Salen al cruce del proyecto que habilita el desembarco de grandes cadenas

El proyecto de la concejala libertaria Sabrina Prence para derogar la ordenanza Nº 7.790 —que regula la instalación y funcionamiento de grandes superficies comerciales en Rosario— reavivó un debate de alto voltaje económico y político. En una reunión de la Comisión de Producción y Promoción del Empleo, supermercadistas locales expresaron un firme rechazo a la iniciativa, por considerar que pone en riesgo la sostenibilidad del comercio de cercanía y favorece a grandes cadenas con alto poder de fuego.

La propuesta plantea eliminar los requisitos especiales que hoy rigen para la habilitación de locales de más de 1.200 metros cuadrados, como el Certificado de Factibilidad que otorga el Ministerio de Producción de Santa Fe, y establece que esas superficies sean tratadas como cualquier otro comercio. Incluso va más allá: en uno de sus artículos, propone que Rosario quede excluida del alcance de la Ley Provincial N°12.069, que también impone restricciones a estos formatos comerciales.

En representación de la Cámara de Supermercados de Rosario (Casar), su presidenta Verónica Solmi fue clara: “La situación no está fácil para el comercio ni para la sociedad. Necesitamos un canal de diálogo permanente. No se puede avanzar en una desregulación total sin escuchar a los actores del sector”. A su lado, Sergio Casinerio y Mauro Infante —también de Casar— y Luciano Di Santo, de la Cámara de Almacenes y Mayoristas de Rosario (Cadimro), advirtieron que permitir el ingreso irrestricto de grandes cadenas pondría en jaque a cientos de pymes y empleos locales.

“Hoy ya están todos los jugadores presentes en Rosario, hay competencia. Lo que no podemos permitir es una cancha desnivelada”, sostuvo Di Santo, en alusión al eventual ingreso de cadenas como Día, Carrefour Market, Yaguar o Decathlon, cuya llegada fue bloqueada en el pasado por las restricciones vigentes.

La ordenanza vigente —promulgada en 2004— establece un sistema de evaluación del impacto comercial, económico y urbano de estas grandes superficies. Su derogación, según los empresarios, dejaría al comercio local sin una herramienta clave para equilibrar el desarrollo económico.

Desde el oficialismo, la presidenta de la Comisión, Norma López (Justicia Social), recordó que el proyecto aún está en discusión y cuestionó su viabilidad legal: “Una ordenanza no puede derogar una ley. El artículo que propone desvincular a Rosario de la ley provincial no tiene sustento”. Además, advirtió que el tratamiento del tema debe considerar el impacto en la matriz productiva local.

Hernán Calatayud, concejal de Volver a Rosario, expresó matices: “Había que hacer en su momento la ordenanza. Hoy el escenario cambió y hay que tener algo moderno. Buscando proteger al rosarino, tenemos que competir, pero sin desproteger a quienes ya invierten en la ciudad”.

Desde el bloque Arriba Rosario, Mariano Roca cuestionó el abordaje del proyecto: “Un tema de esta relevancia no debería tratarse con liviandad. El articulado es pobre y sigue la línea desregulatoria del gobierno nacional. En el medio hay familias que dan empleo, y cambiar las reglas de juego puede perjudicarlas”.

Por su parte, la concejala Prence defendió su iniciativa en diálogo con Punto biz: “Las condiciones económicas cambiaron. Esta ordenanza obstaculiza el crecimiento, desalienta inversiones y pone trabas innecesarias. Rosario necesita reglas claras, parejas, que promuevan la inversión y la competencia”. En los fundamentos del proyecto, la edil cita los artículos 14 y 75 de la Constitución Nacional, que consagran la libertad de comercio y el derecho a ejercer toda industria lícita.

La discusión sobre el futuro de la regulación de grandes superficies seguirá en las comisiones de Planeamiento y Gobierno. Mientras tanto, los supermercadistas locales, que vienen atravesando una caída sostenida del consumo, seguirán dando pelea para que —según sus palabras— “la ciudad no quede librada a un modelo de concentración comercial que perjudique a los actores locales”.