Reforma jubilatoria: cómo arreglar el agujero negro de la caja provincial

Si Juan Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe, hiciera una lista de los dolores de cabeza que tiene la administración que encabeza Maximiliano Pullaro, el déficit de la caja de jubilaciones sería el problema número uno.

La figura del agujero negro viene bien para describir la fuerza con la que el rojo de la caja de jubilaciones viene llevándose puestos los fondos de Rentas Generales: en 2023, el déficit previsional se clavó en $172.823 M, pero mucho mayor es la sangría este año. Sólo en el primer cuatrimestre la caja ya acumuló pérdidas por $114.128 M y, a este ritmo, antes del próximo agosto el rojo previsional igualará a la cifra de todo 2023.

“Calculamos que para fin de año el déficit será de $400.000 M, teniendo en cuenta los aumentos por paritaria”, estimó Jorge Boasso, secretario de Seguridad Social, en diálogo con Punto biz.

El primer parámetro para entender la diferencia es la brecha entre la cantidad de aportantes y beneficiarios del sistema, que es de reparto. Según el registro histórico de la caja santafesina, la relación promedio es de 2,4 trabajadores activos por cada jubilado, pero el año pasado ese coeficiente dio 2,1.

Los 100.260 beneficiarios que tiene la Provincia –76% jubilados, el resto pensionados– pertenecen a 14 subsectores con políticas salariales muy diferentes. Casi el 90% de los pasivos corresponden al gremio docente y de la administración central (ATE, UPCN y Festram) y el 10% restante se distribuye entre Luz y Fuerza, los gremios de la salud y los judiciales. Todos son deficitarios, pero en distintos porcentajes.

En el Poder Judicial, las contribuciones de los trabajadores en actividad cubren sólo el 50% de lo que se les paga a los jubilados del sector. La otra mitad es déficit. Como entre los judiciales están quienes cobran los salarios más altos, también alcanzan el tope jubilatorio, que en Santa Fe ronda los $8 M, mientras que la escala arranca en $400.000 y promedia los $600.000. Desde la Casa Gris no pierden oportunidad para subrayar la asimetría, pero el Colegio de Magistrados no es el problema de la caja, en tanto que representa apenas al 2% de los pasivos.

Todos los santafesinos cubren el 63% de los haberes previsionales de quienes se jubilaron tras desempeñarse en la Administración Provincial de Impuestos (API) y Catastro, en tanto que hay 845 aportantes para 1.070 beneficiarios. Un caso curioso es el del gremio Gráficos: quedan 4 empleados y 202 jubilados.

Que crezca el déficit previsional significa, primero, que se destine cada vez más dinero de los impuestos que pagan todos para pagar las jubilaciones de los estatales. Además, desde el Gobierno plantean que el sistema no sea sustentable lo pone, a mediano plazo, en riesgo de implosión. “No estamos lejos de que no se les pueda pagar a los jubilados. Por eso digo que oponerse a una reforma previsional en Santa Fe es hacerse responsable de la destrucción de la caja previsional. El que se oponga a la reforma, que empiece a hacer una lista de las personas a quienes no se le vas a pagar”, definió Boasso.

El socialismo sacó la lupa

Aunque hay consenso respecto de que el déficit es un problema, no todos los legisladores están igual de urgidos en que se concrete el cambio. Las diferencias se consideran salvables (“son más de formas que de fondo”, minimizaron desde la oposición), pero el rodaje de la iniciativa estuvo un tiempo en pausa por reparos del socialismo y el PJ.

¿Cómo es el tire y afloje previo a la contienda legislativa? El 25 de abril pasado, el Senado santafesino le dio media sanción a un proyecto que establece la creación de una comisión encargada de redactar el proyecto de reforma previsional (que una vez concretada volverá al parlamento para su debate).

Esa comisión está integrada por los presidentes de la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Senadores y de la de Diputados; seis senadores; seis diputados; cuatro representantes gremiales de los trabajadores del Estado; y cuatro representantes del Poder Ejecutivo provincial. Habiendo salido al ruedo hace pocas semanas, la comisión tendrá un plazo máximo de 120 días corridos para presentar un proyecto de reforma.

En rigor, el proyecto aprobado en Senadores es el mismo que había presentado el senador Joaquín Gramajo (ex PJ, hoy Unidos) en 2015 y que en su momento no había conseguido el respaldo suficiente. Ahora, la conformación de esa comisión fue avalada por todos los senadores, excepto el socialista Paco Garibaldi.

También son del partido de la rosa los diputados que pidieron tener la letra chica del proyecto, participar de los borradores y comprometer ciertas garantías antes de dar luz verde a la conformación de la comisión. A principios de junio, Olivares encabezó una suerte de reunión bilateral entre el equipo de Economía y los legisladores del interbloque oficialista para lograr un acuerdo. Arreglaron que algunos temas quedarán por fuera de toda discusión: la caja de jubilaciones quedará en manos de la Provincia y no será transferida a Nación, y se garantiza la continuidad del 82% móvil y del sistema de reparto (no está en discusión el cambio a un sistema de capitalización, como fueron las AFJP).  

El PJ ve una “urgencia sobreactuada”

También están los reparos de los diputados justicialistas, a quienes este apuro les parece una “sobreactuación” de parte del Gobierno. “Entendemos que el déficit previsional está inflado y que no era necesario declarar la urgencia de reforma. Es cierto que hay que acordar los cambios, pero al proyecto lo tiene que definir el parlamento con cuchillo y tenedor. No debería intervenir tanto el Ejecutivo”, advierten los justicialistas en off.

Además, respaldaron los cuestionamientos del ministro de Economía durante el gobierno de Perotti, Walter Agosto, quien aseguró que el déficit que dice haber encontrado el equipo de Pullaro no es el real. “Llegan a esa cifra a través de una modificación metodológica que consiste en registrar solo 11 meses de recursos de la caja de jubilaciones –contribuciones patronales y aportes personales– en lugar de 12 meses como corresponde, registrando las contribuciones del mes de diciembre 2023 en enero 2024. Esto significa que en 2023 en la Caja de Jubilaciones se contabilizaron 12 meses de gastos pero 11 meses de recursos. Así se aumenta artificialmente el déficit de la Caja de Jubilaciones”, explicó Agosto.

Otros que entraron a marcar la cancha fueron los sindicatos. Los representantes de los trabajadores judiciales, por ejemplo, señalaron que el déficit era coyuntural, un punto en el que también coincidió Rodrigo Alonso, de Amsafé. “Se daría en un momento de ataque feroz a los derechos para los trabajadores, salarios bajos y actualizados a través de montos no remunerativos, todo lo cual termina influyendo en el panorama previsional”, dijo.

Además, tanto los sindicatos como buena parte de los legisladores argumentaron que, antes de reformar, el Gobierno debería reclamar al Estado Nacional la deuda que tiene con Santa Fe (ver recuadro). Pullaro dice no acordar con esa lógica: si bien no desistirá en el reclamo por esos fondos, incluso si llegara a cobrar la deuda –complejo en tiempos en los que Milei no suelta centavo– esos fondos no resolverán el hecho de fondo: el sistema previsional de Santa Fe no es sustentable.  

Los cambios en debate

El aumento progresivo de la edad jubilatoria de hombres y mujeres, siempre un tema sensible, hoy parece tener el camino allanado en la arena política local, según el sondeo de este medio a diferentes legisladores. Actualmente, los empleados públicos de Santa Fe se jubilan a los 60 años, si se hace un promedio entre hombres y mujeres. La media está en los 52 años para los policías, en los 60 para docentes y en los 62 en el Régimen Civil.

El Gobierno esgrime que la expectativa de vida actual supera los 80 años, y que dentro de 20 o 30 años podría aumentar una década más. “El sistema actual ya no protege la vejez, determinada por la ciencia. Hoy una persona que puede vivir hasta los 90 no se puede seguir jubilando a los 53. Esto debería desaparecer de cuajo”, recalcó Boasso.

El secretario de Seguridad Social se refería a los casos que se acogen a regímenes de excepción, en tanto que algunos gremios en Santa Fe, por ley, pueden cambiar exceso de años de servicio por edad. “No sería tan grave cambiar edad por años de servicio, pero viceversa me parece un despropósito”, insistió. La modificación de los regímenes de excepción sería central en la reforma.

“La paridad entre la edad del hombre y la mujer también debe estar en el debate. Hoy la mujer sobrevive al hombre entre 4 y 7 años, pero se jubila antes”, subrayó Boasso.

Otro aspecto que se pondrá en discusión es la fórmula con la que se calculan los topes jubilatorios. Hoy el techo es un porcentaje de los sueldos de la Corte Suprema (que superan los $10 M), en tanto que el Gobierno pretende que el parámetro sea el sueldo del Gobernador. Dicho de otra manera, se busca bajar los topes.

Y por último, quizá el punto en consideración más polémico es elevar el aporte del empleado y del gobierno empleador, que actualmente en Santa Fe suma un 32% (14,5% lo que se descuenta a los empleados y 17,5% lo que contribuye el gobierno). Córdoba recientemente elevó el porcentaje al 20%. En ese punto van a tener que vérselas contra los gremios, porque aumentar los aportes significa una rebaja salarial.

La inminencia de la reforma jubilatoria multiplicó las gestiones para jubilarse: en abril hubo 518 trámites iniciados, casi el doble respecto de la misma fecha del año pasado.

Desde el Gobierno dan por hecho que habrá cambios, y desafiaron: “El no por el no a la reforma ya no es admisible. Los que se oponen, que nos digan cómo van a cubrir el déficit”.  

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