Salió el decreto: el Gobierno oficializó la baja temporal de las retenciones

El Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el decreto que establece la baja temporal de retenciones a las exportaciones agropecuarias con el objetivo de liquidar granos y sumar reservas a través de un incentivo de alícuotas más bajas para los principales productos exportados por el sector.

De esta manera, las nuevas alícuotas de pago de retenciones comenzarán a aplicarse a partir de este lunes 27 de enero, impactando en las operaciones comerciales de productos como la soja en poroto, sus derivados -aceite y harina-, además de trigo, sorgo, maíz, girasol y las economías regionales.

Mediante el decreto 38/2025, establecieron que quienes quieran acceder al beneficio deberán liquidar el 95% de las divisas provenientes de esas mercaderías. Además, redujeron a 15 días el plazo para hacerlo, en lugar de los 30 habituales. Y establece un plazo reducido de 15 días hábiles, en lugar de los 30 días habituales, para la liquidación del 95% las divisas como condición necesaria para acceder al beneficio de la baja de alícuotas, tal como indicaron los funcionarios del equipo económico durante su reunión con empresarios del sector.

Según con lo dispuesto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) y el Banco Central serán los responsables de supervisar los plazos de liquidación.

Hasta el 30 de junio, los porcentajes sobre los principales cultivos, quedarán establecidos de la siguiente manera: la soja (poroto) pasará del 33 al 26% y sus derivados bajarán del 31 al 24,5%, los derechos para la exportación del trigo quedarán en 9,5, del 12% que se venía aplicando, al igual que la cebada, el maíz y el sorgo. El girasol pasará de 7 a 5,5%.

En el caso de las economías regionales, había productos con alícuotas residuales de retenciones que serán llevadas a cero de manera permanente. Se trata del azúcar, algodón, cuero bovino, tabaco, foresto industria y arroz, las cuales generaron más de 1.100 millones de dólares en exportaciones durante 2024.

El costo fiscal de la medida alcanzará aproximadamente 800 millones de dólares, lo que equivale al 0,13% del Producto Bruto Interno (PBI), según estimaciones del economista de Analytica, Claudio Caprarulo. Este monto representa cerca de la mitad del superávit financiero obtenido por el sector público nacional en 2024, que fue del 0,3% del PBI.