Ya suman un centenar los damnificados por Guardati Torti

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) ampliará las imputaciones en su investigación por posibles delitos económicos por parte de Guardati Torti, la agrofinanciera que tiene a todo su directorio acusado por defraudar a un grupo de ahorristas, a quienes les habrían quitado fondos de sus cuentas comitentes para oxigenar las cuentas de otras sociedades del grupo.

En marzo, el fiscal Sebastián Narvaja imputó a los responsables de la firma por los delitos de administración fraudulenta y balances falsos, en perjuicio de 42 clientes. Según pudo conocer Punto biz, la estrategia del MPA es presentar nuevos casos, lo que elevaría a más de 100 la cantidad de damnificados incluídos en la causa.

"Inicialmente la Comisión Nacional de Valores (CNV) planteó la existencia de un grupo de más de 120 inversores damnificados por la operatoria de la compañía. En este tiempo hemos ido avanzando en entrevistas con un grupo importante de ellos, por lo que confiamos en elevar, frente a lo que ya hay en el expediente, otros 60 casos", explicaron fuentes del MPA a este medio.

La inclusión de nuevos hechos no modificaría sustancialmente el escenario -procesalmente seguirá tramitándose por los cauces en los que la causa se venía moviendo-, pero le permitiría a la Fiscalía un mayor respaldo a su visión, en tanto y en cuanto se trataría de un elevado número de personas que sufrieron el delito bajo las mismas circunstancias.

Para la defensa, que ahora es ejercida por el penalista Claudio Puccinelli (en lugar de Cristian Scoponi y Lisandro Martínez Gorostiaga), tampoco cambiaría demasiado el escenario, puesto que se mantendrá en su posición, no importa el número de damnificados que presente el MPA.

Vale recordar que la investigación de la Fiscalía se inició por la denuncia de un grupo de ahorristas, quienes expusieron que les quitaron sus fondos de sus cuentas comitentes abiertas con la sociedad bursátil Guardati Torti SA, para fondear operaciones de GyT Plus SA -dedicada al corretaje y acopio de granos-, con conocimiento que ésta se encontraba en cesación de pagos.

El trámite en el fuero penal se sustancia en paralelo al concurso de acreedores, que se tramita en la justicia civil y comercial. Durante este año, la agrofinanciera intentó volver a operar en el mercado, un objetivo que hasta aquí no pudo ser cumplido. Inicialmente el juez Ezequiel Zabale -a cargo de la convocatoria- le había dado luz verde para ello, pero la medida fue luego revocada, tras la apelación de la CNV.

Según los plazos vigentes, la agrofinanciera tiene hasta el próximo 30 de noviembre para lograr las mayorías que le permitan convalidar su acuerdo preventivo. Después de realizar casi 400 verificaciones, la sindicatura había establecido su deuda en unos $200 M y poco más de u$s 1,7 M. La propuesta que hizo circular la empresa era pagar el 70% del capital verificado dentro de los 12 meses siguientes a la homologación de dicho acuerdo.