Ganaderos se complicaron con el pago de hacienda y les decretaron la quiebra

La compra de hacienda con cheques que no fueron atendidos derivó en la quiebra de El Regreso SAS, una firma ganadera con domicilio en la zona rural de Colonia Francesa, en el departamento San Javier. La medida fue dictada a partir de una presentación judicial de la Cooperativa Agrícola Ganadera Limitada Guillermo Lehmann, que había reclamado el cumplimiento de los pagos.

La resolución fue firmada el 11 de septiembre por el juez Julio F. Migno, a cargo del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de San Javier. El edicto establece expresamente la declaración de quiebra de la sociedad, cuyo domicilio legal se encuentra en 25 de Mayo al 700o de Colonia Francesa. La firma en default puede en tal caso intentar la conversión del expediente a concurso preventivo..

Según pudo reconstruir Punto biz, la relación comercial consistía en la adquisición de animales por parte de El Regreso, que desarrollaba su actividad en una combinación de campos propios y arrendados. Las operaciones se pactaban con plazos de pago de entre 30 y 60 días, una modalidad habitual en la comercialización ganadera.

Frente a los cheques impagos, la cooperativa cursó intimaciones para exigir su cobro. La persistencia de los incumplimientos llevó luego el reclamo a Tribunales, donde el pedido de la acreedora terminó con la declaración de quiebra. El caso expone el volumen de financiamiento que involucra la compraventa de hacienda: una jaula de unos 50 animales puede representar una operación cercana a los $100 M. Esa referencia permite dimensionar los compromisos que se generan en el circuito comercial, aunque el monto específico de la deuda de El Regreso con Lehmann no fue informado.

Tampoco conocen con claridad desde la Cooperativa las causas económicas que llevaron a la sociedad a dejar de pagar, algo que por el contrario siempre se detalla cuando una compañía con dificultades para asumir sus compromisos tiene dificultades y recurre de motu proprio a la Justicia Civil y Comercial. 

Para intervenir en el proceso fue designado síndico el contador Daniel Aníbal Vidaurre, con domicilio constituido en Libertad 1666 de San Javier. La resolución fijó el 19 de octubre como fecha límite para que los acreedores presentarán sus pedidos de verificación.

El cronograma judicial contempla la presentación de los informes individuales de la sindicatura para el 12 de diciembre y del informe general para el 19 de febrero de 2027. Esas instancias permitirán conocer con mayor precisión la composición del pasivo y la situación patrimonial de la firma.