Por Redacción
El Ejecutivo derogó el Registro Nacional de Constructores y el de Firmas Consultoras de Obras Públicas.
El Gobierno unificó los sistemas de inscripción vinculados a la contratación de obra pública. Por decreto, derogó el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y el Registro Nacional de Firmas Consultoras de Obras Públicas.
La medida, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, apunta a reducir la burocracia, simplificar los procedimientos con el Estado y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos estatales. La normativa entrará en vigencia este miércoles 19 de febrero.
Según dicta el decreto 105, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo avanzó en la derogación del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, ente encargado de calificar y capacitar a las empresas del sector y del Registro Nacional de Firmas Consultoras de Obras Públicas, que regulaba la promoción y contratación de servicios de consultoría con empresas privadas por el Estado.
Con estos cambios, las empresas y profesionales que deseen contratar con la Administración Pública Nacional deberán inscribirse en una base de datos unificada: el Sistema de Información de Proveedores (Sipro).
Por otro lado, la gestión de Javier Milei introdujo modificaciones en el régimen de contrataciones del Estado al reemplazar el artículo 27 del decreto 1023/2001, que regulaba la participación de empresas en licitaciones. Ahora, solo podrán participar aquellas personas humanas o jurídicas que estén inscriptas en la base de datos.
El Gobierno oficializó este lunes una medida que permite a los ministerios avanzar en la derogación de normas obsoletas. Lo hizo a través de la publicación del decreto 90 en el Boletín Oficial. La medida fue impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
“Las jurisdicciones y entidades comprendidas (...) deberán realizar un relevamiento normativo con el objetivo de identificar las normas vigentes, y proponer la derogación de aquellas que resulten obsoletas, innecesarias o que encuadren dentro de los criterios establecidos”, dicta los considerandos de la normativa.
De esta manera, cada ministro deberá presentar en 30 días todas las leyes y decretos que están bajo su órbita y que “requieren revisión, derogación o simplificación” con el fin de “reducir la carga administrativa y burocrática tanto para el gobierno como para los ciudadanos”.
En tanto, Sturzenegger informó que el Ministerio de Desregulación terminó de limpiar decretos tras desechar designaciones, temas administrativos que ya cumplieron su plazo y convenios.
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