Imputaron a 14 directivos de Vicentin y la audiencia pasó a cuarto intermedio

A pedido de la defensa, la audiencia imputativa contra 14 integrantes de la agroexportadora Vicentin ingresó en un cuarto intermedio hasta el próximo jueves. El juez Román Lanzón hizo lugar a la solicitud en función del pedido de detenciones que iba a realizar el fiscal Miguel Moreno, quien leyó su imputación, que transcurrió sobre los carriles esperables: para el funcionario judicial, la empresa tergiversó su realidad económica financiera previa al default, incumpliendo estándares internacionales de contabilidad.

El encuentro tuvo lugar en la sala 10 del Centro de Justicia Penal, en el que estuvieron presentes las caras más reconocidas de la emblemática empresa. A lo largo de tres filas, se sentaron Daniel Buyatti (presidente del directorio hasta septiembre de 2020), Alberto Macua (vicepresidente hasta la misma fecha), Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto Vicentin y Yanina Boschi (todos ex directores titulares); Omar Scarel (síndico en el período previo al default y actual presidente del directorio); y Robertino Boschi, Miguel Valazza y Javier Gazze (accionistas con participación en diversos hechos).

Moreno siguió la pista de una serie de denuncias efectuadas en 2020 por bancos internacionales, el Macro y proveedores comerciales. A lo largo de casi dos horas y media, leyó un documento de 94 páginas en el que se explayó sobre la metodología utilizada por Vicentin, que tal como ya contó Punto biz en diversas ocasiones, habría consistido en ocultar su pasivo al registrar irregularmente los contratos "a fijar".

Previo a la lectura de la imputación, la defensa solicitó un cuarto intermedio para analizar la estrategia frente a lo que Moreno ya había adelantado de modo informal: el pedido de detención para varios de los imputados. Tras requerir la opinión del fiscal y los abogados querellantes, el juez Lanzón dio lugar al mismo, por lo que la audiencia seguirá el próximo jueves a las 8.

Según confirmaron desde Fiscalía, la defensa ofreció el pago de una fianza de u$s 5 M para evitar el pedido de detenciones, lo que fue rechazado. De aquí al jueves podría haber nuevos ofrecimientos, pero los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) aseguran estar firmes en su posición de rechazo. De todas formas, la palabra final la tendrá el juez, que puede aceptar el pedido de la defensa, aún con el rechazo del fiscal.

Responsabilidades

Moreno dividió su imputación según las diversas denuncias recibidas, que versan siempre sobre el período previo al default. En líneas generales, hubo tres grupos de imputados: el presidente, vicepresidente y directores titulares del directorio por un lado, los síndicos por otro y un tercero integrado por accionistas ajenos al órgano de gobierno de la sociedad pero igualmente responsables de los delitos. En diálogo con la prensa, Moreno planteó que por la acumulación de hechos está en condiciones de pedir las penas máximas que prevé el delito de estafa (50 años).

En lo que respecta a la presentación de los bancos internacionales, el fiscal acusó a los integrantes del directorio (en caracter de co autores) por el delito de balances falsos en concurso real con defraudación y estafas, en seis casos. Respecto al síndico, lo imputó como partícipe necesario. En tanto, también acusó por estafa a Javier Gazze y Miguel Valazza. Similares imputaciones corrieron en la denuncia del banco Macro.

Referido a los acreedores comerciales, Moreno acusó al presidente, vicepresidente y directores titulares por el delito de estafa en cinco hechos, en calidad de co autores. También imputó por el mismo delito a Robertino Boschi -sindicado como encargado del área comercial-.

Según planteó la Fiscalía, la gran cantidad de imputados es una consecuencia directa del manejo cuasi familiar de la empresa, en donde los roles no estaban debidamente asignados según un manual de procedimientos.

"En Vicentin encontramos la falta total de manuales de procedimientos con asignación de funciones", dijo durante la audiencia Moreno, quien apoyó gran parte de su imputación en el informe de los auditores forenses, realizado en el marco del concurso preventivo que se tramita en Reconquista. Durante la audiencia, llamó la atención que se mencionara que para la acusación se analizaron 36 millones de documentos electrónicos.