La mora de las familias abrió una batalla de números y lecturas

La morosidad de las familias se mantuvo en junio en 12,8% de la cartera bancaria, más del doble del 5,2% registrado un año atrás, y volvió a encender la discusión sobre cómo leer el deterioro del crédito. El debate enfrentó al Centro de Economía Política Argentina (CEPA) con un análisis elaborado por Matías Fernández, respaldado públicamente por Marcos Galperin y luego difundido por Javier Milei, con Mercado Pago en el centro de la controversia.

El punto de partida admite pocas discusiones. El Banco Central (BCRA) informó que la irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,6% durante junio, apenas por debajo del 7,7% de mayo. Dentro de ese universo, la mora de las familias quedó en 12,8%, mientras que la de las empresas alcanzó 3,5%. El freno de los últimos dos meses cortó la aceleración, pero dejó el indicador familiar en niveles muy superiores a los de 2025.

La tensión también se extiende por fuera de los bancos. El último informe disponible sobre proveedores no financieros de crédito mostró que la irregularidad de ese segmento había llegado a 26,9% en febrero, con 26,2% entre las fintech. En los préstamos personales, el incumplimiento escalaba al 34,1%.

Dos formas de mirar la misma mora

Fernández entró al debate con un procesamiento propio de la Central de Deudores del BCRA y del padrón de Arca. Su cálculo contabilizó 5,86 millones de personas con al menos una deuda en situación irregular sobre un universo de 20,86 millones de deudores. Medida por cantidad de personas, la tasa pasó de 13,6% en 2024 a 27,8% en junio de este año.

Su lectura puso el foco en una diferencia clave entre cantidad de morosos y volumen de dinero adeudado. El 17% de quienes estaban en mora debía menos de $100.000 y cerca del 40% acumulaba menos de un salario mínimo. En la otra punta, el 14,5% de los mayores deudores concentraba 73% del dinero impago. A partir de esa distribución, planteó que el aumento de incumplimientos convive con una expansión del acceso al crédito y con millones de personas que continúan pagando regularmente.

El argumento llevó directamente a Mercado Pago. Según ese procesamiento, Mercado Libre registraba 6,5 millones de personas con deuda y 1,11 millones en mora, equivalente a 17,1% de sus clientes financiados. Sin embargo, concentraba 2,86% del monto total en mora del sistema, con una mediana de deuda irregular de $116.000. Fernández sostuvo por eso que la billetera tenía muchos morosos, pero exposiciones individuales relativamente bajas.

El mismo trabajo calculó que los bancos tradicionales concentraban alrededor del 65% del dinero en mora. Entre Banco Nación y Banco Provincia reunían 15% del total, mientras que Banco Provincia por sí solo explicaba alrededor de 6,6%. Fue sobre esa comparación que Fernández definió a Mercado Pago como el "mejor alumno" dentro del sistema y cuestionó que el debate se hubiera concentrado sobre la compañía de Galperin.

La réplica de CEPA

CEPA salió a discutir esa conclusión y sostuvo que la expansión del universo de tomadores no alcanza para relativizar el deterioro. Según sus cálculos, desde 2024 el sistema sumó alrededor de 1,6 millones de deudores, mientras que la cantidad de nuevos morosos creció en unos 2,6 millones. En junio contabilizó 5,91 millones de personas en situación irregular dentro de un universo cercano a 21 millones.

El centro de estudios también cuestionó el papel asignado a Mercado Pago y puso el foco sobre el costo del financiamiento. En su respuesta señaló que las líneas de consumo y préstamos personales de la plataforma exhibían un Costo Financiero Total Efectivo Anual que iba desde 76,36% hasta 1.375,94%, de acuerdo con el perfil crediticio del cliente, y planteó que el sistema de scoring traslada el mayor riesgo a tasas más elevadas.

Otro punto del contrapunto fue el poder adquisitivo. CEPA cuestionó que el análisis relativizara la incidencia de los ingresos sobre la mora y vinculó el aumento de los incumplimientos con el deterioro de la capacidad de pago. Sin embargo, el trabajo de Fernández sí incluyó al salario, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo entre las variables que podrían explicar el fenómeno e incluso consideró a esta última más probable que el desempleo o la pobreza para explicar el avance de los atrasos. La diferencia estuvo, más que en reconocer esa variable, en el peso que cada análisis le asignó dentro del diagnóstico.

Algo similar ocurrió con los jóvenes. Fernández detectó que el grupo de 18 a 25 años presentó la peor tasa de mora, con 40,8% de sus deudores en situación irregular, y fue además el segmento que más aumentó su acceso al crédito. CEPA respondió que alrededor del 70% de los casos morosos se concentra entre los 25 y los 54 años. Las dos cifras miden cosas distintas: una compara el porcentaje de incumplidores dentro de cada franja etaria y la otra observa cómo se distribuye el total de morosos entre las distintas edades.

La discusión también se metió en la política económica. Fernández respaldó el criterio de que bancos y proveedores de crédito absorban el riesgo asumido sin un rescate generalizado, aunque propuso reforzar los controles sobre prestamistas no bancarios, revisar la carga impositiva que pesa sobre los créditos y atender especialmente el endeudamiento juvenil. CEPA, en cambio, cuestionó que el problema quede reducido a una relación entre privados y reclamó poner en primer plano las tasas, la capacidad de pago y las condiciones de renegociación.

Así, el contrapunto ya no pasa por determinar si la mora aumentó. Los datos del BCRA confirman que lo hizo con fuerza y que las familias resultaron el segmento más golpeado. La pelea está ahora en otra cancha: qué indicador refleja mejor el problema, cuánto explica la expansión del crédito, qué peso tienen los ingresos y las tasas y hasta dónde llega la responsabilidad de bancos y fintech. Junio dejó una primera señal de estabilización, pero todavía demasiado cerca de los máximos recientes como para cerrar el debate.