Desarrolladora vendió departamento que nunca entregó y quedó embargada

La firma rosarina Tres F Desarrollos quedó en la mira de la Justicia con un embargo preventivo por $170 M por un departamento que vendió desde el pozo y nunca entregó. El embargo en cuestión pesa sobre el lote de Callao 458, en el corazón de Pichincha, donde la compañía proyecta levantar el edificio “Fénix 6”. La medida fue dictada en el marco de una demanda iniciada por una inversora que en octubre de 2022 compró de contado —en dólares billete— un departamento de un dormitorio “desde pozo” en dicha dirección y, a más de tres años de la operación, no solo no recibió la unidad sino que la obra ni siquiera comenzó.

El caso suma un condimento singular: según surge del expediente administrativo incorporado a la causa, los permisos de obra para el edificio se solicitaron recién el año pasado, es decir, tres años después de la firma del boleto de compraventa.

La abogada de la demandante, María Soledad González, explicó a Punto biz que su clienta adquirió la unidad con fecha de entrega prevista para marzo de 2025, con una prórroga excepcional de 90 días. “El plazo venció y ni siquiera estaban iniciadas las obras. Mandamos carta documento y nos respondieron reconociendo el incumplimiento”, detalló.

El departamento originalmente vendido era de un dormitorio, 45 metros cuadrados, en una zona premium: a tres cuadras del río. Pero cuando la desarrolladora finalmente activó el expediente municipal, el proyecto presentado ya no contemplaba unidades de esas características.

“Ellos unilateralmente cambiaron el objeto del contrato. El edificio que ahora se proyecta no tiene departamentos de 45 metros como el que le vendieron a mi clienta”, sostuvo González.

Ante el reclamo, la empresa ofreció dos alternativas: un departamento sin fecha de entrega o una unidad en otro barrio —Corrientes y el río, o calle San Juan— con plazo estimado para fin de este año. Ninguna de las opciones convenció a la compradora.

“Si no cumplieron con este contrato, ¿por qué van a cumplir con el otro?”, cuestionó la letrada. Según relató, la propuesta económica también fue considerada insuficiente. Previo a la demanda principal, la defensa promovió un aseguramiento de prueba y solicitó copia del expediente administrativo. Allí consta que los permisos de construcción fueron gestionados recién en 2025.

“Estamos hablando de tres años después de la venta. Evidentemente cambiaron sus intereses económicos en el medio, pero el proyecto no es el mismo que se le había planteado a mi clienta”, señaló González. Hasta fines del año pasado, en el terreno de Callao 458 solo había una empalizada, según la constatación realizada por oficial de justicia que fue incorporada al expediente.

El embargo preventivo —dictado antes de la feria judicial y efectivizado en diciembre— recae sobre el inmueble donde se proyecta el edificio. La medida se conoció públicamente ahora, tras la registración definitiva en el Registro de la Propiedad. “El problema va a ser para quienes compren las unidades. Mientras no se levante el embargo, no van a poder escriturar”, advirtió la abogada. De hecho, el proyecto se encuentra actualmente en comercialización a través de distintos portales inmobiliarios y corredores.

La suma embargada, $170 M, surge de una estimación que incluye el valor actual del departamento —tasado en unos u$s90.000 al momento de interponer la demanda— más rubros indemnizatorios como daño moral y daño punitivo. “El juzgado entendió que la estimación era razonable y por eso dio curso a la medida”, explicó González.

La causa judicial sigue su curso mientras la desarrolladora avanza con la preventa del nuevo proyecto. Para la demandante, el objetivo es recuperar el capital invertido más los daños derivados del incumplimiento. “El incumplimiento está reconocido. Por eso solicitamos y obtuvimos el embargo, prestando la fianza correspondiente”, concluyó la letrada.