El Gobierno intimó a levantar la medida que frenó la actividad portuaria

El conflicto por la actividad aeroportuaria dio un paso más y este martes el Gobierno oficializó mediante un edicto la intimación a más de 500 trabajadores de servicios de practicaje y pilotaje del país a retomar sus actividades. La medida se publicó en Boletín Oficial en respuesta al paro por tiempo indeterminado que se inició tras un decreto de desregulación que modifica el régimen del servicio.

La decisión de los profesionales que guían a los barcos durante las maniobras de ingreso y salida en ríos, canales y puertos afectó el comercio exterior, que quedó “totalmente paralizado”, según indicaron fuentes del caso a Infobae. “Toda la carga de granos, de combustible y otras mercaderías está detenida en los puertos. La situación se agravará hora tras hora”, advirtieron.

En consecuencia, la Prefectura Naval Argentina (PNA) ordenó a 536 trabajadores de la rama a que retomen de manera inmediata la prestación, bajo advertencia de sanciones disciplinarias y posibles denuncias penales. “En su carácter de autoridad con responsabilidad operativa y disciplinaria de la aplicación del Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina”, subrayó la PNA, “notifica e intima por este medio a los profesionales incluidos en el Anexo - documento que acompaña el texto oficial - a la inmediata puesta a disposición de sus servicios profesionales de practicaje / pilotaje, para cumplir de manera regular y reglamentaria las funciones previstas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 690/2026, para las cuales se encuentra habilitado”. Es esta última la decisión del Gobierno que puso en jaque la actividad y lleva la firma del presidente Javier Milei.

La medida fue impulsada por el titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y reemplaza un régimen de practicaje vigente desde 1991. La nueva normativa crea un registro abierto de profesionales del practicaje bajo la administración de la Prefectura Naval, habilita a los usuarios a elegir libremente a sus prestadores y elimina las barreras de ingreso para nuevos profesionales. Además, le asigna a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) la facultad de fijar tarifas máximas y obliga a publicar los precios del servicio para fomentar la competencia.

El decreto también suprime la segmentación geográfica que hasta ahora exigía cambiar de profesional durante un mismo trayecto, flexibiliza las condiciones para el traslado de estos trabajadores y amplía los supuestos en los que ciertos buques quedan eximidos de contratar el servicio. A eso se suma la incorporación de mecanismos destinados a asegurar la continuidad de la actividad ante situaciones excepcionales.

El texto cita el artículo 190 del Código Penal, que establece penas de dos a ocho años de prisión para quien “a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave”, y el artículo 194, que reprime con prisión de tres meses a dos años a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por agua”. La PNA argumentó que la interrupción del practicaje podría derivar en denuncias penales y sumarios administrativos, ya que se trata de un servicio público regulado por la Ley de Navegación.

Los profesionales del sector acordaron dejar de asistir a cualquier buque argentino o extranjero hasta que el Poder Ejecutivo suspenda o derogue la norma. Esto repercute directamente en las maniobras de ingreso y salida de embarcaciones en ríos, canales y puertos, una tarea obligatoria en buena parte de la navegación comercial por las características de la Hidrovía y los accesos portuarios del país.