Guardati Torti: los directivos imputados no pueden salir del país

Si bien este jueves se ampliaron las imputaciones contra los directivos de la agencia bursátil  Guardati Torti tras verificarse nuevos casos de administración fraudulenta contra sus comitentes, contra la propia sociedad y por la realización de balances falsos, la audiencia en cuestión que se prolongó por más de 8 horas pasó a un cuarto intermedio hasta el 1° de febrero fecha en la cual se definirán las medidas cautelares contra los titulares de firma.

La fiscalía a cargo de Sebastián Narvaja pidió una caución de $2 M e inhibiciones por $13 M para cada uno de los integrantes de la sociedad, además de solicitar la prohibición de salir del país y la imposibilidad de disponer de sus bienes hasta que se sustancie el juicio oral. Lo cierto es que el debate por la imposición de dichas medidas se extendió más de los previsto y fue por eso que se definió un impás hasta que pase la feria de verano.

No obstante, de acuerdo a lo que reportaron a Punto biz desde la querella, la defensa de los imputados acordó con el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Sebastián Narvaja, que Alejandro Damian Giacomino, Laura Marcela Torti, Susana Margarita Alesandrini, Juan Martín Guardati, Noemí Alicia Ponte, Angel Alberto Torti, Juan Carlos Guardati y Natalia Susana Guardati, accionistas de Guardati Torti, más el síndico de la empresa: Gustavo Ricardo Rossi, no puedan salir del país hasta que se reanude la audiencia y tampoco puedan disponer de sus bienes hasta entonces.

En el  trámite que se prolongó más de lo que mucho preveían, el fiscal Narvaja le atribuyó a los ocho directores y al síndico haber defraudado a 156 inversores que les confiaron sus ahorros, ocasionándoles un perjuicio patrimonial de $6.768.645 y u$s1.152.151, hechos que se suman a los verificados en la primera imputativa ocurrida el 30 de marzo.

Lo cierto es que la defensa cuestionó fuerte tanto la imputación de este jueves como la de marzo solicitando un control de legalidad respecto de la misma por considerar que en algunos casos no había delito, planteo que fue rechazado por el juez Alejandro Negroni respaldando lo actuado por el Ministerio Pública de la Acusación (MPA).

El origen

Si bien la investigación penal pone el foco en el Agente de Compensación y Liquidación (Alyc) Guardati Torti, el origen del fraude se remonta a GyT Plus, el correoacopio del grupo, que entró en cesación de pagos en febrero de 2020 como derivación del default de Vicentin debido a que mantenía operaciones con la compañía que había caído en desgracia dos meses antes. La firma le compraba a los productores materia prima que luego le vendía a las agroexportadoras como Vicentin.

Lo cierto es que en junio de ese año un allanamiento en la sede de la sociedad de bolsa ordenado por la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario fue el inicio del camino en el fuero penal de los Guardati Torti. Un transportista denunciaba que faltaban $17 M de una cuenta comitente que estaba a su nombre en la compañía.

Un mes después, sin más alternativas para acomodar su pasivo y con la causa penal abierta, la firma finalmente se presentó en concurso preventivo de acreedores.

En marzo de este año, el fiscal Sebastián Narvaja imputó al directorio de Guardati Torti los delitos de administración fraudulenta en 43 hechos, en concurso real, y en grado de consumado todos en grado de co-autores, y al síndico de la empresa Gustavo Rossi lo imputó en grado de partícipe necesario. Se les atribuyó a todos, además, el delito de confección,  aprobación y publicación de balances falsos, en grado de consumado y en el rol de co-autores. Los casos iniciales ahora se ampliaron a un total de 156 cuentas de clientes.