Por Redacción
El oficialismo busca aprobar su primera “ley de leyes”, con metas económicas ambiciosas y cambios en gasto social y educativo.
La Cámara de Diputados enfrenta este miércoles una sesión decisiva para el Gobierno de Javier Milei. La Libertad Avanza intentará avanzar con la aprobación del Presupuesto 2026, junto con los proyectos de Inocencia Fiscal y Compromiso Fiscal, en una votación que pondrá a prueba los acuerdos políticos con gobernadores y bloques dialoguistas.
El debate llega luego de que el oficialismo lograra dictamen de mayoría en la comisión presidida por Bertie Benegas Lynch, aunque con disidencias incluso dentro de aliados parlamentarios. El escenario anticipa una discusión extensa y con final abierto.
Para el Ejecutivo, la sanción del Presupuesto significaría cerrar dos años consecutivos de prórrogas del último cálculo de gastos aprobado en 2022, durante la gestión de Alberto Fernández, y contar por primera vez con una hoja de ruta fiscal alineada con su programa económico.
# Proyecciones macroeconómicas bajo la lupa
El proyecto prevé para 2026 un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio oficial mayorista de $1.423 para diciembre. Este último supuesto ya genera cuestionamientos, dado que el dólar superó ese nivel antes de que comenzara el debate legislativo.
En materia de precios, el Gobierno estima una inflación interanual del 24,5%, por encima de las proyecciones del mercado relevadas por el Banco Central. También el crecimiento económico aparece como uno de los puntos más optimistas del Presupuesto frente a las estimaciones privadas.
Otro dato que concentra atención es el deterioro proyectado de la balanza comercial: el déficit de bienes y servicios pasaría de u$s2.447 M en 2025 a u$s5.751 millones en 2026, un número que despierta interrogantes en un esquema económico que prioriza el equilibrio externo.
# Gasto social y cambios de fondo
Desde el Gobierno sostienen que el gasto social crecerá en términos reales. El Presupuesto contempla aumentos del 5% en jubilaciones, del 17% en salud y del 8% en educación, con partidas para universidades nacionales por $4,8 billones.
Sin embargo, el articulado incluye modificaciones estructurales. El proyecto propone derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, una decisión que ya generó rechazo de bloques opositores y tensiones dentro de sectores dialoguistas.
Además, se elimina el mecanismo de actualización automática de la Asignación Universal por Hijo y del resto de las asignaciones familiares. Según advierten organizaciones especializadas, el cambio implica desligar estos beneficios de la movilidad jubilatoria y modifica el esquema de protección del ingreso real.
# Educación y ciencia, en el centro del debate
Uno de los capítulos más controvertidos del Presupuesto 2026 es el educativo. El texto elimina la pauta legal que fija una inversión mínima del 6% del PBI para educación, reduce progresivamente el financiamiento en ciencia y tecnología y suprime el Fondo Nacional para las Escuelas Técnicas.
De acuerdo con un informe de Argentinos por la Educación, la participación del gasto educativo en el PBI caería al 0,75%, el nivel más bajo de la última década, con impacto directo en salarios, infraestructura y políticas de alfabetización.
# Recaudación e impuestos
En el frente fiscal, el Gobierno proyecta un crecimiento real del 11% en la recaudación tributaria. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero percibiría $90,3 billones en 2026, impulsada por Ganancias, IVA y tributos vinculados a la actividad económica.
Llaman la atención los fuertes incrementos previstos en los impuestos a los combustibles líquidos y a las emisiones de dióxido de carbono, que crecerían un 55% real tras la reactivación de actualizaciones postergadas.
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