Por Redacción
Es inminente la publicación de los pliegos para que el ferrocarril pase a manos privadas. El balance dio para atrás.
Finales de marzo era la fecha que había estimado el Gobierno para poner en marcha la privatización del Belgrano Cargas. Y si bien los pliegos de la licitación aún no fueron publicados, Punto biz confirmó que los documentos ya salieron de las oficinas técnicas de Trenes Argentinos Cargas (TAC) -la compañía estatal que hoy administra el ferrocarril- y esperan en el despacho de Caputo a que el ministro y su equipo decidan flamear la bandera de largada de la privatización. Es decir, de no mediar una sorpresa, la licitación es cuestión de días.
En ese marco, se conocieron los resultados del balance 2025 de las 32 empresas no financieras administradas por el Estado, y los desequilibrios más relevantes se concentraron en el sector ferroviario.
Puntualmente, la compañía Belgrano Cargas y Logística S.A. declaró un rojo de $41.925 millones. A pesar de los esfuerzos por aumentar el tonelaje transportado, la estructura de costos fijos y la necesidad de reparaciones en ramales estratégicos superaron los ingresos propios de la empresa. La red cubre aproximadamente 7.600 km de vías y atraviesa 17 provincias del noroeste y centro del país.
Qué se sabe sobre la privatización
Finalmente se licitará a través de un esquema de desintegración vertical y acceso abierto. Es decir, se concesionarán por separado cada una de las tres líneas principales (Belgrano, de trocha métrica; San Martín, trocha ancha y Urquiza (trocha media) y además se prevén procesos diferenciados para la infraestructura (vías) con derecho a cobro de peaje, las locomotoras, los vagones y los talleres ferroviarios. Las tierras y las vías seguirán siendo propiedad del Estado Nacional; lo que se concesiona es la explotación y el mantenimiento.
Hasta el momento declararon interés en competir el llamado Consorcio Pro Belgrano, compuesto por los gigantes cerealeros Cargill, Bunge, Dreyfus, Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Aceitera General Deheza (AGD); y el Grupo México, un conglomerado que ya opera grandes redes ferroviarias en Estados Unidos y al que le interesa solo la línea que baja desde las provincias mineras hasta los puertos del centro. Los mexicanos, de hecho, llevaron a Florida a una comitiva de periodistas para dar a conocer su expertise, y aclarar sus intenciones y pretensiones. Pusieron como condición que las inversiones se realicen bajo el régimen del RIGI, y prometieron una inversión superior a los u$s 3.000 millones (cuando en lo spliegos se estimó una base que ronda los u$s800 M).
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