Seis meses de prisión preventiva para el financista Herrera y sus hijos

Terminó la audiencia imputativa que involucró al financista rosarino Luis Herrera (66), a sus hijos, Diego (36) e Ignacio Herrera (42) y a su esposa, Marcela Fernández. La jueza de Primera Instancia, Paula Álvarez, dictaminó seis meses de prisión preventiva efectiva para los imputados varones, después de escuchar los argumentos los días 5 y 6 de diciembre en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

Que los imputados debieran esperar a que la Justicia decida elevar el caso a juicio en prisión era precisamente lo que intentaba evitar la defensa del letrado Gustavo Franceschetti, después de que el fiscal Miguel Moreno lanzara la imputación por unas 150 nuevas estafas. Ahora, quien fuera titular del mercado de futuros Rofex enfrenta acusaciones por unas 300 estafas.

Mientras que a Herrera padre se lo imputa por los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe y organizador; desobediencia a una orden judicial; quiebra fraudulenta y lavado de activos de origen ilícito en concurso real; administración fraudulenta y estafa en concurso real en calidad de autor; sus hijos y Fernández son imputados como miembros y partícipes primarios. 

La acusación

En las audiencias, el fiscal Moreno atribuyó a Herrera y su familia el haber formado parte de una asociación con permanencia en el tiempo, que comenzó a operar promediando el año 2017, destinada a planificar y cometer una pluralidad de delitos de manera organizada, junto a otras personas no individualizadas. 

Según sostuvo el fiscal, valiéndose de la estructura de la sociedad -oficinas, autoridades, empleados, reconocimiento público-, se procedía a la captación de inversores indeterminados, cuyos fondos eran administrados con el objeto de aplicarlos a negocios financieros o económicos. Parte del dinero administrado, a partir del año 2017, dejó de ser aplicado a las inversiones prometidas (Chicago Board of Trade), siendo destinado a otro tipo de inversiones que tornaron incierto el destino de los fondos aportados por la clientela. Mas allá de ello, el sistema de administración para inversión continuó funcionando.

Para mediados de 2020, fueron discontinuando la entrega de dinero (renta y capital) a las víctimas, hasta que alrededor de septiembre de 2021 cesó por completo no sólo la entrega de dinero, sino también la rendición de cuentas y cualquier tipo de información respecto de la suerte de sus inversiones.

A su vez, a partir de 2021, y siempre valiéndose de la estructura de una sociedad anónima, los imputados continuaron ofreciendo al público en general negocios financieros de alta rentabilidad, que a esta altura eran inexistentes, ya que los fondos obtenidos en esta etapa eran aplicados directamente a un sistema piramidal de estafa, con el objeto de obtener un lucro indebido para sí o para terceros  generando en las víctimas el consecuente perjuicio patrimonial.

En ambas etapas, el dinero de los inversores/víctimas se invertiría en el mercado de futuros de Chicago, denominado “Chicago Board of Trade”. En la primera, a partir de 2017 se detectaron inversiones con destino diferente al prometido. En la segunda etapa, las inversiones no existieron. 

Las entregas de dinero se realizaban en sus oficinas, en un principio ubicadas en calle Córdoba 1400 y posteriormente, en calle Rioja 1400 en ambos casos de la ciudad de Rosario- y con la intervención del personal de dicha sociedad, elementos que contribuyeron a fortalecer la confianza (durante la primera etapa) y la estratagema (en la segunda) a partir de  la buen reputación de la que gozaba. 

Otra manera de captación de dinero de las víctimas, que se ha relevado, era a través de contratos de mutuo en los que el mutuante era inducido a realizar la disposición patrimonial, bajo pretexto de que sería aplicada por la sociedad a negocios financieros o productivos que generarían la renta que, en definitiva constituiría su futura ganancia. Lo cierto es que, como dijimos arriba, todas las inversiones -las que comenzaron siendo administradas de manera regular y las obtenidas mediante ardid- se aplicaban a un sistema de defraudación conocido como “Estafa Piramidal” o “Sistema Ponzi”.

 Al 21 de septiembre de 2021, la Comisión Nacional de Valores, constató un faltante monetaria de las cuentas comitentes la cual ascendía a u$s793.000 y $77.123.800, encontrándose en proceso, la identificación aun de damnificados.  A partir del año 2017 como consecuencia del desvío de fondos que se venían administrando de manera regular y a partir de 2021 de los captados se advirtieron una serie de adquisiciones (conversiones) y transferencias de bienes, por parte de los integrantes acusados, que han tenido por objeto la conversión y puesta en circulación del dinero y de las divisas provenientes de las defraudaciones cometidas, con la consecuencia posible de que los bienes subrogantes adquiriesen la apariencia de un origen lícito. Con el mismo propósito, se utilizó dos compañías -constituidas y dirigidas por integrantes de la familia imputada.