Empresarios piden un plan de promoción para ponerse a tiro con Córdoba

Con una ley de promoción industrial que carga décadas de atrasos, empresarios y referentes del sector productivo salieron a plantear que Santa Fe necesita actualizar de urgencia su esquema de incentivos si quiere volver a competir por inversiones, empleo y proyectos tecnológicos frente a provincias que avanzaron mucho más rápido.

El planteo quedó plasmado en un anteproyecto elaborado por Fundación Apertura, que propone una nueva Ley de Promoción de Inversiones inspirada en el modelo que Córdoba reformuló en 2021 y que multiplicó por más de cinco la cantidad de promociones industriales otorgadas.

“La discusión hoy es cómo traemos más y mejores inversiones a la provincia”, resumió Cristian Bergmann, presidente de la entidad, quien advirtió que Santa Fe “pierde competitividad” frente a jurisdicciones que ofrecen beneficios fiscales más agresivos y reglas más previsibles para el sector privado.

El diagnóstico que hace el informe es contundente. Mientras Santa Fe entrega menos de 17 promociones industriales por año, Córdoba pasó a otorgar unas 94 anuales tras la sanción de su nueva ley y ya supera las 650 empresas beneficiadas activas.

Para Fundación Apertura, la ley santafesina 8.478 quedó vieja frente al nuevo mapa productivo. El documento enumera siete problemas centrales: un marco jurídico “obsoleto”, más de 15 decretos superpuestos desde 2006, exceso de burocracia, falta de incentivos al empleo y ausencia de herramientas específicas para tecnología, inteligencia artificial o data centers.

“Creemos que es necesario ampliar la mirada, incluir nuevos sectores y generar una herramienta normativa que permita a la provincia sentarse con grandes inversores con incentivos adecuados a las herramientas existentes en otras provincias”, señaló Bergmann.

Uno de los puntos que más preocupa al sector empresario es la pérdida de inversiones frente a otras jurisdicciones. El trabajo menciona casos de compañías tecnológicas que eligieron Córdoba, parques solares que se radicaron en San Juan y Chaco y proyectos agroindustriales que terminaron instalándose en Entre Ríos y Buenos Aires atraídos por mejores condiciones fiscales e infraestructura.

Además, el informe advierte que la ausencia de incentivos específicos para centros de datos e infraestructura vinculada a inteligencia artificial está dejando afuera a Santa Fe de proyectos de entre u$s50 millones y u$s200 millones que hoy buscan radicarse en el interior del país.

“Santa Fe tiene un ecosistema científico tecnológico muy robusto, vinculado a la agroindustria. También cuenta con recursos humanos altamente capacitados gracias a universidades de prestigio internacional. A partir de eso creemos que están dadas las condiciones para atraer centros de datos, empresas tecnológicas medianas y grandes y proyectos vinculados a logística inteligente”, sostuvo Bergmann. Frente a ese escenario, el anteproyecto propone dos regímenes diferenciados. Uno pensado para MiPyMEs y otro orientado a grandes inversiones superiores a u$s20 millones. 

En el caso de las pequeñas y medianas empresas, la iniciativa contempla un crédito fiscal equivalente al 25% de la inversión aplicada a Ingresos Brutos, además de exenciones en Sellos, Inmobiliario y energía. También suma subsidios al empleo de hasta siete años y un mecanismo de aprobación tácita si el Estado no responde dentro de los 30 días hábiles.

Para grandes proyectos, el esquema habilita contratos de promoción negociados con estabilidad fiscal, exención total de Ingresos Brutos y acceso a suelo industrial a precio promocional.

“El objetivo es dejar atrás la lógica de un único régimen para todos. Una pyme no tiene la misma capacidad administrativa ni financiera que una gran compañía”, explicó Bergmann. Y agregó que el nuevo sistema busca reducir trabas burocráticas mediante procesos digitales y plazos definidos directamente por ley.

De hecho, el anteproyecto plantea un esquema completamente digital, con ventanilla única electrónica, expedientes online y aprobación automática por silencio administrativo si el Estado no responde en tiempo y forma.

La propuesta también amplía de manera fuerte los sectores alcanzados. Además de la industria manufacturera y la agroindustria, incorpora economía del conocimiento, biotecnología, robótica, videojuegos, logística productiva, economía circular, energías renovables e infraestructura digital.

Otro de los ejes centrales es el desarrollo del norte provincial. El proyecto crea Zonas de Desarrollo Prioritario para departamentos como Vera, General Obligado, 9 de Julio, Garay, San Javier y San Cristóbal, donde las empresas accederían a mayores plazos de beneficios fiscales, subsidios al empleo un 50% más altos y prioridad en créditos y parques industriales.

“La idea es que la promoción de inversiones no quede concentrada únicamente en los polos económicos tradicionales de la provincia. Hoy muchas localidades del norte compiten en desventaja por infraestructura, escala o distancia logística. El proyecto busca compensar esas diferencias con incentivos superiores”, explicó el titular de Fundación Apertura.

Además, el régimen prevé asistencia técnica gratuita mediante convenios con UNL, UNR y Conicet, acceso preferencial a suelo industrial y una red de municipios productivos adheridos al sistema de promoción.

Como meta de máxima, Fundación Apertura estima que Santa Fe podría captar inversiones privadas adicionales por u$s2.000 millones anuales en un plazo de cinco años y generar unos 25.000 empleos industriales directos si logra implementar un esquema competitivo similar al cordobés.