Una empresa bajó la persiana por un conflicto con Camioneros

Una pyme dedicada a la distribución de productos alimenticios en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires bajará definitivamente la persiana porque perdió a todos sus proveedores. De acuerdo con la denuncia penal realizada por los dueños, se el cierre se debe a las amenazas de dirigentes del sindicato de Camioneros. Con base de operaciones en La Matanza, Don Juan distribuye productos que les adquiere a otras firmas.

El conflicto durante años y los incidentes de bloqueos y agresión física de los últimos meses habrían provocado que las principales empresas con las que trabajaban decidan romper la relación contractual, tras décadas de trabajo en conjunto. Entre ellas se encuentran Molinos Río de la Plata y British American Tobacco, según la firma.

De acuerdo con el testimonio de sus abogados y lo que consta en los escritos presentados ante el juzgado, los proveedores de productos de Don Juan rescindieron sus contratos bajo aplicación de formalismos salvables y que no se ejecutaban hace años, como por ejemplo el cumplimiento de una garantía de la que, según la empresa, podían dar constancia.

La denuncia, que recayó sobre la unidad funcional de instrucción y juicio (UFI) 9, incluye los delitos de extorsión, coacción, turbación de la propiedad, lesiones y compulsión a la huelga contra Hugo Moyano, Alberto Antonio Real, Pablo Gabriel Villalba, Gustavo Fleitas y Mario Villalba, todos ellos representantes del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca), junto con tres delegados de personal del sindicato y 64 trabajadores.

Don Juan tiene sede principal en Villa Luzuriaga y es principal fuente de ingreso de 120 familias. En 2008 comenzó el conflicto con Camioneros, que habría obligado a la empresa -con 30 años de experiencia- a traspasar a sus conductores de camionetas del convenio de comerciantes al de camioneros, pese a que el servicio de logística que proveen no recae en las actividades de la organización que conducen los Moyano.

Por presiones, Don Juan abrió una nueva empresa, con los mismos dueños, llamada “Anexo”. La finalidad era separar el régimen laboral de los trabajadores de la distribuidora de los de la parte de transporte. Esta operación los condujo a triplicar sus costos y endeudarse en tributos.

Según cuenta el diario La Nación, el 23 de septiembre pasado, un grupo de trabajadores ingresó a la sede de manera “violenta e intimidatoria”. Nancy Bustos, socia y cónyuge del dueño de la empresa, les solicitó a los trabajadores que retomaran su trabajo para realizar las entregas pautadas para ese día. La negativa implicó un confrontamiento de parte de Federico Rodríguez, delegado del sindicato.

La discusión se tornó en agresión física. Rodríguez lanzó un “golpe de puño”, según la denuncia, lo que aparejó una rotura de ligamento del dedo mayor de la mano izquierda de Bustos.

El escrito fue acompañado de certificados médicos del Hospital Italiano, adonde acudió para recibir atención profesional. Rodríguez había sido desvinculado de la empresa en 2010 por violencia, pero “atento la coacción y presión recibida desde el Sindicato de Choferes de Camiones, se accedió a reincorporarlo al sólo efecto de poder continuar trabajando de la manera normal y habitual”, según consta en el expediente.

Luego de este enfrentamiento, tomaron el predio 50 personas ajenas a la empresa. Entre ellos estaba Real, Fleitas y Villalba, representantes de la Delegación San Justo del Sindicato de Choferes de Camiones. Los filmaron y amenazaron con bloquear la operatoria.

El 27 de octubre, otro hecho produjo un parate en el trabajo de la compañía. Luego de que se sancionara a dos trabajadores, Ezequiel Zazzarini, un delegado de personal, habría indicado a sus compañeros que dejaran sus puestos de trabajo. Se ubicaron en el portón de la empresa para jugar al fútbol y al tenis, bloqueando el ingreso a la propiedad. La empresa decidió retirar la suspensión de los dos trabajadores para poder continuar sus operaciones.

Las autoridades de la empresa llamaron a Real para obtener explicaciones sobre los incidentes. Este los habría citado a una reunión en la sede del sindicato el primero de noviembre. La sorpresa para los representantes de Don Juan fue que se encontraron con dos abogados de la compañía Molinos Río de la Plata, la principal proveedora de la empresa, según el desarrollo de hechos de la denuncia. Estuvo presente Marcelo Aparicio, secretario Gremial de Camioneros, quien “condujo toda la reunión”. 

“Claramente que, si Molinos Río de la Plata S.A. se viera perjudicada a raíz del vínculo comercial que lo une con Distribuidora Don Juan SRL o Transporte Anexo S.A. es inminente y altamente probable que rescinda el contrato comercial, a fin de evitar conflictos y posibles bloqueos. Coaccionar las voluntades de las principales empresas que trabajan con la compañía que se intenta extorsionar, también forma parte del modus operandi del Sindicato de Camioneros, lo que es de notorio y público conocimiento entre las empresas del rubro del transporte”, menciona la denuncia.

Tras esa reunión, Juan Milohanich, el presidente de la empresa, habría recibido un llamado de un número desconocido. Era Aparicio. De acuerdo con la denuncia, el secretario Gremial le habría dicho que no interrumpa las negociaciones, ya que Molinos Río de la Plata se habría comprometido a pagar una suma dineraria para solucionar el conflicto. “Le comentó a Juan que ´aproveche´el miedo que la empresa Molinos Rio de la Plata S.A. tiene sobre él, y sobre las posibilidades de impedirle el trabajo en el país, con el objeto de que Transporte Anexo S.A. le exija el pago del dinero que el Sindicato nos impuso sobre nuestra empresa”, se denunció formalmente.

Ante la negativa de Milohanich, comenzaron los bloqueos a la empresa. El 28 de diciembre pasado, Don Juan recibió una carta documento de rescisión del contrato por parte de Molinos. “La relación contractual queda definitivamente resuelta ante sus múltiples, reiterados y graves incumplimientos”, menciona el documento.