No llegó a tiempo con un plan para compensar a sus víctimas y seguirá preso

El financista rosarino Pablo Arcamone, imputado por trece hechos de estafa, continuará detenido luego de que la Justicia resolviera extender su prisión preventiva hasta el 31 de marzo de 2026, tras una audiencia realizada este lunes en el Centro de Justicia Penal. La decisión fue adoptada por el juez Fernando Sosa, quien hizo lugar al pedido del fiscal de Delitos Económicos Sebastián Narvaja, al considerar que no se presentaron elementos concretos que permitieran morigerar la medida cautelar. La prórroga alcanza también a su socio, el contador Martín Fernández, detenido bajo el mismo régimen.

Según información suministrada a Punto biz por una de las abogadas querellantes que interviene en la causa, la defensa de Arcamone, encabezada por el abogado Renzo Biga, había anticipado la posibilidad de presentar un plan de resarcimiento para las víctimas, basado en la afectación de un campo ubicado en Timbúes, propiedad del padre del imputado. La estrategia contemplaba la elaboración de una suerte de memorando de entendimiento que permitiera que ese inmueble quedara bajo administración de terceros con el objetivo de transformarlo en un desarrollo inmobiliario y, a partir de allí, generar recursos para devolver el dinero a los damnificados. Sin embargo, ese planteo no llegó a concretarse al momento de la audiencia.

De acuerdo a lo informado por la querella, la defensa intentó obtener una prórroga corta de la prisión preventiva, hasta el 23 de diciembre, con el compromiso de presentar en ese plazo un documento formal que contara con la conformidad de las víctimas. Esa alternativa no prosperó, ya que no hubo acuerdo de las querellas ni de la Fiscalía, que planteó que no era posible seguir dilatando el proceso sin garantías reales. En ese marco, Narvaja solicitó extender la preventiva hasta el 31 de marzo, con el argumento de que aún restan maniobras por imputar y que para esa fecha el Ministerio Público estaría en condiciones de presentar el requerimiento acusatorio.

Durante la audiencia, el juez Sosa sostuvo que, más allá de la “buena voluntad” expresada por la defensa, no se aportó ningún elemento concreto que permitiera revisar la situación de encierro. A eso se sumó la existencia de nuevas denuncias en trámite, que todavía no fueron formalmente imputadas pero que la Fiscalía ya tiene en condiciones de incorporar a la causa, con un perjuicio económico adicional que —según se expuso en la audiencia— rondaría varios cientos de miles de dólares.

La resolución judicial dispuso además que, en caso de que la Fiscalía presente la acusación de nuevos delitos antes del 31 de marzo, la prisión preventiva se prorrogará automáticamente hasta la audiencia preliminar, manteniendo a Arcamone y Fernández detenidos. También se ratificaron las medidas patrimoniales vigentes, como la inmovilización de fondos y bienes.

Desde la querella señalaron que, si la defensa logra avanzar más adelante con un ofrecimiento serio y con aval de las víctimas, ese escenario podría habilitar una revisión de la prisión preventiva o incluso la discusión de una salida alternativa del proceso, aunque aclararon que eso dependerá no sólo de la voluntad de los damnificados sino también de la posición de la Fiscalía y de la viabilidad jurídica del esquema propuesto. En ese sentido, no se descarta que la defensa apele la prórroga de la preventiva y busque introducir el eventual plan de resarcimiento en una instancia de revisión ante la Cámara, ya entrado el próximo año.

Por ahora, la situación de Arcamone se mantiene sin cambios: seguirá preso mientras avanza una investigación que ya acumula más de una decena de hechos imputados, nuevas denuncias en camino y un volumen de perjuicios que posiciona al caso como uno de los escándalos financieros más relevantes de los últimos años en Rosario.