Los empresarios colombianos que dieron un volantazo contra la narcoviolencia

Cuando en mayo de 2021, después de un viaje de negocios a Estados Unidos, Juan Ramón Guzmán, dueño de uno de los grupos económicos más pujantes de Colombia, bajó del avión en su Cali natal, se encontró con una ciudad completamente bloqueada.

Prácticamente no se podía circular por las calles, los comercios y las fábricas estaban paralizados, y los manifestantes -que tantas veces habían "parado" contra el hambre, la falta de oportunidades y la inseguridad a manos del narcotráfico- habían tomado las calles y montado decenas de “puntos de resistencia”, que llevaban varias semanas en pie.

Se alimentaban en ollas populares, dormían donde encontraban resguardo, y se trasladaban encapuchados, esquivando los tiros, que ya se habían cobrado varios muertos.

Guzmán, presidente de la Junta Directiva de Bivien, uno de los grupos económicos caleños más fuertes, entendió que “aquel clima se parecía más al de una guerra civil que al de un paro”, e intuyó que el complejo productivo que alimenta su imperio de productos de belleza y bienestar (hoy Bivien tiene cerca de 800 empleados) seguiría paralizado a cero por tiempo indefinido. 

En el estallido social de Colombia, como le llaman a los 40 días de furiosas manifestaciones y levantamientos que ocurrieron en las grandes urbes apenas a la salida de la pandemia, un grupo de empresarios desesperados por el futuro de sus empresas, la vida de sus familias y el porvenir de la ciudad dio un giro de 180° en su estrategia: se dirigieron personalmente al lugar de las protestas y se bajaron de sus coches blindados para conversar cara a cara con los manifestantes. 

“Le pedí al chofer que dejara el auto a varias cuadras y caminé hasta la caseta donde estaban resistiendo, escoltado por dos personas de organizaciones sociales. Los manifestantes estaban con la cara tapada, algunos armados. Lo primero que preguntaron, bastante enojados, es si yo era político, así que me identifiqué como el dueño de Bivien. A partir de ahí, el diálogo se repitió todos los días durante varias semanas, pero cada vez más cercano. No había animosidad contra los empresarios”, indicó Guzmán, que no fue el único. La aparición de los popes de las compañías caleñas en los puntos de resistencia empezó a ser usual, de la mano de los líderes de organizaciones sociales.  

Aquellas primeras conversaciones derivaron, primero, en que los privados impulsaran la apertura de una centena de comedores populares. Luego, impulsaron un proyecto que tiene pocos antecedentes: hoy hay unos 650 empresarios del Valle del Cauca organizados detrás de Compromiso Valle, el paraguas de una movida a través de la cual los empresarios financian programas de empleo inclusivo y formación de emprendimientos. “En tres años llevamos invertidos u$s25 M”, calculó Guzmán.

Los números que difunden desde Propacífico, la fundación que gestiona y hace posible esta maquinaria, son promisorios: llevan más de 3.300 empleos formales otorgados desde 2021, y unos 8.200 emprendimientos independientes apalancados.  

“Antes de que existiera este proyecto nadie empleaba formalmente a una persona que no hubiera terminado el secundario, y hoy las empresas firmantes del programa tenemos un equipo que recibe a esos aspirantes, evalúa sus habilidades y los ubica en puestos que pueden cumplir muy bien. Antes nadie tomaba a alguien tatuado, ni a un indígena o representante de la comunidad afro, que tienen mucha incidencia en Cali, y hoy las adherentes hemos barrido esos filtros. La industria de la motocicleta es fuerte en Cali, entonces las empresas que las fabrican lanzaron capacitaciones para formar mecánicos, por ejemplo”, ejemplificó Guzmán. Estas propuestas surgieron de escuchar a los manifestantes.

"Mientras que el sector corporativo venía haciendo oídos sordos a la violencia porque creían que era un tema del cual se tenía que ocupar el Gobierno en exclusiva, en el estallido tuvieron que sacarse los tapones y dijeron a los líderes sociales 'ya entendimos, díganos qué tenemos que hacer'", aseveró Christine Armitage, una de las herederas de Siderúrgica de Occidente (Sidoc) e Ingenio de Occidente, grandes empresas fundadas por su padre, quien también fue alcade de Cali.

"En Colombia, quienes tenemos privilegios nos acostumbramos a vivir metidos en una burbuja: vamos del barrio al colegio, del colegio al club y luego a una serie de restaurantes, pero no conocemos la ciudad ni mucho menos pisamos los barrios.Así es la vida de la mayoría de las personas con las que me crié, aunque no la mía, por mi trabajo en Fundación Sidoc. También silenciamos la violencia que hemos sufrido. Todas las familias de Cali, las de todas las clases sociales nos acostumbramos a convivir con los dolores que nos trajo la violencia, incluso dejamos de hablar de eso. En mi caso, mi padre fue secuestrado en dos oportunidades y yo lo lloré recién 20 años después, cuando lo escuché relatar en televisión lo que había vivido durante su secuestro", contó Armitage.  

Rosario y el fantasma del estallido

Aunque los medios nacionales gusten de poner a la ciudad como el espejo de Cali y Medellín, los datos indican que la violencia narco y la inseguridad en Colombia tiene otro calibre, al menos por ahora. 

En el año más sangriento de Rosario, 2022, se registraron 258 homicidios, mientras que en la Cali de 2021 fueron más de 1.500 muertes. Es cierto que en la urbe colombiana la población es de casi 2,4 millones de habitantes y aquí no llega a los 1,4 millones, pero incluso teniendo esa cifra en mente, la balanza no equilibra. Una cosa sí tienen en común: la mayor proporción de las muertes fueron adjudicadas al sicariato o los ajustes de cuentas. 

“La idea es conocer estos testimonios para empezar a hablar sobre el potencial de las empresas en la prevención de violencias”, explicó Selva Raggio, directora ejecutiva del Foro Regional Rosario, entidad que organizó una charla para empresarios locales la semana pasada en la que los colombianos contaron su experiencia por streaming. Participaron Guzmán, Armitage y otros dos compatriotas, también dueños de empresas muy importantes, como Joaquín Losada del Grupo Fanalca y Jesús Mejía de Calzatodo.  

¿Qué le dirían a los empresarios de Rosario? Para Guzmán, los programas de inclusión social como Compromiso Valle, en los que las mujeres y hombres de negocios intervienen poniendo su cara, su cuerpo y sus fondos, cambiaron la relación entre las empresas y la ciudad.

“Creo que como empresarios logramos ponernos a la par de la gente en su reclamo hacia el Estado. Va contra el estigma del pobre y el rico”, opinó el presidente de Bivien y agregó: "Hoy mis hijas y yo tenemos buenos amigos en todas las áreas de la ciudad, que vienen a cenar a mi casa cuando antes, tengo que admitirlo, hubiéramos pensado y qué tal si luego alguien nos secuestra. Le doy un lugar a la inclusión en mi agenda todos los días, y aunque suene incorrecto decirlo, el beneficio no es solo para los que montaron su emprendimiento o consiguieron empleo: a mí me han llamado con otro interés las grandes cadenas de retail de Bogotá y del exterior, y por otro lado el compromiso de quienes trabajan en la empresa se ha vuelto mucho más fuerte. La empleabilidad mejoró muchísimo, la gente desea trabajar en Bivien", analizó.

“Lo que nos contaron que pasó en Rosario, la sucesión de muertes de civiles a manos del narco el año pasado, es algo que había sucedido en Cali antes del estallido”, advirtió Armitage -quien además dirige la Fundación Sidoc- y concluyó: "Nos acostumbramos a vivir inmersos en una olla a presión como si no pudiéramos hacer nada al respecto. Pero sí hay mucho por hacer".