Las nominaciones cosechan críticas por izquierda y derecha pero el oficialismo confía en que le dan los números
El gobernador Maximiliano Pullaro avanza con la designación de nuevos jueces para la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe pese a los cuestionamientos que realizaron diferentes instituciones y sectores de la oposición. Las principales objeciones se basan en que aún no fueron oficializadas las renuncias de dos de los tres supremos salientes.
A principios de enero, el Ejecutivo envió a la Legislatura los pliegos de tres nuevos postulantes para el máximo tribunal: Diego Maciel, Aldo Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini. La idea del Ejecutivo es que el trío de aspirantes cubra las bajas que generarán en la Corte las salidas de los jueces Roberto Falistocco, Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler. Pero tanto la oposición como el Colegio de Magistrados señalaron la irregularidad del procedimiento dado que Gutiérrez y Falistocco anunciaron públicamente su salida pero no presentaron por escrito su renuncia.
Críticas del Colegio de Magistrados
Cumpliendo con lo que requiere el proceso de designación habilitado por Pullaro, el Colegio de Magistrados de Rosario manifestó su postura sobre el tratamiento de los pliegos. Según consignó la institución en un comunicado: “se señaló la falta de vacancia jurídica en dos de los cargos que se pretenden cubrir”. Es decir, el colegio considera que solo uno de los tres pliegos presentados pueden ser aprobados por la Asamblea Legislativa.
En otro de los tramos de su misiva ante la Comisión de Acuerdos, el Colegio solicita que “se analice si se está cumpliendo con la directriz de procurar la paridad de género contenida en el artículo 118 de la Constitución provincial”. En esta línea también se manifestó la Red de Mujeres por la Justicia, que fue más allá y presentó un amparo contra el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, solicitando que se cumpla con el “principio constitucional”.
Para el abogado constitucionalista Oscar Blando se trata de una situación “desprolija, por lo menos, dado que jurídicamente no se generaron esas dos vacantes en los cargos”. “Pese a que ambos jueces superaron el límite fijado por la nueva Constitución (75 años), el mecanismo de designación no debiera ser este por lo que se cubre en definitiva son vacantes”, aportó el doctor a Punto biz.
Respecto de la cuestión de género, Blanco señaló que el artículo 118 indica un mandato claro para la designación de nuevos jueces. “El texto habla de procurar, esto quiere decir: hacer diligencias o esfuerzos para que suceda lo que se expresa. Acá debiera elegirse con un sistema de paridad. La corte pasará a tener siete miembros y solo dos serán mujeres. No manifiesta el Poder Ejecutivo los esfuerzos para cumplir con el mandato constitucional”, explicó el profesor. “La otra designación del gobernador incluyó solamente una mujer de tres y en esta se replica esa lógica”, añadió.
El poroteo en la Legislatura
Pese a los cuestionamientos, el frente oficialista, Unidos Para Cambiar Santa Fe, aceleró el tratamiento de los tres nuevos postulantes. Este miércoles 25 tendrán lugar dos de las instancias previas que reglamenta la nominación de nuevos jueces. Por un lado, se realizará una audiencia pública abierta a la ciudadanía. Por el otro, los miembros de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura tendrán una entrevista a puertas cerradas con los tres candidatos. Está estipulado que el procedimiento continúe el jueves, cuando la Asamblea Legislativa, sumatoria de senadores y diputados, apruebe o rechace los nombres postulados. Allí, el oficialismo deberá conseguir más de dos tercios de los votos para avanzar.
Aunque Unidos apuró el tratamiento, confiado en que cuenta con números de sobra en la Asamblea, legisladores de diferentes sectores de la oposición se plegaron a las objeciones del Colegio de Magistrados. Un diputado del peronismo dijo a Punto biz que se trataba de un nuevo “mamarracho institucional” del gobernador, aunque no confirmó cómo votarán los integrantes de su interbloque.
Consultado por este medio, un legislador del espacio de centroizquierda, Frente Amplio por la Soberanía, respondió que sí Unidos solicita el tratamiento el jueves, su espacio lo rechazará y abandonará el recinto.
Por su parte, el bloque liderado por Amalia Granata, Somos Vida, anticipó públicamente que sólo votará en favor de Aldo Alurralde, dado que interpretan que hay una única vacante a cubrir, la de Eduardo Spuler. “Nos dejan en bandeja los argumentos para rechazarlos”, confió un hombre del espacio a Punto biz.
Pullaro v la Corte: un duelo de larga data
Desde que asumió su mandato como gobernador, Maximiliano Pullaro no ocultó su voluntad de renovar el máximo tribunal de la provincia. Entendiendo que los cortesanos habían cumplido un ciclo, primero impulsó una ley para fijar en 75 años la edad límite. Luego llevó estas modificaciones a la Constitución provincial, quitando además un pasaje de la carta magna que permitía a los supremos aplazar su salida indefinidamente.
Cercados jurídicamente y con la amenaza latente de una destitución por decreto del gobernador, los cinco cortesanos excedidos en edad buscaron salidas decorosas. En un primer turno renunciaron María Angélica Gastaldi y Mario Netri. Para cubrir estos dos puestos y una séptima banca que se añadió a la Corte por ley, ingresaron los jueces Margarita Zabalza, Jorge Baclini y Ruben Weder.
Luego Eduardo Spuler anunció que dejaría su banca el primero de septiembre de este año. Los dos restantes del quinteto pasado en edad, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez, comunicaron en diciembre que renunciarían pero aún se resisten a formalizar la salida.
Para cubrir las nuevas vacantes, Pullaro eligió tres abogados con trayectorias y proveniencias diferentes. Por un lado, está nominado el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, con amistades en el PRO y varias veces elogiado por Patricia Bullrich. Por otro, Diego Luis Maciel, secretario administrativo del Senado provincial y de cercanía con el cacique radical, Felipe Michlig. Completa la terna la letrada Jorgelina Genghini, integrante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y vocal del Consejo de la Magistratura, cercana al expresidente del Colegio de Abogados Lucas Galdeano.
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