Entretelones en la sanción de la autonomía de Rosario

Rosario logró, finalmente, su autonomía municipal. Un largo reclamo, avalado por la Constitución nacional en 1994 y habilitado finalmente por la Carta Magna santafesina con la reforma de este año, permitió dar el paso que la ciudad esperó durante tanto tiempo. 

La ordenanza aprobada por el Concejo permite que el Ejecutivo ejerza competencias que van desde modernizar su estructura administrativa y el régimen de compras y contrataciones hasta habilitar canales de participación ciudadana, trabajar sobre el medioambiente y el arbolado y otorgar facultades para manejar un presupuesto propio, endeudarse o explorar fuentes de financiamiento local.   

Se trata del primer paso. El próximo, profundamente significativo, terminar de darse en dos años con la conformación de la asamblea estatuyente que redactará la carta orgánica municipal, una especie de Constitución local que permitirá el autogobierno.

Lo que el jueves fue celebrado como un hito histórico no estuvo exento, sin embargo, de disputas políticas, resistencias, negociaciones y cambios.

El proyecto elevado por el Poder Ejecutivo fue retrabajado a partir de las sugerencias y rechazos que marcaron, por ejemplo, sectores de la oposición y del sindicato municipal. Pablo Javkin, sin embargo, consiguió imponer la idea de avanzar con la aprobación de la ordenanza antes de que el cuerpo deliberativo se renueve con la llegada de nuevos ediles el 10 de diciembre y Unidos pierda la actual mayoría automática.

La negociación con los concejales de la oposición logró que se amplíen los mecanismos de participación ciudadana, que se imponga un control de parte del Concejo al endeudamiento municipal y que se ratifique la paritaria local con los empleados públicos. Esos retoques permitieron allanar el camino para la discusión final, un debate en el que el oficialismo tenía garantizados los votos necesarios para la aprobación. 

El apartado de las competencias que podrá ejercer el municipio de inmediato es el que más resistencias generó en la oposición. Tomando como referencia dictámenes del Colegio de Abogados y de la cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que advertía sobre la posibilidad de juicios futuros, Ciudad Futura, sectores del peronismo y hasta de los libertarios, además del Frente Amplio por la Soberanía, rechazaron ese segmento de la ordenanza. 

Distintos ediles insistieron en que algunas disposiciones se adelantan a lo que debiera habilitarse una vez elaborada la Carta Orgánica municipal, por lo que se excederán competencias colocando al municipio por encima de decisiones que deben tomar otros poderes o el Estado provincial. 

Hubo, también, un contrapunto vinculado con los empleados municipales. Además de formalizarse la negociación paritaria y de mantenerse la edad jubilatoria –salvo casos especiales es de 60 años de edad para las mujeres y 65 en el caso de los varones–, el Ejecutivo avanzó en la facultad para intimar a que los agentes públicos que superen los 70 años inicien el trámite de retiro.

En el peronismo creen que ese punto es regresivo. Pero, además, que busca colocar al líder del sindicato municipal, Antonio Ratner, al borde de su salida. 

Al frente del gremio desde hace casi tres décadas, en los últimos tiempos Ratner tuvo agrios cruces con Javkin, que entre otras cuestiones lo acusó de jugar políticamente en favor de Juan Monteverde, el líder de Ciudad Futura. En la oposición ven que el Ejecutivo buscó cobrarse esas disputas con la limitación de la edad.  

Fue curioso que la peronista Fernanda Gigliani y el concejal libertario Franco Volpe –por citar dos ejemplos ubicados en antípodas ideológicas– coincidieran en marcar que, teniendo en cuenta la trascendencia institucional del tema, la ordenanza se impulsó de manera “apresurada” por la urgencia que marcó el Ejecutivo para sacar el trámite. “Ordenanza ómnibus”, definió Gigliani al mensaje elevado por el intendente. Varios, en la vereda opuesta del oficialismo, se quedaron con esa idea.

Lo que viene en 2027

La ordenanza habilita la convocatoria a elecciones para definir a los 28 integrantes de la comisión estatuyente, encargada de redactar la Carta Orgánica local. 

La elección de esos 28 representantes –el mismo número de representantes legislativos que tiene la ciudad– se realizará con los comicios locales de 2027. 

Quienes resulten electos tendrán cuarenta días para la elaboración del texto, con posibilidad de ampliar el debate otros veinte días. Se trata de un esquema de trabajo semejante al que se observó con la reforma de la Constitución provincial. No podrán presentarse como candidatos aquellos que cuenten con condenas por delitos dolosos. 

Una vez más, en ese llamado, hubo margen para el contrapunto. La oposición cuestionó que el Ejecutivo sugiera un temario para el debate de la Carta Orgánica municipal, lo que evalúan podría condicionar la tarea de la estatuyente. En el oficialismo tildaron ese planteo de ridículo y explicaron que de ninguna manera son asuntos vinculantes. 

Entre otros puntos, el proyecto sugiere trabajar normativas para darle rango orgánico al equilibrio fiscal, la aplicación de la llamada ficha limpia y la posibilidad de elegir un viceintendente y concejales por barrios. 

No se menciona, en cambio, la chance de resolver una elección para intendente a través del balotaje –en caso de que no se alcancen en la primera vuelta porcentajes mínimos–, algo que la oposición resiste y que en el Ejecutivo evalúan podría reportarle una ventaja política. Para saber si ese punto se pondrá en juego o no habrá que esperar dos años, por lo que en cualquier caso el esquema de segunda vuelta podría aplicarse –en caso de ser aprobado, claro– recién en 2031.