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Negocios

🔒Cambio de planes

Se encamina un arreglo para evitar que el abogado Sebastián Farina termine en prisión

Se encamina un arreglo para evitar que el abogado Sebastián Farina termine en prisión.
Patricio Dobal

En medio de la audiencia de juicio oral, la defensa del acusado pidió hablar y el caso dio un giro.

Justo en la jornada en la que se esperaba la ronda de declaraciones de testigos de la defensa con la voz del único acusado incluida, los representantes legales del abogado Sebastián Farina, enjuiciado por estafa procesal, falsificación de documento y extorsión, exteriorizaron la intención de acceder a un procedimiento abreviado negociado con la Fiscalía y la querella.

El juicio oral y público contra Farina se inició hace algunas semanas con la declaración de Marcela Mónaco, la víctima central de la maniobra que ideó su ex pareja, el ya fallecido broker inmobiliario Aldo Vanzini. Fue ella quien presentó una denuncia penal cuando se vio acorralada ante una demanda de escrituración en el fuero civil y comercial donde invocando un boleto de compraventa que resultó ser falso, el empresario gastronómico Gabriel Solís -con el patrocinio de Farina- le reclamaba la mitad de un loteo ubicado en Granadero Baigorria que estaba a punto de ser aprobado.

Fue el fiscal Sebastián Narvaja quien pudo investigar el caso y verificó que el documento en cuestión había sido falsificado. Tal como viene contando Punto biz, en medio de una audiencia preliminar, Gabriel Solís se quebró y prendió el ventilador, planteando que había actuando bajo las órdenes del abogado Farina, quien a su vez había ejecutado el ardid por indicación de Vanzini, que quería perjudicar a su ex, que acababa de contraer matrimonio y a quien había tenido que cederle la mitad de la titularidad del loteo en la marco de la disolución de la sociedad de hecho que mantenían luego de un divorcio escandaloso.

Ahora bien, aunque el acuerdo está sujeto a ser aprobado por la jueza de Primera Instancia, Trinidad Chiabrera que viene presidiendo el juicio oral, en la audiencia de este lunes a la que asistió Punto biz, la magistrada pidió que el trámite se encuadre en el artículo 339 del Código de Procedimiento Penal. Es que aunque ya estaría encaminado el necesario entendimiento, en este caso es el fiscal Narvaja quien debe presentar el pedido de juicio abreviado ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) que luego debe fijar una audiencia especial para canalizar el requerimiento y evitar así el juicio oral ya iniciado.

La jueza hizo especial hincapié en que se respete el inciso 6 del artículo en cuestión, que indica que cuando el acuerdo versara sobre la aplicación de una pena superior a los seis años de prisión o se hubiese modificado la calificación legal en favor del imputado respecto de la utilizada en la audiencia imputativa, se requerirá, al menos, la firma del Fiscal Regional respectivo.

Vale recordar que Narvaja había solicitado para Farina el pedido de pena a 7 años de prisión, accesorias legales y costas, más $90.000 de multa e inhabilitación para el ejercicio profesional por el término de 7 años por la imputación de los delitos de estafa procesal, falsificación de documento y extorsión.

Para evitar la chance de quedar tras la rejas es que la defensa de Farina, resumida en la figura del penalista Walter Stramazzo, este lunes solicitó la palabra en el comienzo de la audiencia y exteriorizó la vía del procedimiento abreviado, para lo cual hizo falta que el acusado admitiese verbalmente la comisión de los delitos, hecho que finalmente ocurrió.

Si bien evitaría la prisión, a Farina le cabría la suspensión de la matrícula otorgada por el Colegio de Abogados de Rosario, donde tuvo participación activa como presidente del Instituto de Derecho Económico y Comercial y también debería renunciar a la docencia universitaria. Al letrado le cabría también el pago de las costas del proceso y el resarcimiento a Mónaco, que expuso que la demanda por escrituración le representó un perjuicio de $600.000 pero a valor de 2016, hecho que da por sentado que el monto a liquidar por el imputado sería ajustado por inflación.

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