Vicentin: audiencia con inversores estratégicos terminó en la nada

La crisis de Vicentin sigue sumando capítulos judiciales y administrativos. Este martes, por caso, no arrojó novedades una audiencia en la que se vieron las caras representantes gremiales, autoridades de Vicentin y por primera vez en mucho tiempo, emisarios de los compañías señaladas como interesadas estratégicas que hoy no le están asegurando a la agroexportadora materia prima para operar. Los encuentros, se dan luego de la decisión del juez concursal Fabián Lorenzini que ordenó la designación de una veeduría en la conducción de la firma, medida que fue rechazada de manera categórica por sus directivos.

Tanto las fuentes del sindicato aceitero como aquellas ligadas a la propia Vicentin coincidieron en el fracaso de la reunión. Al parecer, los actores estratégicos que lideran la propuesta concursal rechazaron cualquier tipo de responsabilidad solidaria en la crisis de la empresa, una postura que generó frustración entre los representantes sindicales. Desde el sector gremial se insiste en que estos grupos, que eventualmente podrían convertirse en los propietarios de Vicentin si el plan de pagos es homologado, deben asumir un rol más comprometido con la continuidad productiva.

La falta de definiciones ha aumentado la preocupación dentro del gremio, aunque desde el entorno empresario advierten que los trabajadores tampoco han dado señales de flexibilidad. La retención de tareas en la planta complica la posibilidad de procesar los pocos volúmenes de girasol aún disponibles, lo que, según representantes de Vicentin, podría comprometer la continuidad operativa en un momento clave. Desde la conducción de la agroexportadora concursada entienden que un gesto del gremio ayudaría a sostener la actividad y a mantener abiertas las negociaciones para obtener fasones independientes o incluso de los mismos actores estratégicos.

Más allá de lo que pueda resolverse en la esfera laboral y empresarial, la situación de Vicentin también está atada a definiciones judiciales. La expectativa de Vicentin está puesta en la decisión de la Corte Suprema de Santa Fe, que debe resolver sobre el recurso extraordinario presentado por la empresa, si le da curso, habilita que la discusión de fondo sobre la viabilidad o no del plan de pagos pase a ser tratada en la Cohorte Suprema de la Nación.

El tiempo juega en contra de todas las partes involucradas. Con la cosecha de soja a punto de finalizar, las próximas jornadas serán determinantes para definir si se logra algún tipo de acuerdo que permita garantizar el procesamiento de granos y la continuidad de la actividad. 
De acuerdo a las partes participantes del cónclave de este martes convocado por la Secretaría de Trabajo de la Nación.

“No hay ninguna razón para la veeduría”

Uno de los más firmes en su oposición a la decisión de Lorenzini de designar veedores es Estanislao Bougain, director de la agroexportadora, quien en diálogo con Punto biz defendió la actuación de la compañía y criticó la decisión judicial. “No hay ninguna razón para que nos pongan una intervención”, sostuvo. Según su visión, la empresa ha cumplido con todas sus obligaciones de información y la decisión del magistrado responde más a presiones externas que a una necesidad real de control.

“La sindicatura informa, nosotros informamos y, sin embargo, el juez cada tanto se levanta como si descubriera algo nuevo. Si lo siguiera de cerca, verá que todo está en regla”, afirmó Bougain, insinuando que la resolución judicial no está basada en una evaluación rigurosa del caso, sino en presiones externas.

Uno de los argumentos esgrimidos por Lorenzini para justificar la veeduría es la supuesta falta de acción de Vicentin en la gestión de cobro de sus créditos pendientes. Sin embargo, Bougain minimizó este punto y aseguró que no se trata de un factor relevante para el funcionamiento de la empresa.

“No hay ninguna cuenta por cobrar que nos resuelva la caja”, explicó. Detalló que hay dos grandes deudas en juego: una con ARSA, empresa que se encuentra en concurso y cuya reestructuración fue rechazada por la Justicia, y otra con FRIAR, un caso más complejo debido a la naturaleza de la deuda.

“En el caso de FRIAR, presentamos un plan de pago que el juez rechazó dos veces. Elevamos el tema a la Cámara y sigue sin resolverse. Pero, aunque se resolviera a nuestro favor, eso no nos solucionaría el problema de caja”, aclaró.

Otro de los puntos que Bougain remarcó con insistencia es que la empresa ya cuenta con suficientes controles internos y externos, por lo que la designación de una veeduría adicional es innecesaria.

“Tenemos un auditor interno designado en el gobierno corporativo, un auditor externo —que fue el mismo que revisó la compañía desde el inicio del proceso— y la sindicatura. ¿Cuántas auditorías más hacen falta?”, cuestionó.

El directivo aseguró que Vicentin no tiene inconvenientes en ser auditada, pero remarcó que la veeduría impuesta por Lorenzini es redundante. “No nos molesta, que la hagan si quieren, pero la verdad es que ya estamos auditados desde todos los ángulos posibles”, sostuvo.

Desde Vicentin también apuntan a la oferta presentada por el grupo Grassi-Commodities en el marco del cramdown (mecanismo que se activaría si la Justicia no homologa el plan de reestructuración de Vicentin). Según la conducción de la agroexportadora, la propuesta de Grassi carece de definiciones esenciales.

Critican que desde la vereda de enfrente Grassi no precisa quiénes son sus inversores estratégicos, y evalúan que carecen de un plan concreto. En ese marco interpretan que el proyecto de Grassi es una "suma de promesas", mientras que la propuesta de la agroexportadora es clara, insisten, cuenta con el apoyo mayoritario de los acreedores y tiene contratos firmados. 

Más allá de la discusión judicial, la continuidad operativa de Vicentin sigue en juego. La empresa depende de la posibilidad de obtener nuevos contratos de fasón, esenciales para garantizar ingresos y cubrir los sueldos de los trabajadores. Sin embargo, la incertidumbre judicial complica la negociación de estos contratos.

“No se le puede pedir a un exportador que envíe granos a una compañía si no hay señales claras de que seguirá operando”, explicó Bougain, quien detalló que, debido a la inestabilidad del proceso, Vicentin ya perdió la molienda de enero y febrero, lo que afectó su capacidad de pago.

“Pagamos los sueldos en tramos porque los ingresos fueron cayendo. Primero pagamos el 30%, luego el 20% cuando entraron cobranzas. Hoy llevamos el 50% del salario abonado, pero sin contratos de fasón confirmados, es muy difícil garantizar más pagos en el corto plazo”, advirtió.

“El clima de negocios se restablece si hay previsibilidad. Si mandan esto a un cramdown, no solo destruyen toda previsibilidad, sino que agravan la situación”, alertó.

Además, subrayó que la llegada del caso a la Corte Nacional podría ser clave para el futuro de la empresa. “Si la Corte Suprema de la Nación nos da la razón, se termina la incertidumbre. Y si falla en contra, será la propuesta de Marler la que termine prevaleciendo. Pero nosotros estamos seguros de que la Justicia nos va a respaldar”, concluyó.