La canadiense Lundin busca invertir u$s4.000 M en el país para sacar cobre desde Rosario

Luego de definir retenciones móviles para la minería de cobre, el Gobierno lejos de cosechar rechazo de los potenciales inversores recibió algunos espaldarazos, tal el caso de una multinacional que evalúa un desembolso de u$s4.000 M para extraer el mineral y exportarlo desde el puerto de Rosario.

La inversión correría por la firma canadiense Lundin, tal cual lo dejó entrever durante el evento minero más importante del mundo realizado en Canadá. Allí el Gobierno se reunió con más de 30 CEOs de empresas, que miran hacia Argentina por sus recursos naturales, como el litio y el cobre, claves para la transición energética.

La semana pasada, el Ministerio de Economía publicó el decreto 308, en el que estableció un nuevo régimen de retenciones móviles para la minería de cobre. Horas más tarde, llegó el comunicado más esperado: “Josemaría expresa su expectativa hacia el nuevo esquema que sustituye, para aquellas empresas que así lo elijan, la actual tasa fija del 4,5% para los impuestos a la exportación de cobre”. El comunicado fue redactado por el grupo Lundin Mining, a cargo del proyecto Josemaría en San Juan, el primero en desembarcar en el mercado del cobre en el país, tras el cierre de Bajo la Alumbrera, en 2018.

"Entendemos que esta tasa variable, que oscila entre el 0% y el 8%, acompañaría mejor el ciclo del precio del cobre y la demanda global y, en ese sentido, daría más previsibilidad a empresas e inversores", expresó Alfredo Vitaller, director general de Josemaría. 

Deprominsa, la empresa propietaria de Josemaría, podría ser la primera en adherirse al nuevo régimen de derechos de exportación, dado que es optativo. El megaproyecto se encuentra en etapa de pre-construcción, y podría comenzar su construcción a partir de septiembre, lo cual demandará más de 8000 empleos. Con una inversión de u$s 4100 millones, volverá a exportar cobre desde el puerto de Rosario a partir de 2026, durante un plazo de 19 años.

Grupo Lundin fue la primera en expresarse, sobre todo porque es la más avanzada. Debido a que es la única que cuenta con la evaluación de impacto ambiental, ya está en condiciones de pedir la estabilidad fiscal en AFIP, como establece la ley de promoción minera. Sin embargo, ahora el Gobierno aguarda la opinión de otros tres proyectos millonarios: Mara, de Yamana Gold, Taca Taca, de First Quantum Minerals y Los Azules, de McEwen Mining. Junto con Josemaría, las inversiones ascenderían a u$s 13.065 millones.

Según pudo saber este diario, hay buenas expectativas sobre lo que dirán estos gigantes. En el viaje que realizaron la semana pasada funcionarios del Gobierno y 6 gobernadores, hubo reuniones con Yamana Gold y First Quantum Minerals. La “buena recepción” de los anuncios, según comentaron a Ámbito, tuvo que ver con que se trata de un régimen optativo. Con baja de precios internacionales a los actuales, las retenciones pasarían a 0%, mientras que con un alza, llegarían hasta 8%. Actualmente están fijos en 4,5%.

Por otro lado, en el Gobierno también mantuvieron importantes reuniones en Canadá. La secretaria de Minería, Fernanda Ávila, y el secretario de Políticas Tributarias, Roberto Arias, se reunieron en la Bolsa de Toronto con 30 CEOs de diferentes empresas. Además, Ávila mantuvo un encuentro con el gigante australiano BHP, una de las más grandes del mundo. En febrero pasado, comenzó a invertir en Filo de Sol, en San Juan, un proyecto de oro, cobre y plata, y anticiparon que podrían continuar invirtiendo. BHP está detrás de la explotación de Minera Escondida, la mina de cobre privada más grande del mundo.

Sin embargo, según pudo saber este diario, los derechos de exportación no son el único factor que miran las compañías. Las restricciones cambiarias tienen un rol central, para empresas que planean invertir sumas por encima a los u$s 3000 millones. Por eso las empresas también estudian de cerca el decreto 234, para poder asegurarse las divisas para el repago de créditos y el giro de dividendos. Desde el equipo económico aseguran que el decreto 234 tiene plena vigencia, y que en el último mes se otorgó el primer certificado, justamente para una minera (Liex).