El Gobierno va a la ONU para frenar a las petroleras en Malvinas

El Gobierno nacional recurrió este martes al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar frenar Sea Lion, el proyecto petrolero que impulsan Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration al norte de las islas Malvinas. Solicitó medidas provisionales después de que venciera el plazo de dos semanas que había otorgado al Reino Unido para detener las actividades.

El planteo busca una intervención urgente del tribunal, con sede en Hamburgo, mientras se constituye el órgano arbitral que deberá analizar el conflicto de fondo. Según informó la Oficina del Presidente, la Argentina apunta a preservar los derechos soberanos que reclama sobre su plataforma continental y evitar que el avance del emprendimiento agrave la controversia con Londres.

Sea Lion está ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago. Navitas Petroleum controla el 65% del proyecto y la británica Rockhopper Exploration posee el 35% restante. Las compañías prevén iniciar las perforaciones de desarrollo en 2027 y comenzar la producción comercial durante el primer trimestre de 2028.

La presentación argentina no suspende automáticamente las operaciones ni modifica por sí sola ese cronograma. Los jueces deberán evaluar si corresponde imponer restricciones y si existe una urgencia que justifique proteger los derechos en disputa antes de que avance el arbitraje.

La estrategia había sido anunciada por Javier Milei el 28 de septiembre, cuando instruyó a la Cancillería y a los equipos legales del Estado a iniciar un procedimiento bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). La gestión está a cargo del ministerio que encabeza Pablo Quirno, con intervención de la Consejería Legal Internacional y la Procuración del Tesoro.

El Ejecutivo sostiene que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido vulneran los derechos argentinos sobre esos recursos. También argumenta que contradicen las resoluciones de Naciones Unidas que instan a evitar modificaciones unilaterales mientras continúe la disputa.

El pedido de medidas provisionales constituye una instancia distinta del arbitraje principal y busca una respuesta más rápida. No solicita al Tribunal del Mar que resuelva la soberanía territorial de las islas, sino que intervenga sobre las obligaciones marítimas que la Argentina considera incumplidas. Su decisión determinará si Sea Lion puede continuar sin restricciones mientras se tramita el conflicto.