Defensa de financista preso por estafa pide sobreseimiento

La causa penal que tiene como principal acusado al financista rosarino Pablo Arcamone, titular del Grupo América, ingresará este lunes en una etapa decisiva. A partir de las 8 de la mañana, en el Centro de Justicia Penal de Rosario, se desarrollará la audiencia preliminar, la instancia previa al juicio oral en la que las partes discutirán la validez de la prueba reunida durante la investigación y fijarán el alcance del futuro debate.

Arcamone llega a esta instancia detenido, al igual que su socio, el contador Martín Fernández, ambos acusados como coautores de 23 hechos de estafa vinculados a la captación de fondos de ahorristas e inversores que, según la acusación, nunca fueron restituidos.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA), a través del fiscal Sebastián Narvaja, requirió una pena de 7 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ambos imputados. El monto de la pena había trascendido inicialmente como de ocho años, aunque posteriormente la propia Fiscalía corrigió ese error material. Las querellas se adhirieron íntegramente al planteo fiscal. "Las querellas adhirieron al pedido de la Fiscalía, así que todos pidieron siete años", confirmó a Punto biz el abogado defensor Renzo Biga.

La estrategia de la defensa estará centrada en cuestionar la existencia misma del delito. Biga explicó que no desconocen que existen acreedores ni las deudas que dieron origen al conflicto, pero sostienen que ello no configura una estafa penal. "Nosotros no desconocemos la existencia de acreencias por parte de los denunciantes para con la Mutual Pedro de Mendoza. De hecho, actualmente la mutual se encuentra en concurso preventivo de acreedores, con unos 50 acreedores verificados, muchos de ellos son los propios denunciantes. De la totalidad de los denunciantes, solo algunos no han verificado en el concurso", señaló.

Para la defensa, el eje de la discusión pasa por determinar si existió o no un engaño deliberado desde el inicio de la relación con los inversores. "Lo que sí discutimos es la existencia del delito de estafa, es decir, que se haya desplegado un ardid para hacer incurrir en error a los acreedores. Ese básicamente es el contradictorio", sostuvo el penalista.

La postura choca de frente con la teoría del caso construida por la Fiscalía y las querellas. Mientras la acusación sostiene que Arcamone y Fernández captaban fondos sabiendo de antemano que no podrían devolverlos, la defensa plantea que se trató de un proyecto empresario que terminó colapsando financieramente. "Para la Fiscalía y la querella Arcamone captaba inversores a sabiendas de que no iba a cumplir, y para la defensa es diametralmente opuesto. De hecho, a muchos se les cumplió, y quien desde el inicio tiene intenciones de estafar no hace todo lo posible por cumplirles a sus acreedores", afirmó Biga.

La audiencia preliminar también marcará la posición procesal definitiva de la defensa. En esta instancia no corresponde discutir la culpabilidad o inocencia de los imputados —algo reservado para el juicio oral— sino resolver si la acusación reúne los requisitos legales para avanzar. En ese sentido, la estrategia de Biga será solicitar el rechazo de la acusación o, eventualmente, el sobreseimiento de sus asistidos, al entender que los hechos investigados no encuadran en el delito de estafa sino en un incumplimiento patrimonial derivado de la crisis de la Mutual Pedro de Mendoza.

La causa comenzó con trece hechos imputados, pero durante la investigación el fiscal Narvaja incorporó nuevas denuncias hasta alcanzar 23 episodios, todos bajo la figura de estafa. Según la acusación, Arcamone y Fernández utilizaron la estructura de la mutual y otras sociedades del Grupo América para captar inversiones ofreciendo altos rendimientos, ocultando que el esquema era financieramente inviable. Esa hipótesis es la que buscará sostener la Fiscalía durante el juicio, mientras que la defensa intentará demostrar que existió una operatoria real, que durante un tiempo cumplió con los compromisos asumidos y que el incumplimiento posterior no convierte automáticamente el conflicto en una maniobra criminal.

Si el juez admite la acusación y rechaza los planteos de la defensa, la causa quedará en condiciones de ser elevada a juicio oral y público, donde se definirá la responsabilidad penal de Arcamone y Fernández en uno de los expedientes por presuntas estafas financieras de mayor impacto registrados en Rosario en los últimos años.