Un juez, un financista y un operador judicial procesados por fugar u$s10 M

El juez federal de Rosario Carlos Vera Barros resolvió este viernes procesar con prisión preventiva al magistrado Gastón Salmain —medida que no se hará efectiva por la inmunidad de arresto que le otorga su cargo— y dictar el procesamiento con prohibición de salida del país para el financista Fernando Whpei y el operador judicial Santiago Busaniche. La decisión se vincula con una maniobra desplegada en diciembre de 2023 para habilitar, vía una cautelar, la venta de u$s10 M al tipo de cambio oficial por parte del Banco Central a un fideicomiso, en pleno cepo cambiario. El juez también dispuso un embargo de u$s200.000 sobre los bienes de cada uno de los imputados, en función del beneficio obtenido mediante la posterior operatoria en el mercado paralelo.

La pesquisa fue impulsada por el Ministerio Público Fiscal, con la intervención de los fiscales federales Federico Reynares Solari y Matías Scilabra; el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco; el fiscal Juan Argibay Molina, de la delegación Rosario de ese organismo; y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, junto a su auxiliar Esteban Venditti.

Según la acusación, Salmain, Whpei y Busaniche integraron una estructura asociativa activa entre septiembre de 2023 y abril de 2024, destinada a concretar la salida al exterior de los u$s10 M mediante la manipulación irregular de un expediente tramitado en el Juzgado Federal N°1, a cargo del propio Salmain.

Para los fiscales, Whpei utilizó su influencia económica para que el magistrado y el operador judicial orientaran el trámite judicial en su favor, beneficiando financieramente a Attila Fideicomisos SRL, Grupo Unión SA y Lancers SA. La maniobra se instrumentó a través de una acción declarativa de inconstitucionalidad contra normas del BCRA que restringían el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (Mulc) para el pago de deudas en dólares previas al 1° de septiembre de 2019.

En paralelo, Attila Fideicomisos solicitó una medida cautelar urgente para acceder al Mulc, utilizar fondos en pesos depositados en una cuenta de la billetera financiera Reba y adquirir hasta u$s10 M, que luego serían girados a una cuenta en el exterior de uno de sus acreedores, DB ACF Netherlands BV.

A cambio de su intervención, Busaniche y Salmain habrían requerido el pago del 10% de la diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue al momento de la operación, una suma estimada en u$s200.000. De acuerdo con la investigación, Salmain mantuvo al menos una reunión previa con Whpei en su despacho el 2 de octubre de 2023, donde recibió el escrito que luego sería presentado y analizó su viabilidad, derivando el resto de las gestiones a Busaniche.

El expediente avanzó con una serie de resoluciones firmadas por Salmain entre noviembre y diciembre de 2023, incluyendo la admisión de la demanda, el traslado al BCRA y el dictado de la cautelar, aun cuando —según la Fiscalía— los plazos procesales no se encontraban vencidos. También rechazó recursos del Banco Central y concedió apelaciones sin efecto suspensivo.

Tras la corrida bancaria de diciembre de 2023 y desacuerdos internos sobre el reparto del beneficio económico, la relación entre los involucrados se quebró. Tiempo después, Salmain remitió el expediente al MPF denunciando una presunta estafa procesal por parte de Attila SRL. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, en marzo de 2024, concluyó que no existían pruebas suficientes sobre la veracidad de la deuda ni sobre el carácter genuino de la operación.

Con base en esa secuencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que los imputados conformaron una asociación con continuidad en el tiempo orientada a cometer distintos delitos, incluyendo cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato, estos últimos atribuidos directamente al magistrado, con Whpei y Busaniche como partícipes necesarios.