Etiquetado frontal de alimentos: más preguntas que respuestas

En medio de una crisis global marcada por el acelerado aumento de las tasas de sobrepeso y obesidad, gobiernos y organismos internacionales continúan buscando respuestas a un problema que demanda soluciones innovadoras y herramientas capaces de transformar los hábitos de la población, no solo de modificar los envases.

Se suele decir que una imagen vale más que mil palabras. Sin embargo, esa metáfora difícilmente puede aplicarse al complejo universo de la nutrición. Traducir la información nutricional para hacerla más accesible y comprensible es un objetivo legítimo, pero ello no implica que deba reducirse a un octógono negro o a un sistema de colores que simplifique en exceso una realidad mucho más compleja. La alimentación no puede resumirse en un símbolo gráfico.

Los chilenos llevan una década conviviendo con los octógonos negros que advierten cuando un producto es alto en azúcares, sodio, grasas saturadas o calorías. Sin embargo, ese tiempo no ha sido suficiente para demostrar un cambio sustancial y sostenido en los indicadores de obesidad y sobrepeso del país. Que el etiquetado haya transformado el mercado alimentario, impulsando la reformulación de productos y cambios en las estrategias de la industria, no significa, necesariamente, que haya generado una mejora equivalente en la salud de la población.

Este aspecto suele quedar relegado en el debate público. Chile es presentado con frecuencia como el gran caso de éxito internacional del etiquetado frontal, cuando la evidencia científica todavía dista de ofrecer conclusiones definitivas sobre su impacto en los principales indicadores sanitarios.

Muchos citarán el reciente estudio publicado en The Lancet como la prueba concluyente de la eficacia del modelo chileno. Sin embargo, en una época en la que los titulares suelen pesar más que el contenido de las investigaciones, pocos se detienen a leer sus resultados con detenimiento.

Lejos de demostrar un éxito contundente, el estudio reporta un impacto limitado. Sus autores estiman una modesta reducción en la ingesta calórica y observan efectos de corto plazo únicamente en niños de entre cuatro y seis años. Al mismo tiempo, no aportan evidencia de reducciones sostenidas en la prevalencia de obesidad ni en la incidencia de enfermedades crónicas asociadas a la mala alimentación.

Los propios investigadores reconocen, además, que las etiquetas de advertencia, por sí solas, no bastan para combatir la obesidad. El análisis considera un conjunto de políticas implementadas simultáneamente en Chile, entre ellas las restricciones a la publicidad dirigida a niños y las regulaciones sobre alimentación escolar. En consecuencia, resulta metodológicamente imposible atribuir al etiquetado frontal, de manera aislada, los efectos observados.

Desde el think tank europeo Competere sostienen que las políticas públicas deberían trascender las estrategias centradas exclusivamente en las etiquetas de advertencia. Plantean que la prevención requiere herramientas más sofisticadas, basadas en la educación nutricional, la alfabetización en salud, la personalización de las recomendaciones, el uso de tecnologías digitales, la inteligencia artificial y la promoción de decisiones informadas por parte de los consumidores. En otras palabras, un enfoque que empodere al ciudadano en lugar de limitarse a advertirle.

La experiencia internacional también invita a la prudencia antes de presentar el etiquetado frontal como una solución definitiva. Países como Argentina, México y Colombia han adoptado modelos similares en los últimos años, mientras que Francia impulsó el sistema Nutri-Score con objetivos comparables. Sin embargo, ninguno de estos casos ha logrado demostrar, hasta el momento, una reducción clara y sostenida de la obesidad atribuible exclusivamente al etiquetado.

De hecho, algunos gobiernos comienzan a revisar estas políticas. En Argentina, la administración de Javier Milei ha manifestado su intención de modificar el sistema de etiquetado frontal vigente, reduciendo su alcance y eliminando determinadas obligaciones asociadas a la ley, al considerar que genera cargas regulatorias excesivas y no existen pruebas concluyentes sobre su eficacia para mejorar la salud pública. 

En Europa, el entusiasmo inicial por Nutri-Score también se ha ido enfriando. Varios Estados miembros, entre ellos Italia, República Checa, Rumanía, Grecia, Chipre, Hungría y España, han expresado reservas o han rechazado su adopción como sistema armonizado a escala europea, al cuestionar su base científica, el tratamiento de determinados alimentos tradicionales y su capacidad para reflejar adecuadamente la calidad nutricional de una dieta.

La lección parece evidente: cuando se enfrenta una epidemia tan compleja como la obesidad, no existen atajos ni soluciones de un solo componente. El desafío exige políticas integrales, evidencia robusta y la disposición a revisar críticamente aquellas estrategias que aún no han demostrado cumplir las expectativas que generaron. En una era donde la información circula a una velocidad que va más rápido que la propia veracidad, exigir evidencia científica como base de cualquier política destinada a tener un impacto en la salud de los consumidores, es primordial.