Constructor complicado: cobró en dólares, incumplió y fue imputado por estafa

La unidad de Delitos Económicos a cargo del fiscal Miguel Moreno logró imputar al constructor Eduardo Néstor Carelli, titular de Urbe Construcciones SA, en una causa que se inició por la denuncia penal de tres ahorristas que pagaron en dólares por departamentos en un proyecto edilicio desde el pozo que nunca se concretó

“Se prometían monoambientes y departamentos de un dormitorios, se llegó a interesar a un cúmulo de personas en el marco de un proyecto que se iba a financiar desde el pozo. Se partió de una inversión inicial de u$s35.000 para completar luego en cuotas para la adquisición de materiales a medida que la obra avanzara, pero la torre nunca se concretó”, sintetizó Mariano Savia, abogado de los damnificados.

Lo cierto es que la investigación avanzó en el fuero penal. Las acciones derivaron en allanamientos para dos personas que eran colaboradores de la firma constructora y recibían el dinero de los clientes, se dictaron embargos y el accionar del MPA posibilitó que se descubrieran activos escondidos. También se determinó una inhibición general de los bienes de quien finalmente fue imputado en las últimas horas. A Eduardo Néstor Carelli lo encuentran sospechoso de tres hechos de estafa en concurso real contra tres damnificados 

Uno de los casos tiene como protagonista a un hombre de 45 años que en 2015 desembolsó unos 40 mil dólares de una indemnización laboral para poder acceder a la vivienda propia, un monoambiente de 25 metros cuadrados.

El hecho es similar al de las decenas de historias que vinculan a ciudadanos que, con algunos ahorros o cierta disponibilidad económica, ven la oportunidad de una inversión o la alternativa para solucionar el arraigado anhelo del techo propio.

Uno de ellos fue Alejandro A., quien seducido por la propuesta de Urbe, que ofrecía la posibilidad de adquirir un departamento “desde el pozo” en Cerrito 1194, piso 6, unidad E. La propuesta le pareció razonable y formalizó las condiciones con la empresa.

El 1º de diciembre de 2016 firmó un contrato de compraventa donde se establecían los plazos de obra y demás cláusulas, y pagó 495.766 pesos (a cotización del dólar del momento eran unos 31.250 dólares) con varios cheques

Además, abonó cuotas mensuales y consecutivas de entre 7.000 y 8.000 mil pesos hasta mediados de 2018, cuando estaba prevista la entrega del monoambiente. Quien emitía los recibos por esos pagos era una colaboradora del imputado, en una oficina de Pellegrini al 3800.

Sin embargo, el proyecto se demoraba. En 2017 la empresa alegó retrasos en la ejecución de la obra. Pero apelaba a ciertas estrategias para que las maniobras o el verdadero estado patrimonial no quedaran a la vista. Y cada tanto se realizaban reuniones donde se exponían los proyectos, se recorrían los terrenos y se entregaban planes de obra con etapas e inversiones.

Cuando advirtió que la obra se desvanecía por completo, Alejandro trató infructuosamente de recuperar su dinero, tuvo reuniones con los responsables de la constructora, que le ofrecieron otras locaciones, pero no obtuvo respuestas acordes a sus reclamos. Al sentirse estafado, en abril de este año presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde acompañó evidencias.