Vicentin: intervención recorta en cierre de filiales y sueldos de familiares

Con un informe de más de 80 páginas, los interventores judiciales designados en Vicentin —el abogado Guillermo Nudenberg y el contador Andrés Shocron— trazaron un crudo panorama sobre la situación operativa y financiera de la agroexportadora y propusieron una batería de medidas de recorte. El objetivo central es contener el pasivo post-concursal, que ya asciende a u$s30,5 M, y reencauzar la administración de una compañía paralizada, con deudas crecientes y apenas actividad industrial marginal.

El plan presentado al Juzgado Civil y Comercial de Reconquista y al que tuvo acceso Punto biz detalla el cierre de filiales sin actividad (como Vicentin Uruguay y Vicentin Europa SL) que “sólo generan gastos” y aún conservan fondos en el exterior que, según los interventores, deberían ser repatriados para reforzar la caja. En paralelo, también se avanza en la revisión de la planta de personal, donde se detectaron casos de empleados registrados sin tareas asignadas o prestando servicios en otras firmas, muchos de ellos familiares de exdirectivos o accionistas.

“Se detectaron empleados —dentro y fuera de convenio— que no prestan tareas pero siguen percibiendo salarios. En muchos casos, se trata de personas vinculadas directamente con accionistas o exdirectivos de Vicentin”, señala el informe.

También se verificaron casos de personal que cobraba de Vicentin mientras prestaba servicios a otras compañías, una práctica que se arrastra desde antes de la presentación en concurso y que, hasta el momento, no había sido corregida. Los interventores advirtieron que estas irregularidades tienen “ramificaciones que exceden lo meramente laboral” y que forman parte de un entramado más amplio de conflictos de interés que afecta la gobernabilidad de la empresa.

Entre las primeras medidas adoptadas figura la suspensión del pago de acuerdos de desvinculación firmados por el anterior directorio con diversos empleados, en su mayoría jerárquicos. La intervención fundamentó esta decisión en el hecho de que tres de los directores desplazados (Daniel Foschiatti, Fernando Bougain y Carlos Sartor) fueron imputados penalmente por administración fraudulenta y asociación ilícita. “No podemos convalidar situaciones sospechadas de haber afectado los intereses de la empresa”, advierten los interventores.

Además, se enviaron comunicaciones al personal en condiciones de jubilarse, instándolos a iniciar los trámites previsionales “ante las graves circunstancias económicas y financieras de la compañía”.

El informe describe un esquema operativo inviable. La planta de San Lorenzo, con capacidad para moler 370.000 toneladas mensuales, está paralizada desde enero por falta de fondos para mantenimiento, cuyo costo asciende a u$s1,4 M. La planta de Ricardone, dedicada al girasol, opera de manera intermitente y acumula pérdidas millonarias en los períodos sin actividad. Solo la destilería de bioetanol mantiene un ritmo constante, aunque no alcanza a cubrir la estructura sobredimensionada de la empresa.

En marzo, la empresa registró una pérdida operativa de u$s4,57 M, mientras que el capital de trabajo es negativo en u$s32 M. A ese cuadro se suma una millonaria deuda con proveedores que crece mes a mes.

Otro frente crítico es el recupero de acreencias. La administración detectó deudas por más de $6.768 M con terceros no vinculados y más de $8 M con empresas relacionadas o del mismo grupo, algunas de las cuales ni siquiera fueron intimadas a pagar. A su vez, los interventores plantean revisar todas las participaciones societarias para evitar “conflictos de interés”, en muchos casos con familiares de accionistas ocupando cargos directivos en firmas satélites.

En este marco, solicitaron al juzgado convocar a una nueva asamblea de accionistas para definir si los propietarios aportarán fondos, autorizarán la venta de activos no estratégicos o permitirán que se ejecuten acciones para cobrar deudas intra grupo.

Mientras tanto, la intervención trabaja para conseguir nuevos contratos de fason que permitan reactivar parcialmente la molienda y generar ingresos. Ya se recibió una propuesta de Commodities S.A., una manifestación de interés por parte de la Unión Agrícola de Avellaneda y consultas preliminares de Amaggi y MOLCA. Pero incluso si se lograran cerrar acuerdos, las plantas de San Lorenzo no podrían comenzar a operar antes de junio debido a las tareas de mantenimiento pendientes.

“El escenario es extremadamente complejo. Se ha perdido un tiempo precioso. Lo que era difícil en 2021, hoy lo es aún más”, sostienen los interventores, quienes también apuntaron a la falta de colaboración del exdirectorio en el acceso a la información y pidieron que se apliquen multas diarias (astreintes) por no entregar documentación clave sobre contrataciones de consultorías y servicios legales.