Una transportista de Acindar entró en concurso con deudas por $1.500 M

La caída de los viajes para la industria y el aumento de los costos operativos empujaron al concurso preventivo a Expreso El Tero SA, otra transportista familiar de larga trayectoria que recurrió a Tribunales para recomponer su horizonte de deudas. Con base en Villa Constitución, la compañía tiene a Acindar entre sus principales clientes. La firma declaró un pasivo cercano a los $1.500 M, compuesto casi en su totalidad por obligaciones fiscales y financieras, y busca ordenar sus deudas mientras mantiene la operación.

“La demanda de trabajo ha bajado mucho y los costos han aumentado exponencialmente”, explicó Andrés Ferrero, abogado de la compañía, quien intervino en la preparación del proceso concursal. Según describió en diálogo con Punto biz, la empresa arrastraba dificultades desde hacía algunos años, pero el deterioro se profundizó durante el último año hasta desembocar en la presentación judicial.

El vínculo con la actividad industrial resulta central para entender el cuadro. La transportista presta servicios principalmente a Acindar y continúa trabajando con la siderúrgica, aunque con un menor volumen de tareas, de acuerdo con el letrado. Esa retracción redujo el trabajo disponible para una estructura que debe afrontar los gastos de funcionamiento y mantenimiento de una flota importante.

El encarecimiento de los insumos y de la conservación de los camiones agregó presión sobre las cuentas. Con menos viajes y mayores erogaciones, las obligaciones se acumularon hasta configurar una situación que la firma procura encauzar mediante el concurso.

Ferrero ubicó el pasivo declarado en torno de los $1.500 M, aunque su composición definitiva quedará sujeta a la verificación de los créditos. Los principales acreedores son los bancos y el fisco, mientras que las deudas con proveedores representan una porción menor. El abogado hizo especial hincapié en la situación del personal: “No tiene ningún pasivo laboral, no ha habido despidos”. La compañía emplea a entre 60 y 70 personas, con una dotación que, según señaló, cuenta con muchos años de antigüedad.

La apertura del concurso fue dispuesta el 7 de octubre, en un expediente que tramita ante el Juzgado Civil y Comercial de Primera Nominación de Villa Constitución. Según actualizó Ferrero, la sindicatura ya aceptó el cargo y se fijó el 21 de diciembre como plazo para presentar los pedidos de verificación de créditos, fecha que será informada mediante edictos ampliatorios.

La empresa mantiene su sede y su principal infraestructura logística en Villa Constitución, donde concentra la mayor parte de su superficie cubierta. Según explicó su abogado, no cuenta con bases propias en otras localidades, aunque utiliza algún depósito compartido con otra firma. La presidencia del directorio está a cargo de Juan Carlos Dianda.

Pese al proceso judicial, Ferrero aseguró que la actividad continúa con normalidad y que los clientes comprendieron la situación. La conservación de esos vínculos comerciales constituye una pieza central para sostener la operación durante la etapa concursal.

Por ahora, la firma no tiene definida una propuesta de pago para sus acreedores. El primer paso será consolidar el pasivo a partir de la verificación y, con ese panorama, terminar de evaluar las alternativas de reestructuración. “Estamos analizando todas las alternativas. Queremos primero tener el pasivo consolidado”, indicó Ferrero. El objetivo inicial es reorganizar las obligaciones conservando la estructura operativa y los puestos de trabajo. “La idea no es desvincular a nadie”, remarcó.