Herrera: definen si los síndicos desplazados pagan o no una cifra millonaria

El expediente de la quiebra del financista Luis Herrera, apuntado por quedarse con dinero ajeno, podría sumar novedades en los próximos días. Luego de que el caso del desplazamiento de la sindicatura -que fue firmado en primera instancia- pasó ahora a resolución de la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, el tribunal debe definir el pedido de los síndicos que decidieron recurrir a un tribunal de alzada para revertir el dictamen original.

Lo que ocurrió en las últimas horas es que los abogados patrocinantes de un grupo de acreedores de Herrera contestaron los argumentos de los síndicos para intentar torcer el fallo inicial y mantenerse en sus puestos de imparcialidad en el análisis de los números de la quiebra. Lo que está en juego en este caso no solo es el prestigio de los síndicos, sino también una definición que los obliga a devolver una cifra millonaria en concepto de aranceles como auxiliares de justicia.

El diferendo tuvo su origen el 3 de julio pasado, cuando el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de la 4ta Nominación, Nicolás Villanueva, determinó el desplazamiento de los síndicos Sergio D. García, Gabriel O. Palmero y Eleonora Riva, originado en una solicitud de revocatoria promovida por los abogados Alejandro Gurfinkel y Yanina Suberville, apoderados de un grupo de acreedores de Herrera.

De acuerdo al planteo, por lo menos dos de los tres contadores que integraban el estudio designado para actuar como sindicatura concursal tenían como asesores letrados por lo menos desde el año 2016 al estudio jurídico que asiste a Herrera. Se trata del despacho que comanda el abogado Juan Pablo Orquera.

En base a los plazos de rigor, los abogados Gurfinkel y Suberville esta semana contestaron los argumentos que expresaron los síndicos para justificar la apelación. De acuerdo a información del expediente a la que accedió Punto biz, los síndicos insistieron en que no corresponde devolver la totalidad de la suma de aranceles dispuesta por el juez de la quiebra -que podría ascender a $15 M-, además de exponer la disconformidad con los fundamentos normativos del juez de primera instancia aplicado para disponer el apartamiento. Puntualmente los síndicos indicaron que la figura del apartamiento no está prevista en la Ley de Quiebras y Concursos. La figura en cuestión fue aplicada por Villanueva como instancia de plano intermedio entre un desplazamiento y una sanción.

Frente a dicho panorama, los abogados denunciantes contestaron que si el apartamiento no se encuentra estipulado normativamente, “entonces lo que corresponde es la remoción como medida sancionatoria” debido a que a criterio de Gurfinkel y Suberville incurrieron en una falta grave al haber omitido poner en conocimiento del juez y de los acreedores el vínculo que aparentemente tenían con los abogados de Herrera.

Quienes integran la Sala 3 y ahora aparecen en condiciones de definir si ratifican o no el dictamen de primera instancia son los jueces Mario Chaumet, Marcelo Molina y Jesica Cinalli.