Negocios

La Gran Estafa Inmobiliaria

A punto de ir a juicio embiste contra un arreglo que sobreseyó a dos acusados

Juan Chiummiento

Imputado pide que investiguen el pacto a partir del cual el ejecutivo de un diario y un agente de bolsa quedaron libres de culpa y cargo.

El juicio por la Gran Estafa de propiedades inmobiliarias aún no arrancó en los tribunales de Rosario pero promete ponerse incandescente. Es que uno de los principales imputados a punto de ir a juicio pidió que se investigue al fiscal Sebastián Narvaja por presunto delito de omisión de persecución, tras el polémico acuerdo que sobreseyó a dos empresarios en su momento inculpados: Pablo Abdala y Jorge Oneto. Se trata del ex agente de autos Roberto Aymo, quien planteó que dicho procedimiento le habría ocasionado un perjuicio a la Provincia de "por lo menos" $ 91,3 M.

Según el relato de Aymo, sobre el que pesan acusaciones que van desde la falsificación ideológica de instrumento público hasta la estafa, al retirar y desistir la acusación, Narvaja "renunció a reclamar" esa cifra de dinero a Abdala y Oneto, "por concepto de multa". El pedido del imputado fue recibido por el fiscal Carlos Covani el pasado 6 de julio.

Vale recordar que en octubre de 2018, luego de ser rechazado en primera instancia, el juez de Cámara Daniel Acosta aceptó el denominado "criterio de oportunidad" y dio por desistida la acción penal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) respecto del gerente de La Capital Pablo Abdala y el agente bursátil Jorge Oneto. Ambos zafaron de la causa solo con el pago de un resarcimiento a los damnificados.

En su declaración ante Covani, Aymo se pregunta si antes de lograr este acuerdo Narvaja recabó la conformidad de Fiscalía de Estado provincial, ya que "de acuerdo a la tesis de la fiscalía, deberían haber ingresado a las arcas del Estado provincial" $91.295.000. Tal monto surge de la propia acusación del MPA, que había planteado multas para Abadala y Oneto por $36,5 M y $54,7 M respectivamente.

"Según (...) explicó el propio Sebastián Narvaja, en el delito de "Lavado de Activos" el "bien jurídico protegido" sería el orden económico-financiero, que involucra a la administración pública local, en este caso de la Provincia de Santa Fe", señaló Aymo, que planteó que fue el propio Narvaja quien "en aras de defender la competencia provincial expuso el supuesto "perjuicio" que las supuestas maniobras que imputó habrían causado al fisco provincial".

No se trata de la primera vez que el ex agente de autos denuncia a Narvaja. En otras ocasiones planteó irregularidades en su accionar durante la causa, aunque ninguna de ellas tuvo curso favorable. Esta vez Aymo va un poco más allá, al cuestionar el acuerdo que permitió que Abdala y Aymo salieran libres de culpa y cargo, muy polémico en su momento. Al plantear el acuerdo, Narvaja dijo actuar siguiendo instrucciones del por entonces jefe de los fiscales en Rosario, Patricio Serjal y llevó al juez ese planteo tras padecer fuertes presiones mediáticas y del Senado provincial, donde un grupo encabezado por el senador Armando Traferri lo había puesto en jaque luego de ser investigado por manejos irregulares en los subsidios que manejan los senadores. 

Pasados seis años desde la denuncia de la Gran Estafa Inmobiliaria, y las atribuciones de los legisladores sobre los fiscales sigue siendo tema de discusión en la política y la justicia santafesina, pero el escenario ya no es el mismo. Serjal y Traferri están imputados por integrar una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de brindar protección al juego clandestino.  

 

Cómo sigue el juicio

El juicio por la  Gran Estafa Inmobiliaria -en el que están imputadas 15 personas- tenía como fecha de arranque el próximo 24 de septiembre y se iba a extender hasta el lunes 13 de diciembre. Sin embargo, la Justicia ya decretó que el inicio se correrá, al menos, hasta el 19 de octubre. Fuentes tribunalicias aseguraron que no será la única prórroga, por lo que no se descarta que su comienzo sea recién en 2022.

 

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