Organizadores de marchas deberán pagar por daños a bienes patrimoniales

El debate sobre el uso del espacio público y el resguardo de la identidad arquitectónica de Rosario sumó un nuevo capítulo en el Concejo Municipal. Tras los recientes episodios de vandalización y pintadas en la fachada de la Catedral de la ciudad durante una movilización masiva, la concejala Sabrina Prence (bloque Nación y Libertad) ingresó una iniciativa legislativa que busca proteger a  las arcas públicas ante los costos de reparación edilicia.

El planteo central del proyecto radica en que el Estado local adquiera la potestad y la obligación de reclamar el pago de los daños efectuados ante bienes bajo protección patrimonial provocados en el marco de movilizaciones directamente a sus organizadores, permisionarios o firmantes de las garantías del evento.

El antecedente inmediato ocurrió el sábado 3 de octubre, durante la 20ª Marcha del Orgullo de Rosario. Mientras la movilización atravesaba el centro rumbo al Parque Nacional a la Bandera, la Catedral Basílica Nuestra Señora del Rosario, ubicada en Buenos Aires y Córdoba, recibió bombas de pintura y pintadas sobre su fachada recientemente restaurada. Los daños afectaron las paredes sobre calle Córdoba y obligaron a realizar una limpieza especializada, que comenzó el lunes 5 de octubre. 

Macerola reclamó que quienes provocaron los daños afrontaran su reparación y planteó revisar el recorrido para prevenir nuevos episodios y  Prence recogió el guante. 

Prevención y responsabilidad económica

De acuerdo al texto, que ya fue derivado a la comisión de Gobierno del Palacio Vasallo para su correspondiente tratamiento, se prevé la creación de una "Alerta Preventiva Patrimonial". Este mecanismo permitiría al municipio coordinar de forma previa con los manifestantes, trazar recorridos alternativos y colocar cobertores reversibles en monumentos y fachadas catalogadas de alto valor histórico o cultural.

Sin embargo, el eje de mayor impacto pasa por el financiamiento de los arreglos. El texto aclara de forma taxativa que, de registrarse roturas, pintadas con aerosoles o cualquier tipo de degradación en los frentes protegidos, una instancia municipal estará facultada para facturar y cobrar el costo total de las obras de restauración a las agrupaciones o personas físicas que convocaron la marcha.

El equilibrio con el derecho a la protesta

Desde el entorno de la edila libertaria aclararon que la medida no busca de ningún modo conculcar o censurar el derecho constitucional a la manifestación. "El proyecto no establece restricciones al derecho a manifestarse, sino que plantea medidas para compatibilizar las movilizaciones con la preservación del patrimonio", detalla el borrador técnico de la propuesta. 

Asimismo, el articulado resalta que la sola condición de ser organizador no generará responsabilidad penal automática si los destrozos son cometidos individualmente por terceros ajenos a la columna principal, pero sí abre una vía administrativa para que el municipio exija coberturas, seguros o fianzas previas según la magnitud del acto previsto.