La Corte tratará el pedido de avocamiento y el concurso de Vicentin sigue suspendido

En una acordada firmada este martes con voto alineado por los seis ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe se resolvió rechazar el planteo de los abogados de Vicentin SAIC que buscaba dejar sin efecto el planteo de avocación y devolver el expediente del concurso al juzgado de origen en Reconquista. Así, los términos procesales de la convocatoria de acreedores de la agroexportadora siguen suspendidos.

Si bien se esperaba que este martes la Corte pudiese resolver el decreto de fondo que derivó en que el 16 de junio pasado la presidencia del cuerpo a cargo del juez Rafael Gutiérrez coloque en stand by los plazos concursales que eran llevados adelante por el juez civil y comercial de la 2da Nominación de Reconquista, Fabián Lorenzini, finalmente el máximo tribunal dictaminó solamente que la figura de avocamiento es pasible de ser analizada y corrieron vista al procurador general de la Corte.

Vale aclarar que tras la suspensión del concurso por parte de Gutiérrez, la propia Vicentin SAIC había presentado un recurso para dejar sin efecto la medida. El planteo fue firmado por el prestigioso constitucionalista Ricardo Gil Lavedra que afirmaba que “el presidente de la Corte carece de atribuciones para adoptar una decisión como la que se cuestiona”.

Ante dicha solicitud, los ministros de la Corte respondieron que el decreto de Gutiérrez fue “dictado dentro de las funciones conferidas por el ordenamiento jurídico al Presidente de la Corte, atento a que el mismo concierne a un decreto de trámite en una presentación realizada ante este Tribunal, no advirtiéndose, en consecuencia, el exceso jurisdiccional invocado por la presentante”.

Así, con el consenso de todo el cuerpo, ahora los jueces se tomarán entre dos y tres meses para analizar si el expediente sigue su curso en manos del juez Lorenzini o se lo dan a otro magistrado para revisar las actuaciones realizadas hasta el momento.

El decreto de Gutiérrez hizo lugar a lo esgrimido por los abogados de la firma Commodities -correacopio del Grupo Grassi-, querellante en la causa penal contra los directivos de la agroexportadora que solicitó que la Corte tome posición sobre la gravedad que supone la inminente resolución concursal en el fuero civil y comercial frente a las pesquisas abiertas en el frente penal sobre presuntas irregularidades que exponen a la firma en default a la venta de parte de sus activos para hacer frente a los pagos del acuerdo con los acreedores.