Permisos de obra: un decreto de Javkin dividió a los colegios profesionales

La puja entre la Municipalidad de Rosario y los colegios profesionales por los permisos de obra dividió aguantes en el frente colegiado. Mientras algunos sectores resolvieron avanzar judicialmente contra el decreto impulsado por el intendente Pablo Javkin, otros optaron por seguir negociando con el Ejecutivo y alcanzaron un principio de acuerdo para reformular el sistema de controles.

El conflicto se originó semanas atrás, cuando el municipio eliminó la obligatoriedad de presentar constancias de aportes a colegios profesionales y cajas previsionales como requisito para tramitar permisos de construcción. La medida fue presentada por la Intendencia como parte de un plan de simplificación administrativa y estímulo a la inversión privada. Pero el cambio generó una fuerte reacción de distintas entidades profesionales, que interpretaron que el municipio avanzó sobre obligaciones establecidas por leyes provinciales.

El Colegio de Arquitectos de Santa Fe fue uno de los sectores que decidió endurecer la postura y confirmó la presentación de un recurso de amparo y una medida cautelar contra el decreto. “Nosotros le pedíamos al intendente que derogara el decreto, pero eso no ocurrió. La propuesta alternativa que hicieron no nos terminó de convencer, sobre todo desde el punto de vista legal”, explicó a Punto Biz Marcelo Lamberto, presidente del Colegio de Arquitectos.

Según el dirigente, el principal problema no es solamente económico, sino institucional. “Nosotros no podemos avalar que un decreto municipal deje de lado obligaciones establecidas por leyes provinciales. Si dejamos pasar esto sin actuar, mañana cualquier otro puede hacer lo mismo”, sostuvo. A la avanzada judicial también se sumarán las cajas previsionales de Rosario y Santa Fe, el Centro de Jubilados de la Caja de Ingenieros y el Colegio de Maestros Mayores de Obras.

Sin embargo, no todos los colegios eligieron el mismo camino. El Colegio de Ingenieros Civiles decidió continuar las negociaciones con el municipio y acordó una salida alternativa que será oficializada mediante un decreto complementario y una resolución aclaratoria. “El planteo del intendente fue que la Municipalidad no quería seguir siendo responsable del control de los aportes previsionales. Sobre esa base se trabajó una propuesta donde el municipio controle únicamente que el profesional esté matriculado, habilitado y tenga incumbencia para la obra”, explicó Marcelo Crer, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles.

Según detalló, el nuevo esquema mantendrá el rol técnico de los colegios. “El profesional va a seguir necesitando un certificado emitido por el colegio. Nosotros vamos a seguir revisando planos, verificando incumbencias y habilitaciones”, afirmó. Desde Ingeniería además relativizaron la posibilidad de que el decreto original haya generado perjuicios concretos durante los días que estuvo vigente. “Por los tiempos administrativos es prácticamente imposible que haya habido trámites terminados bajo este esquema. Puede haber expedientes iniciados, pero no aprobaciones definitivas”, sostuvo.

En paralelo, desde la Municipalidad defendieron el cambio y aseguraron que el objetivo nunca fue eliminar controles profesionales, sino dejar de intervenir en cuestiones que consideran ajenas a la órbita municipal. “La Municipalidad ratifica que es obligatorio contar con un profesional matriculado como responsable de las obras. Lo que dejamos de exigir es una acreditación de pago que corresponde a una relación entre privados”, explicó el jefe de Gabinete municipal, Sebastián Chale.

El funcionario confirmó además que el Ejecutivo no está dispuesto a derogar el decreto original, aunque sí a complementarlo con nuevas herramientas administrativas consensuadas con algunos colegios. “Podemos complementar la norma, pero no derogarla. Es una medida que venimos trabajando hace tiempo y creemos que hoy están dadas las condiciones jurídicas para avanzar”, afirmó.

Según Chale, la propuesta oficial contempla compartir con los colegios toda la información vinculada a permisos y expedientes para que las entidades puedan continuar con sus propios mecanismos de control y cobro. “La Municipalidad deja de actuar como agente de percepción”, resumió.