Moratoria para empresas: prorrogan plazo y simplifican balances

La Inspección General de Justicia (IGJ) prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo para que empresas y entidades regularicen la presentación de estados contables y documentación relacionada. La medida quedó formalizada a través de la Resolución General 6/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

El régimen permite ponerse al día mediante el pago de un único formulario, sin importar la cantidad de ejercicios involucrados. La moratoria había sido habilitada por la Resolución General IGJ 4/2025 y ya había tenido una prórroga previa hasta el 30 de junio de 2026.

Con la nueva extensión, el beneficio también alcanza a los estados contables y documentación relacionada con cierre al 30 de junio de 2026. El objetivo del organismo es facilitar la regularización de las entidades que todavía mantienen presentaciones pendientes.

La resolución también introduce un cambio operativo clave: desde su entrada en vigencia, las presentaciones deberán realizarse a través de un sistema digital que estará disponible en el sitio web de la IGJ. La plataforma permitirá cargar, firmar y remitir la documentación de manera electrónica, sin necesidad de concurrir a las oficinas del organismo.

Según planteó la inspección a cargo de Alejandro Horacio Ramirez, la digitalización busca reducir costos de traslado, acortar tiempos de espera y eliminar barreras que dificultaban el cumplimiento formal. El organismo sostuvo que la simplificación no implica desregular, sino quitar requisitos que generaban costos desproporcionados sin aportar una función útil.

La decisión respondió también a un pedido del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA), que había solicitado extender el plazo por la superposición de obligaciones tributarias, laborales y profesionales que afectaban tanto a las entidades como a los contadores intervinientes.

Como parte del alivio administrativo, la IGJ dispuso además suspender hasta fin de año el inicio y la tramitación de sumarios por incumplimientos en la presentación de balances. La única excepción serán los procedimientos que deban iniciarse, tramitarse o instruirse por orden judicial.