Anularon la absolución a Cristóbal López en una causa por fraude al Estado

La Corte Suprema de Justicia anuló hoy, por unanimidad, las absoluciones del empresario Cristóbal López y de su socio Fabián de Sousa, en una causa donde fueron juzgados, acusados de haber retenido $8.000 M en impuesto a los combustibles y haber usado ese dinero para capitalizar su grupo económico Indalo, cuando debieron haber entregado los fondos retenidos al Estado.

Ahora se deberá dictar un nuevo fallo. Un tribunal oral federal había absuelto a López y de Sousa pero había condenado al extitular de la Afip Ricardo Echegaray a cuatro años y ocho meses de prisión. En el juicio oral, que terminó en diciembre de 2021, el voto mayoritario fue de los jueces Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos, que se pronunciaron por absolver a los dos empresarios. En disidencia, por la condena de todos, votó Andrés Basso.

Luego, la Cámara de Casación confirmó el 23 de octubre del 2023 la absolución de López y de su socio De Sousa. Además, el tribunal ordenó recalcular la pena de cuatro años y ocho meses de prisión que había sido impuesta a Echegaray, al entender que el cómputo estaba mal hecho.

Ese fallo de la Cámara de Casación fue de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Los magistrados concluyeron que la petrolera de López y De Sousa se había beneficiado de una autorización ilegítimamente otorgada por Echegaray que provocó un perjuicio al Estado Nacional. Sin embargo, confirmaron la absolución de López y De Sousa por aplicación del beneficio de la duda. Es decir, entendieron que los indicios y las pruebas eran incriminatorios, pero no suficientes para condenarlos.

El fiscal Mario Villar recurrió esa decisión ante la Corte Suprema de Justicia, que hoy anuló las absoluciones y mandó a dictar un nuevo fallo.

El origen

La Nación reveló en septiembre de 2013 y marzo de 2016 que López y De Sousa habían apalancado la expansión del Grupo Indalo en los miles de millones de pesos que debieron girar a la AFIP en concepto del impuesto a la transferencia del combustible (ITC), pero que utilizaron para comprar empresas y financiar sus operaciones.

Aquella revelación periodística provocó la apertura de una investigación penal que meses después llevó a la detención de los dueños del Grupo Indalo y a la condena, años después, de Echegaray por el delito de defraudación en perjuicio del Estado nacional.

López y De Sousa construyeron un imperio de 170 empresas. En simultáneo con la apertura de la investigación penal, la nave insignia del Grupo Indalo, la petrolera Oil Combustibles, entró en concurso de acreedores. Dentro de ese expediente -que todavía se tramita en el fuero en lo Comercial-, la Cámara de Apelaciones emitió dos resoluciones a finales de 2020 y a principios de 2021 en las que concluyó que el proceder de López y De Sousa al frente de esa petrolera fue “ruinoso” y “fraudulento” desde 2011; es decir, desde el momento mismo en que la adquirieron.