La jubilación mínima estará a valores de 2002 en febrero

El Gobierno celebró que en enero de 2024 se logró el objetivo de reducir el déficit fiscal. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la Administración Pública Nacional alcanzó un superávit financiero equivalente al 0,2% del PIB en enero. Esto significa que los ingresos superaron a los gastos, incluidos los intereses de la deuda pública.

Este resultado, en línea con la posición oficial, se logró gracias a una reducción significativa y generalizada del gasto público real, excepto en los intereses de la deuda. Dentro de las áreas de reducción del gasto, las jubilaciones y pensiones (-32,5%), los programas sociales (-59,6%), y los gastos en personal (-18%) fueron los más afectados.

Las jubilaciones fueron el rubro que sufrió la mayor reducción

La reducción en las jubilaciones y pensiones se debe a la disparidad entre la aplicación de la fórmula de movilidad y la tasa de inflación. Hasta que una nueva fórmula de movilidad sea aprobada, las jubilaciones continuarán ajustándose según la movilidad actual, que está en vigencia desde 2021. Estos ajustes son trimestrales y se basan en la evolución de los salarios y la recaudación tributaria de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Sin embargo, dado que el valor de la fórmula está por debajo de la inflación real, esto conduce a una disminución en el poder adquisitivo de las jubilaciones.

Si analizamos la tendencia de la jubilación mínima, observamos que en el año 2002 esta se estableció en $83.078 ajustada a los valores de diciembre de 2023. Para el año 2023, este monto ascendió a $127.858, también a valores de diciembre de 2023. Sin embargo, en diciembre de 2023, el monto de la jubilación mínima experimentó una disminución a $105.713.

Estas cifras indican una continua y marcada reducción en el poder adquisitivo de las jubilaciones. El valor registrado en diciembre de 2023 no solo es inferior al promedio anual de ese año, sino que también se aproxima al nivel más bajo registrado en el siglo, observado en 2002. Con los ajustes de las jubilaciones programados para marzo de 2024 y anticipando una inflación del 15% en febrero, el poder adquisitivo real para febrero de 2024 se proyecta en $76.349 (también a precios de diciembre de 2023). Por lo tanto, se espera que para febrero el valor real descienda por debajo de lo registrado en 2002.

Una estrategia no sostenible en términos del sistema de jubilaciones y pensiones

Si bien el superávit de enero es un dato positivo, resulta extremadamente frágil y no sostenible.

La reducción del déficit fiscal mediante la disminución de las jubilaciones y la consiguiente reducción de la jubilación mínima a mínimos históricos no es una estrategia sostenible por varias razones:

- Impacto social desfavorable: La medida afecta directamente a las personas mayores que dependen de las jubilaciones para cubrir sus necesidades básicas. Reducir abruptamente estos beneficios puede resultar en un aumento de la pobreza entre los jubilados, generando consecuencias sociales negativas.

- Desincentivo al ahorro y la planificación del retiro: La reducción de las jubilaciones puede desmotivar a las personas a ahorrar para su retiro durante su vida laboral, ya que perciben la inestabilidad de los beneficios jubilatorios. Esto podría aumentar la carga futura sobre el sistema de seguridad social.

- Problemas políticos y sociales: La medida podría generar descontento y malestar entre la población, llevando a protestas y tensiones sociales. Esto, a su vez, podría afectar la estabilidad política y social del país, creando un entorno poco propicio para el desarrollo sostenible.

- Posibles repercusiones económicas a largo plazo: La disminución de la capacidad adquisitiva de los jubilados puede afectar negativamente a la economía, ya que reducirá el gasto en bienes y servicios, impactando diversos sectores comerciales.

- Falta de equidad y justicia social: La reducción de las jubilaciones podría considerarse una medida injusta, ya que afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la sociedad, mientras otros segmentos económicos pueden no verse afectados de la misma manera.

En conclusión, la estrategia de reducir el déficit fiscal mediante la disminución de las jubilaciones no es sostenible porque tiene consecuencias sociales negativas, desincentiva la planificación del retiro, puede generar inestabilidad política y social, y no aborda de manera equitativa los desafíos económicos.

Además, conlleva un incremento en las acciones legales contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), dado que la evidencia indica que la justicia previsional no admite la disminución del valor real de las pensiones. Aunque no es la primera vez que se recurre a este método para el ajuste fiscal, la intensidad actual no tiene precedentes.

Entonces, es crucial buscar soluciones más equilibradas y sostenibles para garantizar la estabilidad a largo plazo.

Para combatir la inflación y promover un entorno propicio para inversiones y empleos de calidad, es esencial lograr un equilibrio en las finanzas públicas. Por lo tanto, es apropiado centrarse en alcanzar un déficit cero. Sin embargo, también es crucial demostrar que se puede mantener este equilibrio fiscal a largo plazo. Experiencias previas han demostrado que ajustar las cuentas mediante la reducción de las jubilaciones resulta contraproducente y genera un gran desgaste tanto en la sociedad como en el gobierno.

Licuar las jubilaciones no equivale a disminuir el gasto público a través de una reorganización del Estado. Esto requeriría abordar temas más complejos en lugar de simplemente dejar que la movilidad ajuste. En términos de ingresos, significaría avanzar hacia la unificación y simplificación de impuestos, así como asegurar que cada nivel de gobierno genere suficientes ingresos para cubrir sus gastos. En cuanto a los gastos, se requeriría eliminar superposiciones entre los distintos niveles de gobierno, garantizar la sostenibilidad del sistema previsional y mejorar la calidad de la gestión pública.