo”.

El nuevo proyecto busca que las grandes superficies sean habilitadas bajo los mismos procedimientos que rigen para cualquier otro tipo de comercio en Rosario, eliminando restricciones que —según la edil libertaria— restan dinamismo a la economía local. En los fundamentos, se destaca que la actual regulación limita la libertad de comercio, genera incertidumbre jurídica para comercios ya existentes que podrían estar en falta sin saberlo, y dificulta su expansión o la apertura de nuevas sucursales. Asimismo, se advierte que esta situación desalienta nuevas inversiones, tanto nacionales como extranjeras.

El proyecto apela directamente a principios constitucionales. Cita el artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a ejercer toda industria lícita, y el artículo 75 inciso 22, que otorga jerarquía constitucional a tratados internacionales que consagran derechos económicos y de libre comercio.

Desde esta perspectiva, se señala que la normativa vigente atenta contra estos derechos al imponer trabas burocráticas que no aplican a otros rubros, sin justificación adecuada en el contexto actual. La concejal autora del proyecto considera que es momento de diseñar un nuevo marco normativo, más equitativo y adaptado a las características propias de Rosario.

“La ciudad necesita reglas claras y parejas que fomenten la competencia y la inversión sin castigar a quienes tienen capacidad de crecer”, afirmó al presentar la propuesta, que ya fue girada a comisiones para su análisis.