Con deudas y conflictos laborales, santafesina pidió el concurso preventivo

La empresa Seguridad Privada Keeper SRL, con base operativa en la ciudad de Santo Tomé, quedó formalmente bajo concurso preventivo de acreedores, en un proceso que expone la delicada situación financiera que atraviesa la firma y que ya había tenido derivaciones laborales durante el año pasado.

La apertura del concurso fue dispuesta por el Juzgado de Distrito Civil y Comercial de la 1ª Nominación de Santa Fe. A partir de la resolución judicial, los acreedores podrán verificar sus créditos hasta el 13 de marzo de 2026, ante la síndica designada, María Nieves González Rueda. El proceso quedó a cargo del juez Carlos Marcolín, con la secretaría de María Romina Botto.

La apertura del concurso se da en un contexto de tensión financiera creciente. De acuerdo con los registros de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Seguridad Privada Keeper SRL mantiene una deuda por $30,6 millones con el Banco Bica, uno de los principales pasivos financieros identificados en el sistema.

Ese nivel de endeudamiento, sumado a la caída de actividad que la propia empresa había reconocido meses atrás, terminó de configurar un escenario que derivó en la presentación concursal, con el objetivo de reordenar pasivos y evitar una cesación de pagos definitiva.

El proceso judicial encuentra antecedentes directos en el conflicto laboral que la firma atravesó en julio del año pasado, cuando fue objeto de protestas y medidas gremiales impulsadas por el Sindicato de Seguridad e Investigaciones Privadas (SSIP).

En aquel momento, el gremio declaró el estado de alerta y movilización contra la empresa, luego de que Keeper comunicara la pérdida de clientes y la reducción de horas de servicio, lo que derivó en una disminución de la jornada laboral del personal y el pago parcial de los salarios, abonados únicamente en función de las horas efectivamente trabajadas.

Desde el sindicato cuestionaron en 2025 esa decisión, recordando que la legislación laboral establece el derecho al cobro íntegro del salario cuando se supera las dos terceras partes de la jornada habitual, y denunciaron además retrasos en el pago de sueldos y del primer tramo del aguinaldo. Incluso, la conducción del SSIP había anticipado la posibilidad de nuevas medidas de fuerza, tras convocar a asambleas con los trabajadores en la ciudad de Santa Fe.