Política

Intentan revertir la situación

Los nacionalizados españoles se quedan afuera de las elecciones de noviembre

Los nacionalizados españoles se quedan afuera de las elecciones de noviembre

Por Redacción

El voto de los que obtuvieron la ciudadanía y residen en el exterior dependen de un trámite de imposible realización. 

Los descendientes de españoles que obtuvieron la ciudadanía quedarán afuera de las próximas elecciones en la Madre Patria, a menos de que logren cumplir con un trámite casi imposible. Un freno judicial ha sembrado el caos y la indignación en los consulados de todo el mundo, dejando en el aire el sufragio de miles de nuevos ciudadanos, con fuerte impacto en la Argentina, el país con la mayor cantidad de solicitudes y nuevos electores.

La gran sombra que planea sobre estos comicios es la reciente resolución del Tribunal Supremo de España, que ha ordenado la suspensión cautelar del derecho al voto para más de 160.000 ciudadanos residentes en el extranjero que adquirieron la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática, popularmente conocida como Ley de Nietos. 

La medida cautelar dictada por el alto tribunal establece una estricta línea de corte: los nacionalizados bajo esta norma jurídica que residen fuera de las fronteras españolas no podrán ejercer el sufragio, a menos que logren acreditar ante la Justicia que son descendientes directos de un exiliado, algo que es materialmente casi imposible de conseguir en pocos días. Esta restricción no afecta a quienes, habiendo obtenido la nacionalidad por la misma vía, hayan fijado su residencia en territorio español. 

La comunidad en el exterior ha reaccionado con alarma. Portavoces del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) y diversas federaciones de emigrantes han denunciado la "inviabilidad material" de la orden judicial. Advierten que las oficinas consulares carecen del personal y del tiempo necesario para revisar individualmente miles de expedientes antes de la cita electoral. Existe, por tanto, un temor fundado a que la complejidad de aplicar esta criba provoque bloqueos administrativos o errores que terminen afectando a otros electores del censo general. Pese al conflicto, la Junta Electoral Central (JEC) ha ordenado proceder al envío de la documentación a los 2,7 millones de inscritos en el Censo de Electores Residentes Ausentes (Cera), aunque incluyendo una notificación de apenas dos líneas sobre el mandato del Supremo.

En ningún lugar del mundo repercutió esta decisión con tanta fuerza como en la Argentina. Siendo la comunidad española en el extranjero más numerosa, el cepo  judicial ha sido calificada por los afectados locales como una "grave violación a los derechos constitucionales" que los relega a ser "ciudadanos de segunda". Se calcula que unos 30.000 argentinos con pasaporte español consolidado verán bloqueado su voto el 29 de noviembre próximo. 

La reacción de la colectividad en el país fue inmediata. Por un lado, el exjuez Baltasar Garzón, a través de su estudio de abogados y en coordinación con la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, ha ofrecido defensa legal gratuita a los damnificados. El objetivo es realizar presentaciones exprés ante el Tribunal Supremo y el Constitucional antes de que venza el riguroso plazo de cinco días hábiles fijado por la justicia para presentar alegaciones. 

Desde el propio CGCEE en Argentina, su presidenta, Violeta Alonso, advirtió sobre la imposibilidad fáctica de la medida. Debido a que los consulados en el país (como los de Buenos Aires, Rosario o Córdoba) recién cuentan con registro civil electrónico desde abril de 2025, la mayor parte de las actas de opción de nacionalidad siguen en tomos de papel. Revisar legajo por legajo para discriminar quién acreditó el exilio político y quién accedió por presunción general es, según las autoridades, una quimera administrativa. 

Por último,  agrupaciones como el Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Cedeu) en Argentina se han personado ante la Justicia e impulsado reclamos urgentes ante el Defensor del Pueblo en España. Argumentan una discriminación flagrante: dos hermanos con el mismo expediente de nacionalidad tienen derechos distintos si uno decidió mudarse a Madrid (mantiene el voto) y el otro permaneció residiendo en la Argentina(se le suspende).

CONTENIDO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES.

Si querés ser protagonista de los Negocios necesitás información.

Si estás acá es porque necesitás esta información.

SUSCRIBITE

Por asesoramiento personalizado o consulta de Planes Corporativos escribinos a suscripcion@puntobiz.com.ar. Whatsapp al 3415034363.

Más info

Lo que tenés que saber de Política

Las más leídas

Además

La sesión de tu cuenta se cerro por exceso de usuarios.

¿Querés recibir notificaciones de alertas?