El plan B que estudia el Gobierno para avanzar en una reforma laboral

Tras el tratamiento parlamentario de la ley ómnibus, se especula enviar al Congreso la reforma laboral, que continúa suspendida a raíz de una medida cautelar dictada por la Cámara Nacional del Trabajo y que espera la definición de la Corte Suprema, que no tiene plazo estipulado para decidir sobre su inconstitucionalidad.

Según pudo saber El Cronista de fuentes de La Libertad Avanza (LLA), esta es la estrategia más estudiada por el oficialismo si es que continúa el freno judicial de la reforma. Este paquete de medidas era una de las más ambiciosas de las insertas en el Decreto 70/23 publicado en diciembre del año pasado, el cual desregula diversos aspectos de la economía.

"Seguramente vamos a seguir discutiendo y poniendo la reforma laboral si es que no sale por el DNU, que está trabado. Lo discutiremos por ley", indicó una fuente parlamentaria. Desde Presidencia señalan que las discusiones de la coyuntura no permiten enfocar la atención en esa eventual presentación, pero que la vigencia de la suspensión hace cada vez más viable un tratamiento legislativo. 

Desde LLA no detallan plazos. Aunque reconocen que se "podría haber metido dentro de la Ley Bases, es preferible meterlo en las sesiones ordinarias y empezar ahí el camino para aprobarla". Mientras tanto, se espera que Milei firme la prórroga de las extraordinarias producto de la demora que padece el trámite de la Ley Bases en la Cámara de Diputados.

Se trata de un reclamo que le habían hecho desde los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados como el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF); quienes se habían mostrado dispuestos a acompañar una eventual inserción de las normativas laborales dentro del megaproyecto.

"Milei tendría que haber mandado en diciembre un paquete fiscal razonable y tendría que haber mandado una reforma laboral por ley", indicó en declaraciones radiales el diputado y líder de la Coalición Cívica Juan Manuel López, una posición que fue compartida por su bloque de HCF.

El Gobierno festejó la aprobación en general del megaproyecto que está siendo tratado en la cámara baja. Aun así, en los últimos días emergió una leve autocrítica por la estrategia elegida para impulsar la batería de reformas, siendo la retirada del capítulo fiscal uno de los ejemplos paradigmáticos de esto.

Con la reforma fiscal en veremos y la suspensión del capítulo laboral del DNU, desde Casa Rosada perciben que la agenda de políticas que pensaban implementar en los primeros meses de gestión podría haber sido más efectiva.

El futuro judicial y legislativo del Decreto

En tanto, el DNU transita por dos caminos diferentes. Por un lado, la reforma judicial tuvo diversas presentaciones en la Justicia por parte de actores civiles, sociales, y gremiales; que consideraron que esta afecta "los derechos y garantías constitucionales" en materia laboral que rigen en el país. Entre los cuestionamientos está la presunta falta de justificación de la necesidad y urgencia de la reforma planteada en un decreto de ese tipo.

La Corte Suprema está llamada a estudiar la medida cautelar que suspendió los efectos del capítulo laboral dictada durante el pasado mes de diciembre. El incidente ya atravesó todas las instancias previas y la vía hacia el máximo tribunal fue habilitada.

Si bien la Procuración del Tesoro, el equipo de abogados del Estado, se encuentra presentando recursos por diversas judicializaciones que sufrió aquel Decreto, ya dan por hecho que la decisión sobre la reforma judicial está en mano de los cuatro ministros supremos, quienes no tienen un plazo máximo para decidir, y que no hay mayor capacidad de influencia.

Fuentes judiciales alegaron en diálogo con El Cronista que la Corte no tiene apuro para resolver esta cuestión y que ante la discusión política en diferentes frentes no se debe descartar a que primero haya una resolución movilizada por el propio Gobierno, tal y cómo podría ser la aprobación por la vía legislativa.

En tanto, el DNU 70/23 todavía debe ser dirimido en el Senado. Se trata de un freno específicamente planificado por la titular de la cámara alta, Victoria Villarruel, quien no respondió la semana pasada al pedido de sesión especial para el tratamiento del decreto que habían formulado cinco senadores de Unión por la Patria.

"Nadie está violando la Constitución, las leyes vigentes ni el Reglamento del Honorable Senado de la Nación. Sino que las cuestiones como la convocatoria del DNU se van a decidir con el acuerdo de todos los senadores", señaló, al tiempo que alentó a que la Cámara alta trate "todos los DNU vigentes que hasta el momento fueron impulsados por gran parte del kirchnerismo".

Los legisladores libertarios evaluaron que "urge la necesidad de dar tratamiento en dicha comisión a los más de 100 Decretos de Necesidad y Urgencia, vigentes, que aún no han recibido tratamiento alguno por parte del Congreso de la Nación". "En consecuencia, una vez que la Comisión Bicameral agote el tratamiento pendiente de dichos decretos, corresponderá pasar a analizar los dictados por la actual administración", indicaron.