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Negocios

En el banquillo

Histórico agente bursátil imputado en una quiebra fraudulenta

Patricio Dobal

La Fiscalía lo señala por vaciamiento de una reconocida empresa de turismo que terminó quebrando en 2017. Hay otros tres imputados.

El agente bursátil Claudio Brancatelli, titular de la firma Cambio Estelar SA, fue imputado este miércoles por el delito de administración fraudulenta en calidad de coautor en el marco de una causa en la que se investiga la quiebra de la agencia de turismo Le Rondoni que ocurrió en 2017.

Junto a Brancatelli, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Miguel Moreno, imputó por el mismo cargo al administrador y gerente Norvald B., a un histórico contador de Le Rondini, Raúl A. y al abogado Francisco Jose A. Por tratarse de una audiencia imputativa en estado de libertad, la misma se realizó en la sede de Fiscalía y no frente a un juez dado que no se solicitaron medidas cautelares, solamente se les comunicó a los involucrados las calificaciones legales de la investigación.

El presunto ardid

Le Rondini funcionó por más de dos décadas en un amplio local en peatonal Córdoba al 1200 pero para 2016 la compañía entró en una profunda crisis financiera. Si bien en 2017 se decretó la quiebra, fue una posterior causa civil y comercial la que dio sustento a la investigación que encaró el fiscal Moreno que tiene como objeto definir el mecanismo empleado que derivó en una “quiebra fraudulenta por confusión patrimonial” mediante la aportación de socios ocultos a Le Rondini que lejos de sumar capital fresco para sanear las cuentas y mejorar el management, terminaron vaciando la sociedad.

“Se investiga el faltante de aproximadamente $6.060.000 y de registros de documentación contable en un periodo extenso previo a presentar la quiebra en fecha 25/4/17, semanas posteriores al fallecimiento de uno de los dueños de la empresa”, precisaron voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ante la consulta de Punto biz.

Fue Adriana Todisco, última dueña que tuvo la agencia de viaje y viuda del fundador, Enrique Curridor, quien interpuso la denuncia penal ante la presunción de un mecanismo de defraudación y estafa. Si bien la quiebra decretada en 2017 impactó también sobre el patrimonio de Todisco, la sindicatura logró detectar un aparente vaciamiento de los activos de la firma por parte de los socios que se sumaron justo en los dos años previos a la liquidación de la empresa. La llegada de los nuevos accionistas fue mediante la firma de un acuerdo de entendimiento en la que se los convocaba para que pudieran colaborar para sacar a Le Rondini de la cesación de pagos. El presunto acuerdo, por cierto, nunca fue convalidado por el Registro Público de Comercio.

Lo cierto es que el reporte de la sindicatura permitió evidenciar que antes de la quiebra en cuestión, se fugaron $6 M de patrimonio de la agencia. “Se atribuye a los imputados haber defraudado económicamente a la dueña de empresa utilizando maniobras con intención de provocar el error de ella a la hora de vender inmuebles a precios muy inferiores a su precio real, provocando un perjuicio patrimonial favoreciendo económicamente a los imputados”, se expuso este miércoles durante la audiencia.

Por caso, Brancatelli es investigado porque le compró por u$s130.000 el local de peatonal Córdoba a Todisco, cuando la tasación inmobiliaria indicaba que costaba diez veces más. Hay bajo la lupa, además, dos sociedades a las que se les traspasó dicho inmueble dos meses después de la operación de compra.

El agente bursátil también se transfirió la casa familiar de Todisco en calle Pasco al 600. Al parecer la operación se hizo cuando Brancatelli asumió una supuesta deuda de la mujer con el Colegio de Escribanos por una hipoteca. De hecho, si bien Todisco sigue habitando la vivienda, hay dos sentencias que favorecen al ahora imputado.

Hay una tercera propiedad a nombre de la viuda que fue subastada por el Banco Meridian. En este caso el remate sobrevino a un crédito impago que al parecer los imputados sacaron ante el mencionado banco en favor de la mujer.

En mayo de 2021 la Sala 4 de la cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, ratificó el dictamen del juez Pedro Boasso que decretó en abril del año pasado la quiebra fraudulenta de Le Rondini.

El magistrado valoró para justificar su fallo la desprolija confirmación de la sociedad y la existencia de fondos no declarados en los balances contables. En su sentencia, habla específicamente de una responsabilidad en los vaciamientos de los últimos accionistas por una confusión patrimonial. Sobre ese dictamen es que empezó a trabajar el fiscal Miguel Moreno.

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