Investigan una presunta venta fraudulenta de tierras en loteo de Fisherton

Una denuncia presentada ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) puso bajo investigación una presunta maniobra fraudulenta montada alrededor de la venta de cuatro lotes que suman unos 4.200 m2 en loteo San Eduardo, en Fisherton. El propietario de las tierras sostiene que nunca decidió desprenderse de los inmuebles y que alguien habría sustituido su identidad para otorgar un poder especial de venta ante una escribana rosarina. Con ese instrumento, un supuesto apoderado avanzó con la comercialización de las parcelas a través de una inmobiliaria y terminó suscribiendo un boleto con un comprador. El expediente acaba de cambiar de fiscal.

La operación en cuestión avanzó hasta el punto de que existe un boleto de compraventa firmado, el dinero fue desembolsado y quedó en manos de quien se presentó como apoderado. Lo que todavía no se concretó es la escritura traslativa de dominio. Precisamente por eso, los abogados del titular registral reclaman medidas urgentes para bloquear cualquier modificación sobre los cuatro inmuebles.

La denuncia fue presentada en representación de Carlos S. -titular de las parcelas- por los abogados Jorge Robiolo, Agustín Digerolamo y Agustín Castriccini. Las sospechas apuntan particularmente sobre Marcelo Juan Schiavone, quien aparece como apoderado para vender las tierras, y sobre la intervención de una escribana rosarina en la confección del instrumento público que permitió poner en marcha la operación. La hipótesis que se investiga contempla delitos de estafa y falsedad ideológica de instrumento público.

El punto de partida de toda la secuencia es un poder especial de venta. Según la denuncia, una persona que se habría hecho pasar por el dueño compareció ante una escribanía y consiguió que se instrumentara el mandato para disponer específicamente de esos inmuebles. El verdadero propietario, de acuerdo con la presentación judicial, no sólo niega haber otorgado esa autorización sino que sostiene contar con elementos que acreditarían que no se encontraba en Rosario cuando supuestamente concurrió a firmarla.

“Acá hay una sustitución de identidad. Hay alguien que se hace pasar por Carlos S.”, señaló Robiolo en diálogo con Punto biz. Para el abogado, determinar quién fue la persona que habría asumido la identidad del propietario es ahora una de las claves de la investigación. Por eso la querella pretende que se preserven registros de cámaras y otros elementos que permitan reconstruir sus movimientos.

Un poder que abrió la puerta

La intervención de la escribana aparece como una pieza sensible del expediente porque el poder fue instrumentado mediante escritura pública. Ese documento permitió que Schiavone actuara frente a terceros como representante del dueño y encargara la comercialización de las parcelas.

La defensa de Carlos S. también pone la lupa sobre el comportamiento del supuesto apoderado. Según esgrimen desde la querella, Schiavone tiene vinculación profesional con el negocio inmobiliario, circunstancia que obligaría a investigar cuánto conocía sobre el origen y las características de la operación.

Con el poder en mano, las tierras terminaron siendo ofrecidas a través de Remax Terra, oficina de la red inmobiliaria con base en Fisherton. Allí aparece otro capítulo central de la historia y, también, una fuerte diferencia entre la interpretación de los denunciantes y la explicación de la inmobiliaria.

Sebastián Di Bella, titular de Remax Terra, confirmó a Punto biz que recibieron el inmueble para comercializarlo sobre la base de un poder especial otorgado mediante escritura pública. Sostuvo que no tenían razones para presumir que detrás del instrumento podía existir una irregularidad. “Tomamos una propiedad a la venta mediante una autorización hecha con un poder, un poder hecho por escritura pública. En base a eso tomamos la documentación formal que siempre tomamos y avanzamos con la venta”, explicó Di Bella.

El empresario inmobiliario remarcó que el documento no consistía en una autorización privada sino en un poder especial para vender específicamente esas tierras y respaldado por la intervención de un escribano. “Nosotros no tenemos posibilidad de corroborar la veracidad de esa situación. Ahí hay un escribano público”, señaló.

La carta que encendió las alarmas

La situación cambió cuando Remax Terra recibió una carta documento remitida por el verdadero propietario. Carlos S. exigía que se bajara la publicación y advertía sobre la situación de los terrenos. La existencia de esa intimación es reconocida tanto por la querella como por la propia inmobiliaria.

Lo que ocurrió después es uno de los puntos más llamativos del expediente. Di Bella aseguró que, después de recibir esa primera carta, desde la inmobiliaria se comunicaron telefónicamente con quien creían que era Carlos S. Según su relato, esa persona les habría explicado que existía una diferencia con el apoderado vinculada a las condiciones de pago, pero que mantenía la decisión de desprenderse de los terrenos.

“Nos comunicamos directamente con Carlos, el vendedor, con el teléfono que teníamos de él. Nos manifestó que había tenido un desentendido con el apoderado, pero un desentendido de cómo se iba a pagar. En ningún momento desacreditó la voluntad de vender la propiedad”, relató Di Bella. La versión de la querella es diametralmente opuesta. Robiolo sostiene que el verdadero Carlos S. nunca mantuvo esa conversación con la inmobiliaria.

“El agente inmobiliario nunca habló con Carlos S., habló con el falso Carlos S. El problema es que acá hay una sustitución de identidad”, afirmó el abogado. La incógnita acerca de quién atendió ese teléfono se transformó así en otro de los elementos que deberá desentrañar la investigación.

Una segunda carta con otra firma

Después de aquella comunicación ocurrió algo todavía más singular. Remax Terra recibió una segunda carta documento, esta vez supuestamente enviada por Carlos S., retractándose de la primera intimación y habilitando la continuidad del proceso. La defensa del propietario afirma que esa segunda comunicación también es falsa.

Los abogados del propietario ponen el foco en que ambas cartas fueron despachadas desde lugares diferentes y que, a su criterio, las firmas presentan diferencias visibles. La segunda habría sido remitida desde una sucursal del Correo Argentino ubicada en la zona de San Martín al 5000 de Rosario.

Di Bella reconoció que en aquel momento no advirtieron diferencias entre las firmas. “La verdad que no. En ese momento no nos llamó la atención. Después, si te la ponen a revisar, decís que puede ser, pero en ese momento no fue algo a lo que hayamos prestado atención”, explicó.

El titular de Remax Terra argumentó que ambas comunicaciones habían llegado mediante Correo Argentino y que la inmobiliaria entendió que existían controles de identidad asociados al despacho de una carta documento. “Estamos hablando de una carta documento que mandó el Correo Argentino. Él tuvo que presentarse con el DNI y enviarla por correo. Si pasó algo ahí, era difícil de detectar de nuestro lado”, sostuvo.

Según Di Bella, después de la segunda comunicación se retiró la publicación de internet porque eso habría solicitado quien ellos entendían que era el propietario, pero la operación comercial siguió adelante.

El boleto se firmó y el dinero se pagó

El negocio avanzó mucho más allá de una publicación inmobiliaria. Remax Terra confirmó que se terminó firmando un boleto de compraventa por los cuatro lotes y que el comprador desembolsó el dinero. “El boleto ya está hecho y el pago ya está hecho. El dinero ya lo tiene, se lo llevó el apoderado”, confirmó Di Bella.

Según el titular de la inmobiliaria, el boleto fue instrumentado con intervención de otro escribano, diferente de quien había confeccionado el poder cuestionado. La operación involucró los cuatro terrenos, con una superficie conjunta del orden de los 4.200 m2, y el destino previsto sería un desarrollo habitacional.

Di Bella ubicó el monto de la operación en más de u$s300.000 y rechazó que se tratara de un valor notoriamente inferior al de mercado. Desde la representación del propietario, en cambio, cuestionan las condiciones económicas en las que se estructuró el negocio. El boleto ya está firmado y los fondos fueron entregados, aunque todavía resta el paso decisivo para consolidar la transferencia: la escrituración. Allí aparece otro movimiento que encendió las alarmas de la querella.

Fueron por los segundos testimonios

Según una ampliación de la denuncia, el 16 de junio Schiavone se presentó utilizando el poder cuestionado para solicitar ante el Archivo de Protocolos Notariales del Colegio de Escribanos de Rosario segundos testimonios de las escrituras que acreditan la titularidad de Carlos S. sobre los cuatro terrenos.

Los abogados vinculan directamente ese trámite con la posibilidad de completar la operación, ya que la obtención de esa documentación permitiría avanzar hacia la escrituración definitiva. Para la querella, el dato resulta particularmente relevante porque demuestra que, aun después de iniciada la controversia, hubo movimientos concretos orientados a conseguir los instrumentos necesarios para transferir registralmente las tierras.

Por eso los representantes de Sylwan solicitaron a Fiscalía una prohibición de innovar sobre la situación registral de los cuatro lotes, otra prohibición respecto de la expedición de los segundos testimonios y una anotación de litis sobre las propiedades.

Dos intentos de entrar al terreno

El conflicto dejó además de ser exclusivamente documental. La denuncia describe dos episodios en los que quien aparece como comprador habría intentado ingresar físicamente a los terrenos. Uno de ellos ocurrió durante julio. El segundo fue denunciado el 3 de agosto, alrededor de las 9. Según la presentación, el comprador llegó acompañado por dos personas, se violentó el candado del portón y una Toyota Hilux ingresó al inmueble.

Un vecino alertó a un hermano de Sylwan y se dio intervención al 911. Personal policial llegó al lugar y, luego de la discusión, el comprador y quienes lo acompañaban terminaron retirándose. Los abogados pidieron que se incorpore al expediente el acta del procedimiento policial. Desde la perspectiva de la querella, esos movimientos demuestran que existe un riesgo concreto de que la maniobra denunciada avance tanto sobre la posesión física como sobre el dominio registral de las tierras.

“Todo se hizo de buena fe”

Remax Terra rechaza haber participado de una maniobra irregular. Di Bella aseguró que la inmobiliaria se puso a disposición de la Justicia apenas tomó conocimiento de la denuncia y espera ser convocada por la Fiscalía. “Es todo de buena fe, todo con documentación formal. No es que se salteó algún paso”, sostuvo. Y agregó: “Hace ocho años que tenemos Remax Terra y nunca estuvimos cerca de algo ni siquiera parecido. Estamos recontra sorprendidos de lo que pasó”.

El empresario reconoció, no obstante, que la situación cambió radicalmente después de conocerse la denuncia. “Si pudiéramos volver atrás, volveríamos atrás para no estar en todo este lío. Pero no se puede volver atrás: el boleto está hecho y el pago está hecho”, planteó.

Para la inmobiliaria, la documentación con la que trabajaron era formalmente válida y la eventual sustitución de identidad habría sido imposible de advertir con los controles habituales de una operación de este tipo. Para la querella, en cambio, las circunstancias que rodearon el negocio, y especialmente lo sucedido después de la primera carta documento, justificaban extremar las verificaciones.

La investigación acaba de cambiar de manos dentro del MPA. Según confirmó Robiolo, el expediente, que inicialmente estaba bajo intervención de la fiscal Raquel Almada, quedó ahora a cargo del fiscal Alejandro Carón, de la estructura especializada en estafas. Los abogados del propietario ya solicitaron una reunión con el nuevo responsable de la causa.

El desafío inmediato de la investigación será reconstruir quién se presentó ante la escribana como Carlos S., quién respondió posteriormente el teléfono al que llamó la inmobiliaria y quién despachó la segunda carta documento. La respuesta a esas preguntas será determinante para establecer si, como sostiene la denuncia, detrás de la venta de los cuatro lotes de San Eduardo funcionó una operación de sustitución de identidad que consiguió superar distintos controles hasta transformar un poder presuntamente apócrifo en un boleto de compraventa y en el desembolso de más de u$s300.000.