Dos al hilo en la Justicia a favor de la corredora Guardati Torti

Los directivos de la agrofinanciera Guardati Torti obtuvieron un nuevo éxito judicial, en el marco de las derivaciones tribunalicias vinculadas de su crisis, precipitada tras la caída de Vicentin. Este lunes, un fallo de Cámara ordenó la restitución inmediata de bienes secuestrados en allanamientos realizados a principios de año, que habían sido pedidos por la Fiscalía y avalados por jueces de primera instancia.

En un escrito de 34 hojas al que accedió Punto biz, el juez penal de Cámara Javier Beltramone declaró inválidas dos órdenes suscritas en diciembre de 2020 y marzo de 2021 por los jueces Vico Gimena y Becerra, respectivamente. Por consecuencia, se dispuso el cese de la interdicción y congelamiento de las cuentas y cajas de seguridad.

Las medidas habían sido pedidas por el fiscal Sebastián Narvaja. En febrero, por caso, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) difundió que en el marco de la investigación por posibles delitos económicos se habían secuestrado u$s 330.000 y joyas de la caja de seguridad de Pablo Torti (quien, en realidad, hacía varios años que no era miembro del directorio de la empresa, pero nunca se había completado su desvinculación ante los organismos competentes).

Narvaja imputó en marzo por el delito de administración fraudulenta y balance falso a los directivos de la agrofinanciera, trámite que se sustancia en paralelo con otros frentes, como el concurso de acreedores al que entró la compañía antes mencionada y otra de las sociedades del grupo, GyT Plus.

La semana pasada, la empresa había sido noticia ya que, a raíz de una cautelar firmada por el juez Ezequiel Zabale (a cargo de la convocatoria de acreedores), quedó en condiciones de volver a operar en el mercado de capitales. El planteo del magistrado llegó luego de que la propia Comisión Nacional de Valores (CNV) rechazara el pedido formulado por los titulares de la firma.

Lo de este lunes no guarda relación con lo sucedido la semana pasada. En este caso se trata de la invalidación de medidas dispuestas por jueces de primera instancia, en el marco de la investigación por presuntos delitos penales. La defensa, representada por los abogados Cristian Scoponi y Lisandro Martínez Gorostiaga, planteó que las órdenes se realizaron "sin atribución circunstanciada y específica de responsabilidad", al tiempo que afirmaron que a la fecha de presentación aún no había ocurrido la audiencia imputativa.

El fallo del juez Beltramone obliga a restituir "los efectos y dinero que fueron secuestradas en las cajas de seguridad allanadas", en el término de tres días. Por otro lado, pone en cabeza de la Fiscalía realizar los trámites correspondientes ante el Banco Central y órganos competentes con el control del juez que pueda corresponder.

Vale recordar que la investigación de la Fiscalía se inició por una denuncia de unos 40 ahorristas, quienes expusieron que les quitaron sus fondos de sus cuentas comitentes abiertas con GT SA para operar en Bolsa. Para la defensa, estos planteos no tienen lugar, puesto que la legislación ampara a la empresa.