En medio de las audiencias de conciliación que arbitra el Ministerio de Trabajo de la Provincia en búsqueda de una alternativa para que Trechel (Bodegas Litoral SA) siga abierta, punto biz accedió al expediente del pedido de quiebra que los dueños presentaron en el fuero civil y comercial dónde explican las condiciones de un mercado complejo que los dejó sin aire. Un derrotero similar al de otras empresas medianas del rubro de las gaseosas y aguas saborizadas que bajaron las persianas por fenómenos comunes. Subas de la carga laboral, carencia de reinversión tecnológica y los cambios en el hábito de consumo, son algunos de los fundamentos.
Mientras el futuro resulta incierto para los 25 trabajadores de la planta ubicada en Caseros al 100, que -solo por ahora- podrán volver a producir el remanente de partidas pendientes antes de la crisis, el análisis de las causas que obligan a los gerenciadores a querer desprenderse de la compañía que hasta el cese de la fabricación venía entregando a buen ritmo mercadería, se vuelve fundamental para graficar una situación que no es aislada. Existen antecedente en la región, tal las crisis de Naranpol y Asunción
“Según han explicitado en la presentación, el pedido de quiebra está fundado en las serias dificultados para adaptarse al mercado del consumo contemporáneo, que hoy requiere de nuevos productos, que se valen de un fuerte recambio tecnológico”, extrajo del expediente la jueza Silvia Ana Cicuto, al frente del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rosario donde se tramita la solicitud que todavía no se decretó, en contacto con punto biz.
Precisamente el tema de las preferencias del consumidor que evidentemente encuentra en las grandes marcas nuevas alternativas causa un efecto letal en los fabricantes más pequeños. “Una de las cuestiones que expresaron, por ejemplo, fue el éxito de los jugos en polvo, que para incorporarlos al portfolio requieren de una infraestructura que Bodegas Litoral no tiene”, mencionó la jueza. Trechel producía jugos concentrados disponibles a bajo precio y ese mercado se achicó en manos de los jugos en polvo y las aguas saborizadas.
“La carga laboral en acenso fue otro de los puntos expuestos por la gerencia de la firma”, agregó la magistrada argumentando las evidentes complicaciones con las exigencias gremiales. El Sindicato Único Trabajadores de Aguas es el que hoy nuclea a los trabajadores de Bodegas Litoral y al parecer pauta salarios muy por encima de los topes del sindicato de vitivinicolas, al que antes adscribían los trabajadores.
En el marco de la exposición presentada en los Tribunales provinciales el 19 de marzo (casi en simultáneo con la paralización de las líneas de producción), la jueza no recibió precisiones en relación al pasivo que enfrenta la conducción de la empresa, aspecto que resulta llamativo cuando hay un interés marcado en cesar ordenadamente la actividad comercial. “La propia quiebra constituye en sí misma la prueba más cabal de la cesación de pagos, por lo tanto la determinación del pasivo real es una de las pautas fundamentales una vez que el trámite avance, justamente buscamos determinar cuál es al cifra certera de las obligaciones que Bodegas Litoral SA debe enfrentar”, respondió a punto biz Luciano Carbajo, abogado de la empresa.
El martes se realizó la segunda reunión de conciliación entre el personal del sindicato y la defensa de la firma. Del encuentro, los trabajadores salieron con un mensaje esperanzador, es que al parecer hay un interesado en adquirir la planta y absorber al personal. “No podemos dar demasiados detalles, pero solo adelantamos que el interesado no pertenece al rubro”, deslizó Carbajo, abogado de Bodegas Litoral quién reflejó que “el interés de los propietarios actuales es el de ayudar a preservar la fuente de trabajo, ya sea a través de un nuevo dueño o mediante una alternativa cooperativa”.
Justamente ese interés de los gerenciadores actuales por dejar las riendas a una gestión que pueda continuar con la fábrica en operaciones es uno de los elementos que hoy mantiene la quiebra en stand by. “No está decretada porque los abogados de la firma deben contestar una serie de oficios que hemos ordenado”, mencionó la jueza Cicuto. Al parecer, el interés empresario es el de mantener frenado el trámite en los tribunales mientras se siga negociando con los trabajadores.
