Quebró firma de seguridad vinculada por acreedores a otro sonado default

La Justicia provincial decretó la quiebra de Vulcano Seguridad SRL, una empresa rosarina del negocio de la vigilancia privada que, según denuncian acreedores y ex empleados, formaría parte de un mismo entramado empresarial que hoy también tiene bajo la lupa a Blindaje Seguridad SRL, firma que el año pasado ingresó en concurso preventivo en medio de denuncias cruzadas, acusaciones de vaciamiento y una compleja investigación penal en Rosario.

La quiebra de Vulcano fue dispuesta por el Juzgado Civil y Comercial de la 7ª Nominación, a cargo del juez Marcelo Quiroga, a partir de un pedido de liquidación hecho por un acreedores. La sentencia firmada el 24 de abril pasada declara la falencia de la sociedad con domicilio en 9 de Julio 1178 de Rosario y ordena una batería de medidas típicas del proceso: inhibición general de bienes, desapoderamiento de activos, intercepción de correspondencia, incautación de documentación y realización futura del patrimonio remanente para responder ante acreedores. 

Ahora bien, la caída de Vulcano reavivó inmediatamente las sospechas alrededor de un supuesto esquema de rotación de sociedades dentro del negocio de la seguridad privada, hipótesis que ya había aparecido durante el concurso preventivo de Blindaje Seguridad SRL, empresa que acumuló más de $1.167 M de deuda bancaria, según registros del Banco Central. En aquel expediente, difundido meses atrás por Punto biz, el trasfondo incluyó denuncias penales cruzadas entre la conducción de Blindaje y su exgerenta Iris Caparrós, hoy enfrentadas en la Justicia penal.

Ahora, con Vulcano directamente quebrada, la defensa de Caparrós volvió a poner el foco sobre los vínculos operativos y financieros entre ambas compañías. En diálogo con Punto biz, Jorge Menini —abogado de la exgerenta— sostuvo que Vulcano y Blindaje “son parte del mismo grupo económico real”, aunque formalmente aparezcan bajo distintas razones sociales.

“Lo que comparten es todo: personal, estructura y forma de operar. Los empleados trabajaban para Blindaje, usaban los autos ploteados de Blindaje, la ropa de Blindaje, hacían rondas para Blindaje, pero cobraban salarios desde Vulcano”, aseguró el letrado. Según su relato, se trata de un mecanismo que ya se ha registrado en otras ocasiones: una sociedad acumula pasivos fiscales, previsionales y comerciales hasta volverse inviable y luego es reemplazada por otra estructura que absorbe la operatoria, dejando a la sociedad fallida sin activos para liquidar.

Caparrós y su defensa apuntan especialmente contra Guillermo Lima, a quien definen como “el verdadero dueño oculto” detrás de distintas sociedades del rubro. “Es un modus operandi recurrente: utilizan una SRL durante un tiempo, hasta que ya no pueden sostener convenios con AFIP ni afrontar deudas previsionales, y entonces surge otra sociedad nueva. Primero fue CASI SRL, después Vulcano -que ahora tiene sentencia de quiebra- y ahora Blindaje en concurso”, afirmó Menini.

Según la hipótesis que expone la defensa de Caparrós, el proceso seguiría incluso hoy con una nueva firma llamada Insignia, que —según dijo— ya estaría absorbiendo parte de la operatoria vinculada a seguridad física y monitoreo electrónico. “La empresa nueva se arma mientras la anterior entra en cesación de pagos. Entonces queda una sociedad vacía, sin activos para responder ante los acreedores”, sostuvo.

Las acusaciones forman parte de una denuncia penal más amplia presentada en Rosario, donde la exgerenta de Blindaje afirma que las distintas sociedades compartían personal, estructura administrativa y movimientos financieros. Allí se sostiene que existían maniobras habituales para evitar embargos y débitos automáticos de ARCA (ex AFIP), mediante transferencias temporales a cuentas sueldo de empleados que luego devolvían los fondos a la empresa o los utilizaban para pagar salarios en efectivo.

“A muchos empleados les transferían dinero a sus cuentas antes de las fechas donde podían operar los débitos fiscales. Después tenían que devolver esos fondos o usarlos para pagar en negro a trabajadores de Vulcano y Blindaje”, afirmó Menini. Según dijo, parte de esos empleados ya fueron ofrecidos como testigos en la investigación penal que tramita en Rosario.

El abogado también cuestionó la operatoria financiera posterior al concurso de Blindaje, un expediente que tramita en el Juzgado Civil N° 2 de Rosario, a cargo de Mónica Klebcar, señalando que la empresa seguiría manejando importantes sumas de dinero en efectivo pese a estar bajo supervisión judicial. “Retiran cantidades enormes en efectivo o monetizan cheques en mutuales. Parte de esos fondos se utilizan para sostener el circuito informal de pagos”, aseguró.

Desde el entorno de Blindaje rechazan categóricamente esas acusaciones, niegan vínculos con Vulcano y sostienen que la empresa fue víctima de maniobras internas que derivaron en un descalabro financiero. Vale recordar que la  firma denunció penalmente a Caparrós por presunta defraudación, señalando que durante años utilizó chequeras firmadas en blanco para tomar créditos, desviar fondos y beneficiar a terceros y sociedades vinculadas. La exgerenta, por su parte, sostiene que esa denuncia es una estrategia para responsabilizarla por irregularidades históricas de la propia conducción empresaria.

La quiebra de Vulcano suma ahora un nuevo capítulo a esa trama. La sentencia judicial deja a la sindicatura la tarea de reconstruir el patrimonio remanente de la sociedad y determinar si existen activos suficientes para afrontar acreencias.