La jueza Preska resuelve si suspende la entrega de acciones de YPF

La jueza estadounidense Loretta Preska dará a conocer este lunes una decisión clave en el juicio por la expropiación de YPF: si le concede a la Argentina la suspensión de la entrega de acciones estatales mientras se tramita la apelación al fallo que la condenó a pagar u$s16.000 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park.

El país tenía como fecha límite hoy para depositar esos títulos en custodia en un banco de Nueva York, como parte del proceso de ejecución de sentencia. Sin embargo, el Gobierno pidió suspender esa orden y evitar así posibles sanciones por desacato mientras sigue apelando en instancias superiores.

Preska ya notificó a las partes que definirá si acepta ese planteo, aunque no resolverá aún sobre la validez o anulación de su orden original del 30 de junio. “Si la suspende, los beneficiarios del fallo no podrán ejecutar la sentencia mientras la Argentina apela”, explicó al sitio TN el analista Sebastián Maril, director de Latam Advisors y especialista en litigios financieros contra el país.

Anticipándose a un posible revés, el Gobierno argentino ya presentó su apelación la semana pasada ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito en Nueva York. También notificó formalmente a Preska, quien les concedió a las partes tres días adicionales para elevar sus argumentos al tribunal superior.

En paralelo, la jueza convocó a una nueva audiencia para el martes 15, en la que se tratarán los pedidos de los demandantes para acceder a información de entidades estatales como Aerolíneas Argentinas, Arsat, Enarsa y el Banco Central. Los fondos Burford y Eton Park buscan embargar activos de esos organismos, bajo la tesis de que funcionan como “alter ego” del Estado y, por ende, pueden ser alcanzados por la sentencia.

Los argumentos de la Argentina

En su pedido de suspensión, la administración de Javier Milei advirtió que la entrega de acciones de YPF implicaría “daños irreparables” a la soberanía del país y podría tener consecuencias legales internas, dado que, según el Ejecutivo, cualquier transferencia de esa participación estatal requeriría una ley del Congreso aprobada por mayoría especial.

“El fallo no tiene aplicación porque violenta la ley argentina. Para ejecutarlo debería haber una ley del Congreso que implica dos tercios. No va a ocurrir”, sostuvo el presidente Milei días atrás.

El Gobierno también alertó que si los fondos toman posesión de las acciones podrían venderlas de inmediato, como ya dejaron entrever en sus presentaciones judiciales, lo que tornaría irreversible la situación aunque luego la Argentina ganara la apelación.

Además, los abogados del país afirman que el cumplimiento de la orden judicial obligaría a la Nación a “violar sus propias leyes o desobedecer a la justicia estadounidense”.

El origen del conflicto

El conflicto judicial se remonta a la expropiación de YPF en 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió nacionalizar el 51% de la petrolera a través de la compra del paquete accionario que estaba en manos de la española Repsol. Si bien a esa compañía se le pagó con bonos, no ocurrió lo mismo con otros accionistas, como el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que tenía el 25% de las acciones.

Los fondos Burford y Eton Park compraron los derechos de litigio de ese grupo y llevaron el reclamo a los tribunales de Nueva York. En septiembre de 2023, Preska falló en su favor y fijó una indemnización de u$s16.000 millones, cifra que, con intereses, ya supera los US$17.750 millones.

Desde entonces, Argentina apeló el fallo pero no avanzó en un acuerdo de pago, lo que activó nuevas acciones por parte de los fondos, incluyendo el pedido de traspaso accionario como parte de la ejecución de la sentencia.

La decisión que tome Preska este lunes marcará un punto de inflexión en el proceso: si accede al pedido de suspensión, el país gana tiempo para defenderse en la Corte de Apelaciones. Si lo rechaza, quedará más cerca de perder el control de parte del capital estatal de YPF.