Otra histórica marca de ropa entró en concurso y debe más de $7.000 M

La sociedad que opera Rever Pass y Be Rebel, IGT33 S.A., entró en concurso preventivo con un pasivo superior a $7.000 M, luego de cerrar 2025 con ventas en baja y una pérdida de $4.365 M. La empresa, con más de cuatro décadas de trayectoria, busca reestructurar sus obligaciones y sostener una operación que todavía incluye 13 locales, una planta industrial y más de 100 trabajadores.

El pedido de concurso había sido presentado en junio y el Juzgado Nacional en lo Comercial N°18 abrió formalmente el proceso el 14 de julio. La compañía ubicó el comienzo de la cesación de pagos el 16 de mayo de 2026, cuando no logró afrontar compromisos vinculados con trabajadores que habían acordado su desvinculación.

La información surgió del expediente judicial al que accedió Ámbito. Allí, la compañía describió un deterioro que comenzó a profundizarse durante 2024 y vinculó la crisis con la retracción del consumo, el ingreso de productos importados, los mayores costos operativos y el encarecimiento del financiamiento.

Ventas en baja y un rojo que se multiplicó

El balance cerrado en noviembre de 2025 mostró la dimensión del golpe. La facturación cayó de $15.475 M a $11.814 M en moneda constante, una contracción cercana al 24% frente al ejercicio anterior.

La ganancia bruta también retrocedió. Pasó de $8.962 M en 2024 a $5.678 M un año después, mientras los gastos de comercialización y administración alcanzaron los $8.567 M.

El resultado financiero profundizó el deterioro. La compañía registró un saldo negativo de $1.200 M por resultados financieros y por tenencia, más del doble de los $546 M negativos contabilizados un año antes. El ejercicio terminó con una pérdida de $4.365 M, frente al rojo de $515 M de 2024.

La situación había obligado a la firma a recurrir al crédito bancario para financiar remuneraciones, indemnizaciones, remodelaciones, nuevos contratos y cambios en áreas como marketing digital. Los accionistas y socios fundadores también aportaron fondos mediante préstamos extraordinarios.

Ese esquema dejó de ser sostenible. La compañía señaló que durante 2025 el costo del crédito llegó a ubicarse cerca del 100% anual, mientras la rentabilidad de la operación no alcanzaba para absorber el peso financiero.

La falta de liquidez también llegó al funcionamiento cotidiano. Durante los últimos meses, los salarios tuvieron que abonarse en dos etapas y cayeron planes de financiación correspondientes a obligaciones impositivas y de seguridad social por falta de pago de las cuotas.

El peso de los locales y la competencia importada

La empresa identificó entre las causas del deterioro un cambio en las condiciones de competencia del negocio de indumentaria. Según expuso en su presentación judicial, el mayor ingreso de productos extranjeros desde 2024 presionó sobre una estructura local que soporta gastos de personal, impuestos, logística, infraestructura y puntos de venta físicos.

IGT33 mantiene actualmente 13 locales alquilados en centros comerciales y una planta industrial propia en Marcos Sastre 1804, en Ricardo Rojas. Esa red comercial implica alquileres, expensas, servicios, fondos de publicidad y costos laborales que ganaron peso a medida que las ventas perdieron volumen.

La empresa ya había cerrado establecimientos que dejaron de ser rentables, tanto en shoppings como en la Costa Atlántica, y comenzó a concentrarse en canales considerados más eficientes, entre ellos el comercio electrónico y las franquicias.

En paralelo, avanzó con una reformulación de su modelo. La estrategia apunta a conservar parte de la producción nacional e incorporar prendas terminadas importadas para reducir costos y competir en precio.

La transformación, sin embargo, exige financiamiento, nuevos acuerdos con proveedores y una adaptación logística que la compañía debió encarar al mismo tiempo que enfrentaba restricciones de liquidez.

El cuadro se produjo además en un escenario adverso para toda la actividad. De acuerdo con datos de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (Fita), en doce meses desaparecieron 330 establecimientos vinculados al sector y se perdieron 15.468 empleos formales.

Cómo se compone la deuda

El pasivo de IGT33 supera los $7.000 M y tiene a los bancos entre sus principales acreedores. La deuda financiera ronda los $3.276 M.

Dentro de ese monto, el Banco Nación concentra alrededor de $2.264 M y el Banco Provincia otros $866 M. A su vez, la compañía registra $975 M de deuda fiscal y cerca de $1.725 M correspondientes a obligaciones previsionales.

También aparecen compromisos con trabajadores, sindicatos, proveedores y otros acreedores comerciales. Al 31 de mayo, la exposición mediante cheques diferidos entregados a proveedores alcanzaba unos $262 M, mientras ya se contabilizaban 65 cheques rechazados por algo más de $300 M.

Los problemas de pago derivaron además en embargos sobre cuentas de la sociedad. Frente a ese escenario, el concurso preventivo busca concentrar las negociaciones con los acreedores, frenar ejecuciones individuales y darle margen operativo a la compañía para continuar con la reestructuración.

La firma cuenta con más de 40 años en el mercado argentino y desde 2007 integró tareas de corte, confección, estampería y bordado junto con sus áreas comerciales, administrativas y logísticas.

Ahora intenta mantener parte de esa estructura mientras modifica la ecuación del negocio. El próximo paso estará en manos de los acreedores, que tienen plazo hasta el 23 de septiembre de 2026 para presentar sus pedidos de verificación. El informe individual está previsto para noviembre, la resolución verificatoria para diciembre y el informe general para febrero de 2027.