Quién es quién en el negocio del biodiesel

La semana que terminó estuvo marcada por fuertes intercambios entre el oficialismo y la oposición en el marco del plenario de comisiones que se organizó para tratar la denominada ley ómnibus. La estrategia del Poder Ejecutivo es que pueda arribarse a un despacho que habilite la votación del proyecto en el recinto de la Cámara de Diputados con los menores cambios posibles. Pero mIentras el Gobierno de Javier Milei asegura que de la promulgación de la mega normativa depende en gran parte la estabilización de la macroeconomía del país, hay sectores que, al margen de apoyar algunos puntos del proyecto, encendieron la voz en defensa de algunos aspectos ligados a las actividades productivas.

Así la semana la abrió una comitiva encabezada por la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, junto a funcionarios de otras provincias de la región centro, quienes le plantearon al ministro del Interior, Guillermo Francos y al secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, la necesidad de retocar el apartado dedicado a los biocombustibles dentro de la ley ómnibus. 

Cuando se conoció el voluminoso texto de la prerrogativa se verificó que el plexo normativo carecía de un esquema de porcentajes de corte de combustibles fósiles con biocombustibles que pudiese crecer hacia al futuro -tal como ocurre hoy en regulaciones en el resto del mundo- y que además liberaba a las petroleras a poder comprar bioetanol para el caso del corte en las naftas y biodiesel para cortar gasoil al mejor postor, en una jugada que rompería los beneficios con los que la regulación vigente intenta estimular a las pymes productoras de bioetanol y biodiesel, frente a las grandes elaboradoras que están integradas a la industria aceitera y que tienen escala para colocar la mercadería en los mercados de exportación.

Sobre el cierre de la semana y luego de un activo lobby por parte de funcionarios santafesinos llegó el borrador del capítulo biocombustibles de la ley ómnibus que estableció un incremento en el porcentaje de corte hacia el futuro, hecho que satisfizo hasta el propio gobernador Maximiliano Pullaro. “Ahora tenemos una ley mucho, pero mucho mejor de la que tenemos y de la que se había presentado originalmente”, expuso el mandatario. En la misma línea se expresaron las empresas aceiteras que integran también en el negocio de los biocombustibles.

Mientras que originalmente La Libertad Avanza había decidido eliminar cualquier obligatoriedad de hacer un corte con bioetanol y biodiesel a las naftas y el gasoil, el nuevo borrador que podría integrarse al despacho de comisión estableció aumentar el corte en combustibles de biodiesel del 7.5% actual a 10% y luego al 15%, mientras que en bioetanol se respeta el 12% y luego pasa a 18% con el objetivo de 27%. 

El impacto positivo de la eventual normativa es directo para Santa Fe que elabora el 64% de la producción nacional de biodiesel y es responsable del 80% de las exportaciones de dicho combustible precisamente por obra y gracias de las plantas integradas al sector aceitero.

Claro, lo que no integró el nuevo borrador es algún guiño a las pymes, que siguen quedando desdibujadas ante el desafío de competir sin concesiones con las plantas integradas. Desde la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), que precisamente nuclea a las pymes, salieron a  remarcar que los cambios pretendidos siguen sin atender sus reclamos y le apuntaron sobre todo a los legisladores que participaron del plenario de comisiones. Allí a última hora del miércoles el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, adelantó que con la nueva ley  “a veces cerrarán pymes y a veces abrirán pymes”. Los referentes ligados a las pequeñas y medianas plantas de biodiesel manifestaron que el funcionario recibió una pobre interpelación por parte de los diputados cuando abordaron el tema.

El potencial del negocio

Si bien la sequía diezmó la producción agrícola local, hay que decir que la agroindustria es la tercera fuente de energía a escala nacional y su principal aporte proviene del almidón de maíz y la caña de azúcar que se transforman en bioetanol y del aceite de soja que se convierte en biodiesel.

Según las estimaciones de esta Bolsa de Comercio de Rosario, la producción de biodiesel sería prácticamente el doble este año, respecto de 2023, ascendiendo a 1,5 Mt. De la mano de más toneladas, las ventas al exterior de biodiesel recuperarían su vigor incrementándose en un 104% con respecto al año que terminó. El valor de las exportaciones llegaría a U$D 883 millones, 2,1 veces más que en 2023. 

Las cifras en cuestión se presentaron la última semana del año pasado y la entidad bursátil aclaró que se trató de números preliminares. Es que aseguran que el futuro normativo local y la dinámica de los precios internacionales de los aceites vegetales, más las regulaciones de la Unión Europea y la demanda de combustibles, podrían afectar sustancialmente las estimaciones.

La BCR mencionó además que la escasez de soja aún presente sobre el mercado interno limitará la operatividad de las fábricas, que exportarán, de acuerdo a los cálculos iniciales, únicamente 10 mil toneladas desde enero a marzo del 2024. “Debemos esperar hasta el inicio de la nueva campaña sojera para presenciar algún grado de recuperación. Más allá de estas perspectivas de recuperación, el panorama del biodiesel en 2024 espera la tercera producción más baja de la historia, en un contexto adverso para la inserción externa y de incertidumbre para los cortes obligatorios”, reza el reporte.

Pero aún con incertidumbre, el potencial del sector es central. Solo para marcar un elemento, la producción anual de biodiesel llegó en 2023 a 872 mil toneladas, utilizando únicamente el 22% de la capacidad instalada. En el sector sobra industria, aunque faltan certezas desde el Gobierno en torno a la escala que podría tener el desarrollo de los biocombustibles. En el medio, claro, está el lobby petrolero.

El mapa productivo del biodiesel

De acuerdo a datos de la industria, existen 33 plantas de producción de biodiesel en Argentina, 15 de las cuales (45,5%) están ubicadas en la provincia de Santa Fe y ostentan el 81% de la capacidad de producción del país con 3.172.800 ton/año.

Dentro de las plantas instaladas en Santa Fe el 65% de la capacidad de producción corresponde a empresas grandes exportadoras (más de 100.000 ton/año) e Integradas con la producción de aceite.

Las grandes exportadoras integradas están -por imperio de la ley actual- impedidas de participar en el mercado interno y a su vez las empresas que abastecen el mercado interno no pueden exportar biodiesel. Las materias primas de origen agropecuario para producir biodiesel tienen que ser de origen nacional.

Las empresas de Santa Fe que abastecen al mercado interno, entregaron en el 2023 al corte obligatorio entre (Enero y Octubre inclusive), 231.858 toneladas, esto representa un 43% sobre las entregas totales de 534.850 toneladas. La participación de entregas al corte obligatorio sobre el total país fue de:

Los nombres detrás del negocio

En este punto sobrevienen las discrepancias. Mientras entidades como la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) defiende el trabajo de las plantas a las que considera pymes, hay sectores como el que detenta la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) -donde se ubican las plantas integradas al sector aceitero- que aseguran que el número de pymes en realidad el menor, ya que hay pequeñas productoras que estarían en las manos de los mismos accionistas, logrando ganar escala de producción en pequeñas usinas, hecho que les permite operar en el abastecimiento interno sin mayor dificultad.

De acuerdo a Casfer hay 8 empresas pymes de biodiesel en Santa Fe, 11 en provincia de Buenos Aires, 3 en Entre Ríos, 2 en La Pampa y una en San Luis. Ahora bien, la categorización es distinta para otros actores de la industria de los biocombustibles. 

Lo que plantean es que habría sólo dos empresas pymes en Santa Fe: ERA (Energías Renovables Argentinas) en la localidad de Piamonte y controlada por la familia Rossini (tienen también transporte de combustibles) y Doble L Energías en Sa Pereira. Ambas entregarían en su conjunto un 4% del total de entregas de biodiesel al corte obligatorio del país. 

El resto estaría principalmente en manos de grupos económicos como Grupo Cremer S.A., ligado al empresario Alejandro Braun, que posee las plantas Cremer y Latin Bio. Luego se menciona a Grupo Pucciarello vinculado a las plantas Rosario Bioenergía y El Albardón. Aparece luego Unitec Bio (Corporación America-Eurnekian), Explora (Hilarión Del Olmo y Axel Boerr) y Patagonia Bioenergía (controlada por Renova-Molinos). Esta última enumeración es la que genera la disyuntiva. Para algunos actores del negocio se trata de empresas medianas a grandes, aunque no estén integradas con la producción de aceites.

La generación de empleo “directo” por parte de las empresas productoras de biodiesel se calcula en unos 2.000 empleados y si sumamos los indirectos unos 6.000 empleados. 

En promedio por empresa se calcula que las pequeñas (menos de 50.000 ton/año de producción) necesitan unos 30 empleados, las medianas 50 y las grandes unos 75. Así, entre pequeñas y medianas empresas en Santa Fe se podrían calcular unos 310 empleos directos. Las empresas grandes y algunas medianas mantienen los empleados encuadrados en el sindicato aceitero, pero la mayoría de medianas y pequeñas mantienen un régimen especial con Petroleros cuyos salarios son un 35% a un 40% más bajos que los de aceiteros en promedio.